“Para mis hijos educación, no endeudamiento”, la fotografía de un padre portando este cartel durante una manifestacioÌn en Chile lo dice todo. En el año 2005 se implantó un sistema de Créditos con Aval del Estado (mal conocido como CAE) donde se le dio entrada al sistema financiero, que ha sido a la larga un fraude para toda la sociedad y del que están a paso lento intentando corregir y dar marcha atrás doce años después.
Hace más de una década el diagnóstico del Gobierno Chileno era el siguiente: el Estado carecía de recursos para poder afrontar el acceso a la Universidad de todos aquellos jóvenes (la mayoría hijos de clases medias y trabajadoras) que aspiraban a ingresar en la educacioÌn superior. Decidieron entonces involucrar al sistema financiero en una operacioÌn que, con la excusa de colocar la economía al servicio de los ciudadanos, ha devenido en un sistema especulativo muy beneficioso para la banca y fuente de endeudamiento para las familias con menos recursos.
El procedimiento es el siguiente: el Estado avala tus estudios superiores pero es la banca la que te proporcionaba el crédito, pero obviamente los bancos no prestan sin obtener beneficios, por lo tanto, ¿quién acaba pagando el interés? El Estado, por lo que las familias quedan endeudadas al tener que pagar el préstamo y el erario público queda herido con un agujero en sus cuentas porque es el que finalmente acaba pagando los intereses al sistema financiero. Conclusión, una estructura perversa que endeuda al Estado y a las familias dándole beneficios perpetuos al régimen bancario.
Esto solo a nivel estructural, porque en grado colateral podemos señalar un efecto pernicioso dentro de esta lógica de mercado. A más acceso a estudios superiores, mayor aumento de las tasas universitarias. Además, el estudiante puede elegir dónde invertir en sus estudios por lo que la mayoría de ellos acaban seducidos por los cantos de sirenas del marketing de las universidades privadas cayendo en sus garras en detrimento de la Educación Pública.
A día de hoy y con datos entregados por la misma ministra de Educación Adriana Delpiano la Deuda estimada del Estado por el pago de los intereses de los créditos rondan los 8.260 millones de dólares, el 3,26% del PIB de Chile y 13,8 veces más que los recursos destinados a la gratuidad en la educacioÌn. Un dinero que podía estar destinado a becas acaba en los balances de beneficios de los grandes bancos y las universidades privadas, la mayoría de ellas de capital norteamericano. Todo un desastre.
Pero lo más triste de todo es que este sistema fue implementado por un Gobierno de centro izquierda liderado por Ricardo Lagos que otra presidenta socialista, Michelle Bachelet, está intentando desmontar. Anque reconocen, hasta las posturas de la oposición más a la izquierda, que es imposible que el Estado pueda condonar esa deuda por la imposibilidad de asumir los costos de este sistema tan siniestro que al final ha lastrado a las familias a un endeudamiento que en algunos casos supone el 70% de sus ingresos familiares.
En Latinoamérica se habla de deuda tercermundista cuando los ciudadanos tienen que adeudarse para sostener necesidades básicas como sanidad, educación o alimentación. No me gustaría por ello que España con un sistema de créditos para estudio pase a engrosar la lista de países con endeudamiento tercermundista, y menos con un gobierno socialista.