Por asombroso que resulte, medio siglo después del Informe del Club de Roma la presencia de contenidos curriculares relacionados con la crisis ecológica sigue siendo marginal en la educación superior española, tanto en la universitaria como en la formación profesional. Se han desarrollado, es cierto, carreras específicas vinculadas con el medioambientalismo y en algunos grados universitarios existen asignaturas, casi siempre optativas, que ofrecen algún tipo de especialización medioambiental gracias al compromiso personal de un puñado de docentes. En otros casos, distintas instituciones universitarias han hecho esfuerzos meritorios por promover valores medioambientalistas transversales. Pero la realidad es que, a día de hoy, lo más habitual sea que un estudiante de, por ejemplo, ingeniería de caminos, derecho, psicología, periodismo o economía se gradúe sin haber recibido la más mínima formación reglada en materia medioambiental.
La transición ecológica es un desafío llamado a vertebrar los esfuerzos colectivos y marcar las decisiones estratégicas de todas las sociedades del planeta durante las próximas tres décadas. Así ha sido reconocido por todas las instancias de gobernanza en todos los niveles, desde el internacional (Agenda 2030, Acuerdo de París) hasta el europeo (Pacto Verde Europeo), pasando por el nacional en sus tres escalas administrativas (Ley de Cambio Climático y Transición Energética, hoja de ruta España 2050, declaraciones de emergencia climática autonómicas y municipales). El Pacto Verde Europeo, por ejemplo, define el cambio climático y la degradación ambiental “como una amenaza existencial a la que se enfrentan Europa y el resto del mundo”. Y en pos de superar este reto histórico, establece toda una serie de lineamientos y directrices que van a determinar las políticas públicas de todos los estados miembros de la Unión Europea de aquí a 2050. Su objetivo es descarbonizar nuestra economía, cerrar los ciclos de materiales, disociar prosperidad de uso de recursos e impactos ambientales negativos y asegurar que el proceso se despliegue con justicia social, repartiendo equitativamente los esfuerzos que exige y sin dejar fuera de sus beneficios a colectivos o territorios vulnerables.
En la Universidad del siglo XXI formarse con competencias básicas relacionadas con la transición ecológica no puede ser ya un asunto exclusivo de científicos ambientales
Las transformaciones estructurales que debe impulsar la transición ecológica abarcan un conjunto muy amplio y complejo de tareas, que nos interpelan más allá del cambio tecnológico. Plantea retos profundamente transversales. Algunos de los rasgos de insostenibilidad que nos hemos propuesto oficialmente superar en el corto y medio plazo son profundamente determinantes en la conformación material de nuestras sociedades: los usos fósiles de la energía, la morfología lineal de la producción, la deslocalización económica… Por ello su reforma en un sentido ecológico tendrá un importante efecto arrastre en todas las dimensiones de la vida social. Del mismo modo, y tal como señala la mejor ciencia disponible, estamos situados en un punto crítico en el que las consecuencias negativas de la inacción ecológica desbordan ya los parámetros de lo que hasta ahora habíamos conceptualizado como daño ambiental. Un fracaso en materia de transición ecológica comprometería seriamente la viabilidad futura de las sociedades modernas.
Por eso, en la Universidad del siglo XXI formarse con competencias básicas relacionadas con la transición ecológica no puede ser ya un asunto exclusivo de científicos ambientales o una opción de una minoría de estudiantes sensibilizados acerca de la crisis ecosocial. Por continuar con los ejemplos precedentes, necesitamos titulaciones de ingeniería cuyos egresados diseñen las infraestructuras y tecnologías teniendo en cuenta los impactos potenciales del cambio climático y las necesidades de adaptación que este nos impone. Necesitamos grados y masters en Derecho, Economía o Administración de Empresas que preparen a las alumnas y los alumnos para funcionar en un contexto institucional disruptivo, que será sacudido por fuertes cambios normativos y nuevas tendencias impuestas por las políticas de transición ecológica. Necesitamos ciencias sociales capaces de introducir el factor ecológico como elemento indispensable para comprender la nueva complejidad de la dinámica social en curso. Más en general, necesitamos una ciudadanía ecológicamente instruida para tomar partido en los grandes debates que marcarán la transición ecológica, para así asegurar la compatibilidad de esta con los principios fundamentales de la deliberación democrática.
