Hay algo terrible en ese vídeo en el que, el entonces líder de las Nuevas Generaciones del Partido Popular, Pablo Casado, habla de la izquierda carca, de las batallas del abuelo y de “las fosas de no sé quién”. Si alguien se detiene a contemplar las imágenes podrá comprobar que sus frases más duras, contra las víctimas del franquismo, no son fruto de la improvisación. Unas fracciones de segundo antes de pronunciarlas sus ojos buscan argumentario en las hojas que ha colocado sobre el atril, así que las agresiones hacia quienes padecieron la dictadura están perfectamente premeditadas.
Aquel joven líder de las juventudes de la derecha española es hoy el máximo dirigente de una fuerza política fundada por un ministro de la dictadura, Manuel Fraga; una organización surgida de varias corrientes franquistas que se unificaron al grito de “¡Franco, Franco, Franco!”.
Durante muchos años de recuperada democracia, la derecha mayoritaria española no encontraba su encaje en un electorado que, de forma mayoritaria, había decidido distanciarse timoratamente del franquismo. Sacar a Fraga de la candidatura a la presidencia del Gobierno y renovar las siglas fue el principio de su estrategia para escenificar una lejanía con el régimen; un distanciamiento que nunca ha sido real. Su problema era carecer de una biografía de lucha por las libertades, algo que lastraba la carrera política de José María Aznar hasta que descubrió que el enfrentamiento con el terrorismo de ETA podía proporcionarle un sucedáneo de esa lucha y paliar las numerosas carencias biográficas de su pasado democrático.
Todas esas operaciones de marketing político envolvían las subvenciones a la Fundación Franco que concedió el Gobierno de mayoría absoluta de Aznar durante tres años; las declaraciones de Rafael Hernando asegurando que había víctimas del franquismo que sólo se acordaban de sus padres cuando había dinero (nada más fascista que quitar los atributos de la humanidad a personas de otras ideas); o consentir que alcaldes populares de algunas localidades (Baralla, Lugo, 2013) asegurasen que “los condenados a muerte por Franco se lo merecían”, sin que desde la calle Génova se le sancionase en modo alguno.
La llegada de Pedro Sánchez al Gobierno y su intención de corregir la ley de la memoria llevó a Pablo Casado a anunciar en septiembre de 2018 la presentación en el Congreso de los Diputados de una ley de la concordia. El recién elegido presidente del Partido Popular tenía pensado hacerlo a principios de diciembre de 2018 como forma de conmemorar los 40 años de la Constitución. Pero los resultados de las elecciones andaluzas, que sorprendentemente le dieron a su partido la posibilidad de gobernar, recolocaron sus prioridades y corrió a convertir la llegada del PP al gobierno andaluz en su primera victoria personal.
Ahora, cuando el texto del Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática llega al Congreso y se acerca un nuevo aniversario de la Constitución, Pablo Casado retoma su proyecto de ley de la concordia, basado en una falsa definición de esa palabra y en un inmenso bulo acerca de las reparaciones que el estado democrático ha dado a las víctimas del franquismo; o sea, una forma de decir “basta de memoria”.
Uno de los grandes argumentos de Casado es económico y también uno de los grandes bulos. Computa, por ejemplo, las pensiones que miles de viudas republicanas comenzaron a recibir en 1979, cuatro décadas después de haber enviudado, como reparaciones por haber padecido la represión, cuando se trata de derechos pasivos que no dependen de la causa de la muerte sino del deceso del cónyuge. Ninguna viuda de los miles de desaparecidos por la represión franquista ha percibido un sólo céntimo del Estado como reparación por haber padecido el crimen más terrible que se puede cometer contra un ser humano. Jamás diría Casado que una viuda por un acto terrorista estuviera reparada con el simple cobro de su pensión de viudedad, algo que muestra que su idea de la concordia es negar el pan y la sal a las familias que fueron arrasadas por la represión.
Pretende Pablo Casado llamar concordia en una tremenda falta de respeto a esa palabra, a un ejercicio carente de la más mínima compasión hacia quienes todavía buscan a sus seres queridos en las cunetas y lo hacen sin contar con un Estado que ni siquiera, en la nueva ley que prepara, pretende crear una institución que atienda directamente a las familias y prefiere subrogar esa responsabilidad en las asociaciones.
La concordia de Pablo Casado es sólo un intento por restaurar el relato idílico de la Transición y volver a decir a los electores que no estuvieron allí, que todo quedó reconciliado y bien reconciliado y que quienes están todo el día con la batalla del abuelo y las fosas de no sé quién sólo pretenden dividir a la sociedad y generar discordia.
Lo cierto es que la falta de humanidad y compasión de la derecha española es un síntoma de ignorancia de los derechos humanos, que es lo mismo que decir de falta de valores democráticos consistentes. Su firmeza en impedir que las familias de miles de desaparecidos por la represión franquista puedan darles una sepultura digna, forma parte de su compromiso con que permanezcan ocultos los crímenes de la dictadura y cerrar el recorrido político hacia el pasado en 1978, como si la derecha española hubiera nacido por generación espontánea con la aprobación de la Constitución y no tuviera un pasado fundado en el secuestro de las elecciones democráticas durante cuatro décadas, la ejecución de miles de asesinatos, la persecución de opositores políticos y morales y un inmenso saqueo económico que sigue estructurando nuestra sociedad en el presente.
Más allá de que el Partido Popular pretenda sobreactuar frente a la reforma de la Ley de la Memoria que prepara el Gobierno, que no lleva en su texto ninguna amenaza para el estatus de las élites con descendencia directa del franquismo, su uso de la palabra concordia esconde más de lo mismo: más impunidad para el franquismo, volvieron a clausurar el pasado como algo ya resuelto; más fabricación de ignorancia en los centros de enseñanza, con respecto al pasado de la dictadura; más familias de desaparecidos viviendo el drama de morir sin haber podido dar una sepultura digna a un ser querido; más mentiras económicas acusando a los “rojos” de haber recibido sobrados recursos del Estado; más invisibilidad de la jerarquía de la iglesia católica, que también tiene responsabilidad sobre la represión; mas discriminación entre víctimas de crímenes violentos, dejando a las del terrorismo en un vagón de primera y a las del franquismo en uno de tercera; más relato de la transición como punto de llegada y no como punto de partida.
La concordia es el Estado que se alcanza entre partes que litigan, se reconocen y acuerdan. En una democracia los términos de esa conformidad deben partir del rechazo a la dictadura, de la condena del franquismo y del respeto y la reparación a sus víctimas. Pero lo que el Partido Popular llama concordia es negar que sea necesario ser antifranquista si se es demócrata; negar que existen miles de víctimas de la represión sin reparar y querer envolver algo que en otros países es un delito, el negacionismo con una palabra que etimológicamente significa junto al corazón, asociándola a una ley que está muy lejos de él.