El lawfare o guerra judicial ha llegado a tener un papel determinante en la política española. El último capítulo ha intentado implicar al mismo presidente del Gobierno. Este mecanismo de noticias falsas y denuncias sin fundamento se ha convertido en la maquinaria predominante de la lucha contra toda política que se salga de los límites establecidos: el independentismo catalán, Podemos, los comunes, las alternativas progresistas en el País Valencià, etc. Es una máquina de antipolítica y de destrucción de la democracia. Su objetivo no solo es influir en la agenda política, social y urbana, sino destruir la carrera de aquellos y aquellas que se atreven a buscar alternativas al sistema dominante. En el Estado español se ha implantado este mecanismo, impulsado por los poderes económicos, los partidos de derecha extrema, una parte del poder judicial y una parte de los medios de comunicación. Un mecanismo ya inventado hace décadas por los servicios secretos de los Estados Unidos, para perseguir a sus disidentes y eliminar a los adversarios políticos, y para controlar los países latinoamericanos, con casos recientes y escandalosos como los ataques a Lula da Silva y Dilma Roussef en Brasil, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia y Bernardo Arévalo en Guatemala, décadas después de la guerra abierta en los años cincuenta de Estados Unidos contra el socialista guatemalteco Jacobo Árbenz.
La lista de personas dedicadas a la política que han sido atacadas y desprestigiadas con noticias falsas y guerra sucia, obligándoles a retirarse, es larguísima: Juan Carlos Monedero, Pablo Iglesias, Irene Montero, Alberto Rodríguez; además de casos de persecución que no han conseguido su objetivo, como los acosos a la jurista, profesora y política María Eugenia Rodríguez Palop o a la magistrada y política Victoria Rosell. Además de todo el extenso capítulo del poder judicial español encarnizándose durante los últimos años con los representantes y activistas del independentismo.
Hace un año publiqué el libro 'Lawfare urbano' (Icaria editorial, 2023) explicando el marco del lawfare y la ofensiva judicial contra la Barcelona de Ada Colau, que se ha convertido en un caso de estudio del abuso, con más de 20 querellas penales, planteadas por la extrema derecha y los poderes económicos, esencialmente del mundo inmobiliario, intentando detener las políticas de defensa de los inquilinos y las multas por acoso inmobiliario; y de Agbar, contra los procesos participativos y la reivindicación de la municipalización del agua. Todas las querellas eran contra las innovadoras políticas urbanas y de derechos en la Barcelona liderada por los comunes, acciones judiciales la mayoría de las cuales han sido archivadas.
Posiblemente el caso más dramático en el país ha sido el de Mónica Oltra. La extrema derecha consiguió hacerla retirar de la política, renunciando a su cargo de vicepresidenta de la Generalitat Valenciana el 21 de junio de 2022, por una denuncia que hace unas semanas (que rápida es la justicia de este país) se ha demostrado totalmente infundada. Pero no solo esto, la retirada forzada de Monica Oltra, la mejor dirigente política progresista valenciana, desmembró la estructura del Pacte del Botànic y ha desorientado a las izquierdas. Y, sobre todo, ha propiciado la victoria de la derecha y que en el ayuntamiento de Valencia y en la Generalitat Valenciana no sólo haya vuelto el régimen corrupto de la derecha especuladora y retrógrada, que reinó con el Partido Popular durante décadas hasta el cambio del 2015, sino que ha potenciado que entren en las instituciones la agenda, las propuestas y los conceptos tóxicos de Vox.
También el lawfare urbano en Barcelona, aunque no ha conseguido tener resultados esperados, ha supuesto un sobreesfuerzo para concejales, técnicos y servicios jurídicos del Ayuntamiento y ha conseguido poner en tela de juicio los ejes verdes. Y en las elecciones municipales de hace un año, fue uno de los factores de antipolítica que desgastó la confianza, autoridad y legitimidad de Ada Colau, haciéndole perder votos y potenciando que sacara rédito la reacción de la derecha nacionalista contra el urbanismo redistributivo y de los derechos.
Y tal como declaró entre lágrimas Mónica Oltra cuando tuvo que dimitir –“hoy han ganado los malos, pero hoy han ido por mí y mañana irán por cualquier político que no esté a favor de los poderes”– una predicción a lo Bertold Brecht que se ha cumplido: ahora han ido a por el PSOE en el gobierno. Sin embargo, los políticos socialistas nunca se solidarizaron con los represaliados previos. El caso de Mònica Oltra, con la pérdida de soporte del presidente Ximo Puig, vuelve a ser emblemático. Y no sólo esto, una de las denuncias en la Barcelona liderada por Ada Colau, precisamente una de las supuestamente promovida por Agbar, estuvo mediada por miembros del PSC, tal como averiguó la revista digital Crític.
La parte buena de que el vaso ya haya rebosado, al incluir dentro de él al máximo representante del PSOE, es que ahora el debate se está redirigiendo hacia como reforzar la democracia amenazada en España, por las fake news y el lawfare, sobre cómo regenerar la política y penalizar la antipolítica hasta que esta se diluya. Ante esto aparece una constelación de medidas de distinta escala y dimensión temporal.
Lo más urgente, rápido y prioritario es derogar la Ley Mordaza, nefasta herencia del gobierno del Partido Popular, denunciada por la misma Amnistía Internacional, al reducir los derechos de manifestación y expresión.
Y lo más estructural es transformar totalmente la composición del poder judicial en España, algo que sería de gran calado y a lo que se va a oponer sistemáticamente el Partido Popular. Lo que implica un cambio de larga duración en la formación y selección de los jueves, hasta hoy mismo según unos procesos elitistas y endogámicos, que jueces progresistas como Baltazar Garzón y José Antonio Martín Pallín han denunciado respectivamente en sus libros 'Los disfraces del fascismo' (2022) y 'La guerra de los jueces. El proceso judicial como arma política' (2022), y en sus artículos de opinión.
Hace falta valor para amonestar a aquellos jueces y juezas que den recorrido a denuncias penales que sea evidente que no tienen base jurídica. Se trata, como ha dicho Martín Pallín, de casos de despilfarro, casi de prevaricación, al haber dado curso a acciones temerarias.
Se han de tomar medidas ya contra el uso y abuso de la acción popular, en los casos que ésta esté a manipulada y tenga detrás intereses económicos, antidemocráticos y particulares.
Y se deben penalizar las fake news, como ya se empezó a hacer en el 2022 en casos que han de sentar jurisprudencia. Vigilar si las subvenciones a la prensa por parte de las administraciones van a medios que publican noticas falsas. Exigir a todos los medios que den tanta importancia a la noticia cuando se presenta y los afectados van a declarar, como cuando se declara que era una denuncia sin fundamento, actualización que casi nunca sale en los medios de información.
Y muchas otras medidas más que ahora se deben debatir y empezar a desarrollar y a aplicar.
Todo ello tiene la cara positiva de abrir hoy un debate vital para la salud de la democracia y para evitar su debilitamiento. Algo que exige la movilización ciudadana, la principal protagonista de la democracia: se debe reclamar una amplia apertura de debates, y presionar a los medios mainstream, los que tengan la voluntad de ser libres y honestos, y que no tenga intereses económicos detrás, para que los periodistas se responsabilicen de haber estado una parte de la prensa y de la televisión en connivencia con las difamaciones y para que, en reparación, actúen como portavoces de esta regeneración tan vital. Que todo esto no quede en una pirueta electoralista de Pedro Sánchez y sea, realmente, el inicio de una transformación hacia una democracia menos imperfecta, insuficiente y amenazada.