La urgencia de la introducción de contenidos medioambientales en los estudios superiores se enfrenta a un obstáculo evidente: los mecanismos universitarios de cambio curricular son lentos
Este tipo de tareas nunca han sido ajenas a la institución universitaria. Todo lo contrario, el desarrollo de la universidad ilustrada siempre ha estado vinculado a una doble misión: la investigación científica independiente pero también la formación de una ciudadanía capaz de participar en los cambios asociados al proceso de modernización, ya fuera la creación de una burocracia estatal eficaz o la formación de los técnicos cualificados que requería la innovación industrial. En ese sentido, la introducción de contenidos curriculares relacionados con la crisis ecológica en los estudios universitarios forma parte de la comprensión de la educación superior como una pieza clave de nuestras sociedades complejas y democráticas. Más aún, existe ya un amplio abanico de investigaciones rigurosas en torno a las distintas posibilidades de transformación ecosocial de la universidad, que va más allá de los planes de estudio.
La urgencia de la introducción de contenidos medioambientales en los estudios superiores se enfrenta a un obstáculo evidente: los mecanismos universitarios de cambio curricular son lentos y complejos y no están preparados para afrontar transformaciones rápidas y coordinadas. Tal vez cabría proponerse un objetivo a corto plazo limitado, consensual y potencialmente rápido de implementar: la inclusión en el mayor número posible de estudios oficiales de la universidad española de una asignatura no opcional de introducción a la crisis medioambiental. Una asignatura –o una familia de asignaturas– basada en consensos ampliamente aceptados por la comunidad científica que proporcione a los estudiantes conocimiento fiable sobre el cambio climático, el agotamiento de energías fósiles y materiales necesarios para la vida y la pérdida de biodiversidad, así como de las dinámicas sociales implicadas en esos procesos. Una asignatura introductoria adaptada a distintas áreas de conocimiento que, por tanto, pueda ser impartida por docentes de un amplio abanico de departamentos universitarios.
A lo largo de este año los países firmantes del Acuerdo de París deberán entregar planes con compromisos más ambiciosos para reducir sus emisiones en 2030
Se trata de un objetivo relativamente modesto y bien definido que podría ser apoyado e impulsado desde distintas instancias. Comunidades autónomas, ministerios, agencias de acreditación, rectorados, decanatos, departamentos, grupos de investigación, colegios profesionales podrían proponer iniciativas que avancen en esa dirección –asignaturas transversales, proyectos de innovación docente, programas de formación del profesorado, becas de formación …– que, como mínimo, contribuirían a la normalización del medioambientalismo en diversas áreas universitarias. Por supuesto, la inclusión en los planes de estudio de una asignatura obligatoria y generalista como la que proponemos no debería ser entendida como una alternativa a otras materias más avanzadas que profundicen de forma especializada en los distintos aspectos de la transición ecosocial. Por el contrario, pensamos que podría darse una retroalimentación positiva, pues se incrementaría el interés de los estudiantes en esta área desde los primeros cursos.
La COP26 celebrada en Glasgow el pasado mes de noviembre instaba a la comunidad internacional a revisar sin dilaciones sus objetivos oficiales de descarbonización. A lo largo de este año los países firmantes del Acuerdo de París deberán entregar planes con compromisos más ambiciosos para reducir sus emisiones en 2030. No es tiempo de demoras. Tampoco en lo que concierne a la preparación de la educación superior ante los desafíos de la transición ecológica. En estas situaciones de urgencia, el maximalismo abstracto suele ser de poca ayuda. Requerimos acciones específicas, pragmáticas, factibles y que logren suscitar un amplio consenso social. La introducción en los próximos años de una asignatura medioambiental obligatoria en el currículum universitario español, basada en la mejor evidencia científica disponible, creemos que podría ser una propuesta que avanza en la dirección correcta. Y que además está situada en el punto óptimo entre lo ecológicamente necesario y lo socialmente posible.