El debate sobre el ritmo de crecimiento que debe seguir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) durante esta legislatura ya es una realidad. Su importancia es mayúscula, dado el actual contexto laboral.
El hecho de que la mayor parte del empleo que se está creando sea de muy bajos salarios implica evidentes problemas. En primer lugar, revela que el crecimiento económico no favorece por igual al conjunto de la ciudadanía. Una buena parte de la población trabajadora, como consecuencia de las últimas reformas laborales, se está quedando descolgada de este crecimiento.
Actualmente el 15% de los trabajadores son pobres –tener un trabajo ya no conlleva condición de ciudadanía plena–, 6,6 millones de ocupados tienen ingresos inferiores al SMI (en cómputo anual) y 4,5 millones de asalariados con contrato a tiempo completo se sitúan por debajo de los 1.000 euros netos al mes. Resulta por ello miope considerar que el mero crecimiento conseguirá, por sí sólo, sacar a millones de familias de la crisis. Son necesarias medidas de redistribución de la renta. Después de haber socializado durante la crisis las pérdidas del sector financiero, ha llegado la hora de repartir también los beneficios que el cambio de ciclo económico pueda deparar. De lo contrario, hablar de recuperación seguirá siendo una mera entelequia.
La generalización de condiciones laborales indignas conlleva además otros problemas macroeconómicos: insuficiencia de las cotizaciones sociales, con el consiguiente déficit estructural de la Seguridad Social, así como una escasez de demanda interna que determina la fragilidad de la inversión empresarial y del propio crecimiento.
Urge por todo ello establecer un suelo salarial digno de tal nombre. Este es precisamente el sentido de la Propuesta de Ley presentada recientemente por Unidos Podemos, y admitida a trámite por el Congreso de los Diputados: fijar un calendario de subida progresiva del SMI, a 800 euros en enero de 2018, y a 950 a comienzos de 2020 (en 14 mensualidades).
No han tardado sin embargo en aparecer voces criticando esta subida salarial –295 euros en tres años–, por considerarla excesiva. Dos son las críticas fundamentales: esta subida nos hará perder competitividad en relación a los países de nuestro entorno, y puede quebrar además la tendencia actual de crecimiento económico.
A tenor de los datos económicos, difícilmente se puede sostener que este aumento del SMI nos encamine por una senda salarial distinta a la de nuestros socios comunitarios. La Carta Social Europea establece que el SMI debe situarse, al menos, en el 60% del salario medio del país. En el gráfico 1 podemos observar cómo España, después de la República Checa y junto con Estonia, es el país más alejado de dicho umbral en la UE. Incrementar el SMI en España supondría precisamente converger con nuestro entorno en un indicador en el que aún mantenemos una distancia considerable.
Tradicionalmente los economistas liberales han insistido en señalar que las subidas del SMI desincentivan la creación de empleo y el crecimiento del PIB per capita. El gráfico 2 ilustra cómo tal relación no se contrasta en los países de la OCDE durante las últimas décadas. Salarios Mínimos más generosos, con relación al salario medio nacional, en ningún caso conllevan un menor crecimiento.
Fuente: elaboración propia. Datos OCDE.
Es más, durante los últimos años se está desarrollando en Europa y Estados Unidos un intenso debate académico en torno a la política salarial, señalando buena parte de la literatura especializada un camino bien distinto al del mainstream. ¿Están nuestras economías dirigidas por el crecimiento de los salarios (wage-led) o por el crecimiento de los beneficios (profit-led)? Buena parte de los estudios académicos realizados, siguiendo el modelo propuesto por los economistas Amit Bhaduri y Stephen Marglin, confirman que las principales economías de la Eurozona se comportan según el primero de esos patrones: aumentos del peso de los salarios en la renta nacional conllevan un incremento del consumo agregado y, con ello, de la inversión empresarial –como consecuencia del denominado efecto acelerador, según el cual las expectativas empresariales responden favorablemente a los aumentos de demanda esperada–.
Esto supone que las políticas de devaluación salarial no sólo resultan injustas, al trasladar el ajuste de la crisis sobre las espaldas de la mayoría social, sino que son además ineficientes. La devaluación interna, salvo en pequeñas economías muy volcadas sobre sus mercados externos, ha tenido un carácter contractivo en el curso de esta crisis. Por ello, debe abandonarse y sustituirse por una política salarial que impulse la demanda agregada y que revierta la fuerte caída que han experimentado los salarios en la renta nacional durante las últimas décadas.
Un incremento del SMI como el que se recoge en la propuesta de Unidos Podemos no sólo no pondría en riesgo el crecimiento y la creación de empleo, sino que contribuiría a reforzarlo, asegurando además un suelo salarial efectivo que impida la precariedad generalizada y la pobreza entre los trabajadores.
Parece seguro que el Gobierno del Partido Popular se opondrá a esta propuesta, aunque Rajoy tendrá necesariamente que acatar la decisión que salga del Congreso. El Gobierno no podrá vetar esta medida utilizando como excusa el impacto sobre los Presupuestos Generales, dado que no conllevaría incremento del gasto público.
Ciudadanos se pondrá de perfil y se abstendrá, empeñados como están en legislar un complemento salarial para los bajos salarios. Este complemento, sin embargo, tendría efectos muy distintos a una subida del SMI: supondría una subvención con fondos públicos a los empleos precarios (similar al modelo estadounidense de “empleo tipo McDonald’s”).
La aprobación de la propuesta de Unidos Podemos queda fundamentalmente en manos del PSOE. Existe una mayoría parlamentaria suficiente para ir más allá de la exigua subida del 8% del SMI pactada por PSOE y gobierno para 2017. Está por ver si en las filas socialistas existe o no la voluntad política de ir más allá.
Por ahora hemos comprobado cómo la subida del SMI ha servido de moneda de cambio para ayudar al Gobierno a fijar su techo de gasto, consolidándose con ello los recortes de ejercicios anteriores, que no van a revertirse. Si el acuerdo entre PSOE y Gobierno pretende además desactivar la propuesta de Unidos Podemos para hacer crecer el SMI hasta los 950 euros, entonces el engaño perpetrado contra la ciudadanía progresista será doble: a la consolidación de los recortes con el nuevo techo de gasto se sumará el mantenimiento de un SMI de miseria. La situación de nuestro mercado de trabajo exige estar a la altura de las circunstancias en este momento. En materia de política salarial, todos nos vamos a retratar en las próximas semanas.