La investidura del próximo presidente del Gobierno puede ser un momento clave para resolver el conflicto catalán. Así lo hace pensar la posibilidad de que pueda haber un acuerdo sobre una ley de amnistía. La amnistía es un requisito básico para la resolución del conflicto porque implicaría una reconciliación de posiciones imprescindible para cerrar un paréntesis excepcional y anormal de nuestra vida política. La amnistía significa literalmente olvido y este olvido debería abarcar el intento de ruptura constitucional que significó el procés, por un lado, y la desproporcionada respuesta judicial que tuvieron aquellos hechos, por otro. La amnistía sólo se justifica aceptando la existencia de ambos factores.
Una ley de amnistía debe servir para reiniciar una normalidad (política, social y jurídica) que por desgracia lleva demasiado tiempo ausente. Además, es una opción que también es recomendable por el alto riesgo de que las condenas relacionadas con el procés sean puestas en entredicho por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Si esto ocurre, la imagen del Estado español quedará muy malparada ante la comunidad internacional.
Sin embargo, la amnistía no es suficiente para llegar a un acuerdo político. El procés es la prueba tangible de que en Cataluña existe una profunda crisis de consentimiento respecto del marco constitucional vigente. Una crisis que ha llevado a mucha gente a plantearse una solución de emancipación nacional, pues éste y no otro es el objetivo último del procés. La sociedad catalana ha cambiado profundamente en estos últimos años y uno de estos cambios es la convicción de un amplio substrato social de que sólo la independencia puede garantizar la continuidad y la pervivencia de la identidad nacional catalana. Es un planteamiento radical que se apoya en la idea de que los catalanes tienen el derecho a decidir libremente su futuro político y ejercer, si así lo quieren, el derecho a la autodeterminación. La independencia nacional es el reflejo directo de esta idea y no sirve de mucho oponerle objeciones políticas y jurídicas, porque existe un componente emocional muy fuerte que es difícil racionalizar, sobre todo cuando durante estos últimos años no se ha hecho prácticamente ningún esfuerzo desde el Estado para cambiar las cosas.
Se han dado los indultos y se ha reformado el Código Penal, cierto. Pero la Mesa de negociación no ha producido resultados significativos y esto indica que no hay ninguna propuesta ambiciosa sobre el autogobierno que pueda competir con la opción independentista. ¿Qué ha ofrecido el Estado después del fiasco del Estatuto en su paso por el Tribunal Constitucional? Realmente muy poca cosa y se ha perdido un tiempo precioso. Como es sabido, nuestro modelo constitucional de organización territorial es muy flexible y existen desde hace tiempo muchos trabajos académicos que demuestran su capacidad de desarrollo, también en la línea de reforzar la plurinacionalidad. Sin embargo, no se ha hecho ningún esfuerzo apreciable para seducir a los catalanes. Decididamente, la independencia se ha quedado sin competencia por falta de valentía y decisión para plantear alternativas imaginativas a partir de la plasticidad que ofrece la Constitución.
Por esta razón, la amnistía se queda corta como solución si no va acompañada de una decidida apuesta por el reconocimiento de la plurinacionalidad y una mejora sensible del autogobierno. Es una pena que no se haya venido trabajando en esta dirección porque no es fácil improvisarla en pocos días, que también son muy escasos para dar credibilidad a lo que pueda proponerse. Uno no puede evitar pensar que la política funciona con los faros cortos. Así las cosas, no se puede convencer a los partidos independentistas con la amnistía a secas. Sin una propuesta política ambiciosa, será difícil que Pedro Sánchez obtenga su apoyo para ser investido. En mi opinión, esta posibilidad sólo puede tener opciones si va acompañada de una propuesta ambiciosa que reconozca la realidad plurinacional de España, ofrezca a Cataluña una mejora sustantiva de su autogobierno y asuma la necesidad de que los catalanes sean consultados.
El panorama descrito está lleno de dificultades, como es fácil de entender. Sin embargo, a ello hay que añadir otro importante factor que con toda probabilidad va a jugar en contra del acuerdo político. Me refiero a la lucha por la primacía que existe dentro del independentismo y su capacidad para introducir elementos extraños en la toma de decisiones. Este es un problema relativamente fácil de constatar y otro ejemplo de política de faros cortos. Cuando en octubre de 2017 el presidente Puigdemont decidió convocar elecciones como alternativa a la declaración de independencia, cambió de opinión para no quedar como butifler (traidor) ante la campaña de presión ejercida singularmente por miembros de ERC. JxC y ERC compiten continuamente por la hegemonía en el independentismo y esto les lleva a adoptar con frecuencia posiciones radicales guiados por sus intereses electorales.
Existen motivos para pensar que la investidura va a estar muy condicionada por este aspecto doméstico, algo que quizá cueste de entender fuera de Cataluña. La sociedad catalana ya ha demostrado cuál es su grado de permeabilidad emocional en temas políticos. El radicalismo vende bien hoy en día frente a planteamientos más moderados. La competencia interna del independentismo puede volver a aflorar en este momento por la resolución aprobada en el Parlamento catalán la semana pasada sobre el derecho a la autodeterminación. En esta resolución, fruto de una transacción entre ERC y JxC, se vincula el apoyo a la investidura al reconocimiento del derecho de autodeterminación y la resolución dice textualmente que el mandato que salió del referéndum del 1 de octubre de 2017 sólo puede ser sustituido por un nuevo referéndum acordado con el Estado.
He defendido desde hace tiempo la necesidad de que los catalanes puedan expresarse sobre su futuro político y también las posibilidades que existen para construir un acuerdo político dentro del marco constitucional que haga posible esa consulta. Una consulta que permita conocer la voluntad de los catalanes sobre el desarrollo del autogobierno de acuerdo con el marco constitucional vigente o que pudiera servir, en su caso, para promover su reforma a partir del resultado de la consulta. Sin embargo, lo que no es posible, constitucionalmente hablando, es acordar un referéndum de autodeterminación como el que pide el independentismo.
La resolución aprobada por el Parlament compromete públicamente a ERC y JxC en un determinado sentido y complica las posibilidades de negociar la investidura. Puede suceder que lo que cuente al final no sea tanto aprovechar una excelente ocasión para encarrilar un conflicto, sino el más prosaico cálculo electoral a corto plazo. Quien conoce un poco la política catalana sabe de lo que estoy hablando.