Hoy, en este preciso momento, nos sentimos profundamente preocupados por el terrorismo yihadista. De hecho, raro es el día en el que no tenemos noticia de un nuevo ataque de esta naturaleza en diferentes lugares del mundo. Mientras escribía estas líneas, acababa de acontecer el último atentado en Jalalabad (Afganistán): Dos terroristas suicidas atacaron un edificio oficial con un coche-bomba y otros seis atacantes dispararon asesinando a 10 personas y dejando un saldo de 42 heridos. Un día antes, trece personas murieron en Surabaya (Indonesia) en tres ataques suicidas contra templos cristianos. Los causantes habrían sido una familia indonesia retornada de Siria, que contaba entre sus miembros con dos niñas de 12 y 9 años y dos chicos de 16 y 18. Ese mismo día, en París, un joven francés de origen checheno y al grito de “Ala es grande”, se lanzó armado con un cuchillo contra todo aquel que se cruzaba en su camino. Asesinó a una persona e hirió a otras cuatro.
Tales hechos ya han sucedido y por tanto nada podemos hacer para remediarlos, más allá de brindar nuestro apoyo solidario a quienes han sufrido esa pérdida. Pero precisamente para honrar a estas y a las miles de víctimas ya producidas y prevenir que el goteo de muertes siga destruyendo familias y pueblos, debemos actuar adelantándonos a los acontecimientos. Investigar lo ocurrido, cuando de delitos de terrorismo se trata, no es solo una obligación legal de la justicia para determinar la trascendencia jurídico penal de los mismos y la participación en ello con el fin de sancionarlos judicialmente. Es también ineludible enfocar lo acontecido con una perspectiva de futuro, abriendo el prisma y aprendiendo de lo ocurrido para, con ello, poder descifrar las situaciones similares que se estén urdiendo, prevenirlas y evitarlas.
Quienes desarrollamos nuestro trabajo en el campo de la justicia y en el de la seguridad, y muy especialmente en el de la investigación del fenómeno terrorista yihadista, tenemos la responsabilidad de realizar ese ejercicio proactivo que quizás no se exija en otros campos, pero que en este resulta vital e ineludible. La pasividad aquí no es una opción, porque si no se interviene, otros, los terroristas, lo harán con consecuencias desastrosas para el propio sistema democrático y para toda la sociedad. Nuestra obligación pasa por tener la máxima y mejor preparación, una continua capacitación, preguntar hasta ser impertinentes y molestos, exponer las inquietudes y las críticas a todos los niveles, exigir verdadera especialización, medios suficientes y dedicación intensiva con el fin de obtener resultados que nos permitan proteger mejor y más eficientemente a la ciudadanía.
En definitiva, se trata de entender el fenómeno y a sus actores. Nosotros debemos de saber más de aquellos que nos agreden tan insistente como letalmente. Los ciudadanos necesitan una paz garantizada por unas instituciones preparadas y sensibles a estos problemas pues de otro modo no tendrán forma de afrontar tales situaciones con la necesaria fortaleza. Esa posible vulnerabilidad es la que nos conmina a no aplazar más las medidas y las iniciativas que entiendo imprescindibles para recuperar el tiempo y el espacio perdidos o, al menos, dejados de ganar.
Para ser eficaces en este reto inmenso de adentrarnos en las mentes de los terroristas hasta que sientan nuestro aliento en su nuca, es incuestionable que precisamos de una estrategia integral que no existe, al menos en el ámbito judicial. En esta estrategia, la coordinación y cooperación de los diferentes actores basadas en los principios de la solidaridad y la confianza, resultan fundamentales y es preciso que se diseñe milimétricamente desde la investigación y el análisis, para confrontar la táctica que sin duda tienen las estructuras terroristas. Debe hacerse además desde todos y cada uno de los espacios a los que la confrontación se extiende. Solo así la maquinaria funcionará como un perfecto engranaje en el que cada pieza avance a partir del movimiento de las demás y el resultado sea el esperado: dotar de unos estándares de seguridad superiores, sin renunciar ni un ápice a las conquistas de derechos obtenidas por el esfuerzo de las instituciones y de la sociedad en general en el combate frente al terrorismo. Es imprescindible pues, que sepamos comunicar lo que se necesita y aquello que nuestro trabajo requiere para ser eficaz.
