Actualmente, el 90% del comercio internacional se realiza por vía marítima. El carácter estratégico de los puertos explica la importancia de la eficiencia de la comunidad portuaria (trabajadores, empresas, instituciones). Pese a los avances técnicos y organizativos, la correcta manipulación de las mercancías requiere una mano de obra altamente especializada.
Hace medio siglo, la situación era muy diferente. La estiba se realizaba esencialmente mediante la fuerza física y una tímida presencia de maquinaria pesada. Tal era el desgaste físico, que en 1969 se aprobó en España su jubilación a los cincuenta y cinco años, después de treinta años de experiencia a pie de muelle. La precariedad laboral y la irregularidad en la obtención de jornales ha sido una característica histórica del sector, dependiente de los ritmos de tráfico marítimo. Sin embargo, esta situación era mucho mejor que la que existía antes de 1948, cuando se creó la Organización de Trabajos Portuarios (OTP).
A nivel de imaginario colectivo, la imagen de los estibadores se asociaba a los “bajos fondos”: marginalidad social, alcoholismo y violencia. En 1927, el periodista francés, Albert Londres escribía propósito de los estibadores marselleses:
El autor describía la dureza de sus condiciones de vida y su situación como sujetos desclasados. Hijos desheredados de la revolución industrial, considerados los últimos en la escala social. Sin requisitos más allá del físico y la disciplina, el volumen de proletarios generaba disputas entre los trabajadores para ser escogidos por las empresas y obtener un jornal.
Desde los años 1920, la mejor organización sindical condujo a mejoras relevantes como las obtenidas durante la Segunda República, con la constitución de Jurados Mixtos que equilibraban las relaciones laborales. En esa coyuntura se creó en Hamburgo el primer sindicato internacional de estibadores (1932), con la presencia de representantes españoles. Las mejoras laborales se consiguieron a través de acciones colectivas como huelgas o boicots, duramente reprimidas por la policía. Las reclamaciones se referían a los salarios y la irregularidad en la contratación. No obstante, a partir del Golpe de Estado de 1936, los avances sindicales fueron totalmente devastados.
Tras la Segunda Guerra Mundial, se creó la OTP, estableciendo una normativa básica para la gestión de la mano de obra portuaria. Este tipo de instituciones fordistas fueron comunes en esa época, con un doble objetivo: mejorar los servicios portuarios a través de la paz social garantizada por los derechos laborales. Así, siguiendo el modelo francés de 1947, se instauró un censo oficial de estibadores en los puertos españoles que componían la oferta de mano de obra disponible. Los trabajadores recibían su salario de estas empresas, pero dependían finalmente de la OTP. Siguiendo la tradición, los trabajadores eran contratados por manos, equipos de entre seis y nueve miembros, atendiendo a las habilidades complementarias de cada estibador, pero también a sus afinidades personales. El aprendizaje era progresivo, hasta alcanzar una especialización relevante. Para conseguir un reparto equilibrado de la carga de trabajo se instauraron turnos rotatorios, de ocho y seis horas posteriormente.
La OTP regulaba el acceso a la profesión y al censo de estibadores estables y ocasionales. La mayor parte se situaba en la segunda categoría, realizando las operativas más penosas (carbón, cemento…). Muchos de estos trabajadores tenían lazos de parentesco con los estibadores estables, y aspiraban a incorporarse a esa categoría que suponía una mayor regularidad de jornales. Integrado en el sindicato vertical, la admisión se realizaba por un cierto consenso entre las instituciones, empresarios y representantes de los estibadores, quiénes podían proponer a nuevos miembros. Entre otros derechos alcanzados en este periodo (también en Francia), se reconoció el cobro de jornales de garantía para los días sin actividad en el puerto.
Sin embargo, la extensión de la mecanización y la llegada del contenedor en los años setenta, implicó profundos cambios en el sector. La demanda de mano de obra cayó bruscamente frente a la mayor utilización de capital. En abril de 1975, España firmaba el Convenio 137 (ratificado actualmente por un total de veinticinco países, mayoritariamente europeos) de la OIT en el que se reconocía la especificidad del trabajo portuario, así como una normativa básica que debía respetarse por parte de las instituciones. Sin embargo, fueron años de movilizaciones masivas por parte de los estibadores, ante la posibilidad real de supresión masiva de puestos de trabajo frente a los cambios jurídicos y tecnológicos. La conflictividad laboral y sindical se multiplicó, fruto del choque violento de intereses.
Un hecho importante fue la creación de un sindicato nacional de obreros portuarios en 1978 (Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar). Este sindicato se alejó progresivamente de las centrales sindicales, a las que se identificaba con los postulados del PSOE en materia reformista. Convertida en el principal interlocutor en la negociación colectiva a nivel nacional, la Coordinadora garantizaba el éxito de las acciones reivindicativas. Con altísimos índices de sindicalización, la Coordinadora ha jugado un papel determinante en la negociación colectiva, especialmente en lo relativo a la liberalización del sector tras la entrada española en la CEE.
En 1986, de forma dramática se suprimía la OTP y se creaban las Sociedades Mixtas de Estiba y Desestiba que introdujeron una mayor flexibilidad en la contratación de operarios auxiliares. No obstante, la figura del censo se mantuvo prácticamente inalterada. A partir de 1988 se entró en una nueva fase de paz social, fruto de la firma del primer Convenio Marco. Se consolidaron los censos a la baja, fomentando las prejubilaciones y la entrada de nuevos estibadores. En 2011, con la creación de la SAGEP se modificaron de nuevo las condiciones de acceso al censo, estableciendo criterios de concurrencia pública que debían poner límites a la discrecionalidad tradicional.
La mayor parte de la conflictividad en el sector se deriva del marco jurídico europeo. La huelga de Liverpool (1996-2000) alteró la estrategia sindical, que se orientó hacia la coordinación internacional. En el 2000 se creó el International Dockers Council (IDC) que representó una acción sindical globalizada y de alcance mundial.
En este contexto, la Corte Europea ha denunciado el incumplimiento por parte de España del artículo 49 del TFUE, referido al libre movimiento y establecimiento de empresas y particulares en territorio comunitario. Se ha sentenciado frente a la obligación de las empresas consignatarias a formar parte del accionariado de las SAGEP y la selección prioritaria de estibadores del censo. Según los sindicatos, la normativa europea implicaría importantes pérdidas salariales y una “desprofesionalización” del sector.
Existe una problemática compleja y de largo recorrido que merece ser analizada desde un enfoque histórico: los estibadores defienden un modelo laboral fordista heredado de la posguerra, en una Unión Europea que se mueve en una dirección opuesta. La patronal española (ANESCO) y los operadores logísticos defienden la liberalización del sector, con el argumento de incrementar la competitividad de los puertos. El debate regulación vs liberalización se desarrolla en todos los sectores productivos, pero ahora el foco se ha centrado en un sector clave para la economía, donde el factor humano desempeña un papel esencial.