Durante el último siglo y medio, la seguridad laboral no ha formado parte del acervo de la monarquía española. El lunes, cuando el Rey Emérito, Juan Carlos anunció que hacía las maletas y partía hacia alguna forma de exilio, estaba sumándose a una tradición familiar.
Nadie más consciente de la realidad que el propio Juan Carlos, de 82 años, nacido él mismo en el exilio y de escasos recursos económicos para los estándares de la realeza después de que su abuelo Alfonso XIII abandonase el país debido a una revuelta popular en 1931 [tras unas elecciones municipales].
Fue necesario el General Francisco Franco, que llegó al poder con la ayuda de Hitler y Mussolini después de convertir un golpe de estado fallido en la guerra civil de 1936, para la restauración monárquica. Pero eso sólo llegó a suceder después de que un Franco vengativo ejerciera como gobernante absoluto al tiempo que terminaba con los demócratas y hacía uso generoso de la sentencia de muerte durante casi cuatro décadas.
Para asegurar la restauración, Juan Carlos tuvo primero que aguantar a Franco, aceptar que había que saltarse al heredero legítimo a la corona (su propio padre, Don Juan) y esperar pacientemente la muerte del dictador. Cuando eso sucedió, en 1975, Juan Carlos recibió los poderes de un dictador y rechazó criticar a quien había sido su predecesor como Jefe del Estado.
Lo relevante es que renunció a esos poderes y dirigió a España hacia la democracia. Eso le garantizó un lugar en los libros de historia para siempre. La Constitución de 1978 sigue en vigor y España ha prosperado como nunca antes.
Su salida al exilio sucede mientras se investiga un supuesto esquema de comisiones y fraude en torno a un pago de 100 millones de dólares recibidos del Rey de Arabia Saudí al tiempo que pone de relieve algunas debilidades de origen del proceso de transición a la democracia. Dada la fragilidad de la monarquía y asumiendo el miedo a otro golpe de estado militar (que demostró ser cierto cuando el Teniente Coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero asaltó el Congreso en 1981) se canalizaron ingentes esfuerzos por proteger al Rey del escándalo, la pérdida de popularidad o cualquier investigación.
Desafortunadamente, esa energía no siempre nació de él. Aceptó de buena gana una popularidad genuina mientras vivía una existencia de lujo con numerosas amantes que generaba preguntas recurrentes sobre el origen del dinero con el que pagaba el estilo de vida de la familia real. No concordaban con su aparente falta de activos y el hecho de que las tierras, palacios y colecciones de la familia son, en realidad, propiedad del estado. Pero la prensa no incidió. Participó de un pacto no escrito que dejó al Rey en paz.
Teniendo en cuenta que el Rey de España es inviolable ante la acusación penal, no cabía cuestión alguna sobre una supuestas vulneraciones de la ley y teniendo en cuenta que no fue sometido a escrutinio, no sorprende que él no se percatara de que si alguna vez los españoles llegaban a conocer algunas de sus actividades, muchos las desaprobarían.
Poco a poco comenzó a no importarle. La primera pifia fue su evacuación de regreso a España debido a un accidente durante un viaje secreto (y caro) para cazar elefantes en Botsuana en 2012 mientras el país peleaba por sobrevivir a la crisis financiera. De algún modo, eso impulsó su abdicación en 2014. La segunda, que aparecieron en Suiza grandes sumas de dinero recibido como regalo de Arabia Saudí y otros pagadores. Algunas de esas cuentas acabaron cerradas por los propios bancos. Esto es lo que ahora lo ha llevado al exilio.
Lo que resulta más preocupante que los supuestos pecados privados de un monarca, que están por demostrarse ante los tribunales, es hasta donde ha llegado la clase dominante en España para protegerle. Es posible que algunos de sus más fervientes amigos y asesores se acercaran a él debido a la opacidad de sus cuentas. Otros, aparentemente, creen que proteger al individuo significa proteger a la monarquía; Y ha sucedido justo lo contrario.
Quizás esos antiguos amigos y colaboradores, los que con tanta facilidad atacaban a quienes acusaran de algo al entonces Rey sólo estaban protegiéndose a sí mismos. En cualquier caso, ahora se deshacen de él para proteger a su hijo, el Rey actual, Felipe VI.
El Centro de Investigaciones Sociológicas, una institución pública que realiza estudios de opinión, dejó de preguntar por la popularidad del monarca hace cinco años, cuando comenzó a caer a cifras negativas. Ahora esas preguntas las hacen la prensa y la encuestadora del gobierno regional catalán, dirigido por los separatistas. Los números siguen mostrando, en general, desaprobación.
Si hay algo que los españoles se merecen es transparencia. Su Constitución permite que se deshagan de la monarquía en el poco probable supuesto de una mayoría relevante así lo desee.
Pero por ahora no pueden. No al menos mientras el poder establecido siga creyendo que las debilidades de la monarquía deben seguir ocultas en lugar de expuestas ante la opinión pública de modo que puedan seguir trabajándolas, mejorándolas cuando sea posible.
Ahora, al menos, los tribunales de otros países ya pueden hacer su trabajo. Las cuentas de Juan Carlos ya se investigan tanto en España como en Suiza. El exilio no detendrá esos procesos.