Son muchos los organismos nacionales e internacionales que se ocupan del fenómeno terrorista en sus múltiples aspectos. En ese marco, en la reciente visita a España de la Comisión antiterrorista del Parlamento Europeo creada a finales de 2017 con el objetivo de analizar los avances en tal materia en la Unión Europea y mejorar la coordinación entre autoridades y países miembros, pude exponer nuestro sistema de trabajo, nuestros éxitos y nuestras carencias, desarrollando el concepto de inteligencia judicial que nos permite interrelacionar hechos y personas, establecer perfiles y patrones de conducta, determinar circunstancias que influyen en la actividad terrorista.
La necesidad y oportunidad de mantener este tipo de contactos transversales en los que se ponen en común no solo los conocimientos de los expertos sino también la experiencia de quienes tienen la obligación de elaborar las normas, es sumamente conveniente y oportuna, pero debe extenderse más. En estructuras como las del pacto antiterrorista no solo debería haber voces de partidos políticos sino también de fiscales, jueces, cuerpos y fuerzas de seguridad y de expertos además de la voz de las propias víctimas y de los organismos de Derechos Humanos. Ello ofrecería un crisol de perspectivas diferentes a las estrictamente legalista que acercaría más los resultados de los debates a las necesidades reales de todos. Es decir, esta acción integral debe aplicarse a todos los ámbitos ya que, además de ser un fenómeno que muta a cada instante, produce efectos lesivos para la colectividad. La capacidad de análisis y las respuestas deben ser certeras e inmediatas.
España, ha triunfado sobre todas y cada una de las organizaciones terroristas que han existido en su territorio (Exercito Guerrilheiro do Povo Galego Ceive, GRAPO, Terra Lliure, ETA...) y ha mantenido una acción proactiva contra el yihadismo, siendo uno de los países más idóneos para liderar iniciativas como la de crear y desarrollar un Observatorio sobre Terrorismo, que se nutra no solo de información y su distribución, si no que sea realmente un organismo operativo, punto de referencia obligado y que incluya en su actuar el estudio y comprensión desde la raíz hasta la última rama del árbol de las diferentes actividades terroristas tales como la integración, el adoctrinamiento, la captación y la financiación.
Sin olvidar aspectos fundamentales que hasta ahora no se han tenido en cuenta y que son tan importantes como las acciones operativas a medio y largo plazo, como la educación, la desradicalización, el acotamiento del fenómeno terrorista, la preparación, la especialización con una visión proactiva del problema y su erradicación.
La puesta en funcionamiento de esta iniciativa comportaría necesariamente incluir los mecanismos suficientes para garantizar la reserva completa de los datos y de las investigaciones judiciales, así como los precisos para la protección y seguridad de una ciudadanía que necesita confiar en la actuación solvente de sus instituciones.
Es cierto que, militar y territorialmente se ha triunfado, o se está a punto de hacerlo, sobre la organización terrorista del Estado Islámico, pero no lo es menos que antes o después o en cualquier momento puede resurgir con la misma o diferente forma en otro punto del globo con acciones sistemáticas o puntuales según convenga a sus propios intereses y con igual fuerza letal. Precisamente por ello y para no perder lo que ya hemos conseguido con el dolor producido por las experiencias terroristas previas y que han supuesto cientos de víctimas, debemos avanzar en la línea sugerida con máxima responsabilidad y como si la acción temida fuera inminente. La protección democrática de los ciudadanos nunca puede estar estancada porque las organizaciones terroristas no descansan. Ahora más que nunca se impone la acción inteligente y coordinada.
Desde luego es preciso reformar leyes que han quedado obsoletas, como la de protección de testigos que en su origen se pensó para abordar el narcotráfico de principios de los noventa pero que hoy se muestran insuficientes ante la envergadura del desafío al que constantemente nos somete el terrorismo yihadista.
Hay que poner en común todo lo que hemos aprendido. No puede perderse en las umbrías de los archivos o en los agujeros negros de la época digital.
No se trata de tener todos los datos sino de tratarlos inteligente y humanísticamente y diseñar campos de acción y educación amplios… Campos de comprensión global del fenómeno que converjan en un espacio de verdadera seguridad democrática; de justicia completa y no exclusivamente penal con la recuperación de instrumentos como la jurisdicción universal que tan útiles y necesarios se mostraron antaño.
En definitiva, conseguir a través de la implementación y desarrollo de esta estrategia integral frente al yihadismo, cambiar las mentes y actitudes frente a uno de los fenómenos que más nos preocupa y nos inquieta hoy.