La feminización de los cuidados, de algunos sectores laborales y de la pobreza son indicadores de que aunque se ha avanzado mucho en la lucha por la participación de la mujer en pie de igualdad con el hombre en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona, aún quedan reminiscencias del sistema patriarcal que tenemos interiorizado.
Una de las lacras más evidentes para las mujeres en España es la violencia machista. El Informe del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 2015 Sexto informe periódico de España 20/07/15 no sólo ha valorado que se vulneran los derechos humanos en España por ese tema, sino que existe otra lacra que es la desigualdad de género en los puestos de decisión y en los salarios. La brecha salarial entre hombres y mujeres en España que es de un 24%, la más alta de los últimos años, según el último Informe del día por la igualdad salarial de UGT. Además, esa brecha se perpetua y acrecienta a medida que se analizan tramos de mayor edad, por lo que se da una doble discriminación en el ámbito laboral a las mujeres mayores.
Si nos ponemos las gafas moradas para poder ver la realidad con perspectiva de género y analizamos el sector de los servicios sociales en España, podemos observar como existe una doble vertiente de la mujer en la que está sobrerrepresentada como trabajadora y como usuaria del sistema.
En mi opinión existe una situación de desventaja aún más profunda para el sector de servicios sociales ya que mantiene una doble condición de discriminación desde lo laboral y lo social. Esta situación se puede reducir a la frase de que en el sistema de servicios sociales somos “Mujeres trabajando con mujeres en situación de vulnerabilidad” y eso ha influido de manera negativa en la historia de evolución del propio sistema.
Según ese último informe de UGT, todos los sectores que están más afectados en la actualidad por la brecha salarial entre hombres y mujeres son los sectores feminizados y con salarios más bajos. Además, los datos que arrojan el estudio sobre el Impacto de la crisis en la destrucción de empleo sector de servicios sociales de CCOO (2011- 2013), aseguran que el sector está feminizado y la destrucción de empleo se ha dado en un 11,7% una tasa mucho más elevada que en otros sectores, superándolos en 6,5 puntos porcentuales a la media total. Se han destruido 56.700. Así se puede decir que el 85% del empleo destruido estaba ocupado por mujeres y que las que quedan en activo tienen una tasa de precariedad, temporalidad y parcialidad superior a la media estatal.
Siguiendo esta línea, según los Informes de los Servicios Sociales en España del Consejo General del Trabajo Social (I y II ISSE 2013-2015), el perfil medio de la persona usuaria de servicios sociales es una mujer de 36 a 50 años, con estudios primarios, con hijos e hijas a cargo, en desempleo y con unos ingresos medios mensuales entre 300 y 500 €.
El grupo de trabajadoras no cualificadas está más afectado por la brecha salarial, ya que es un 30% frente al 24% de media, según UGT. En esta situación se encuentran la mayoría de las mujeres que trabajan en atención a las personas en situación de dependencia. Pero no hay que olvidar que las personas que realizan los cuidados no profesionales de la Ley de dependencia, el 93% son mujeres. Además, sobre ellas se cierne la falta de reconocimiento de la sociedad a su labor. Si se dotase de valor económico al empleo de su tiempo en las labores de cuidados aumentaría aún más si cabe la brecha salarial.
Sobre el trabajo cualificado de mujeres, uno de los datos más significativos los representa el trabajo social. El 80% de la profesión trabaja en los servicios sociales y según los informes ISSE, el 83% de las trabajadores sociales de servicios sociales son mujeres de edades comprendidas entre los 35 y 44 años. Sin embargo, el mayor porcentaje de trabajadores funcionarios hombres es mayor que el mujeres (un 54% frente a un 44%) y también es mayor el porcentaje de hombres al que se les remunera con compensaciones económicas por horas extraordinarias (9% frente al 3%). Esto significa que comparativamente los pocos hombres que hay ocupan posiciones más privilegiadas que las mujeres.
¿Las demandas sociales tienen género? ¿Qué, quién y cómo se demanda?
La mujer tiene un rol social tradicional vinculado a ser proveedora de alimentación, ropa… además la función de cuidadora de las personas en situación de dependencia y una función relacional respecto a la socialización primaria que hacen que muchas veces sean ellas las demandantes de servicios sociales aunque sean para todas la unidad familiar, pero aún así se dan otros factores por los que mantienen una sobrerrepresentación como personas usuarias de servicios sociales.
Impacto de la crisis
Además de los datos que arrojan los informes ISSE sobre el perfil de las personas usuarias, según los datos del informe de UGT la mujeres españolas están sufriendo en mayor medida el impacto de la crisis ya que la pérdida de poder adquisitivo duplica a la de los hombres. Este puede ser uno de los motivos más importantes para que, según datos de la última memoria de Rentas Mínimas de Inserción (RMI) estatal de 2014, también sean las mujeres las que porcentualmente solicitan más las rentas mínimas de inserción y las ayudas de emergencia.
Las mujeres piden un 58,7% de RMI y un 54,2% en las ayudas de emergencia social. Así, se puede ver como coincide el perfil mayoritario de demandante de rentas mínimas con el de los servicios sociales de atención primaria, puesto que es una mujer de 35 a 44 años con pareja e hijos e hijas a cargo, estudios primarios y vivienda en alquiler.
Es destacable también el hecho de que ha aumentado el número de personas demandantes de rentas mínimas que poseen títulos universitarios o FP de grado superior. Resulta curioso que el rendimiento académico en estudios superiores de las mujeres es más elevado que el de los hombres, y de estas personas también es mayor la media de mujeres, siendo el 58,5%.
Dependencia
La dependencia supone una de las muestras más clara de la paradoja de género puesto que pone a las mujeres como principales proveedoras de cohesión social en cuanto a cuidados, y sin embargo su reconocimiento laboral en este sector es nulo o muy precario.
Las mujeres de mayor edad son como usuarias las más perjudicadas de los recortes de la Ley de dependencia. La lista de espera de las personas en situación de dependencia según el IMSERSO es de 384.326 personas, que supone un 32,5% del total. De las personas beneficiarias un 65% son mujeres y de estas el 83% tienen más de 65 años y el 62%, más de 80 años.
La reforma local
La aplicación de la reforma local en servicios sociales afectaría negativamente en mucha mayor medida a las mujeres como trabajadoras y usarías del sistema, porque plantea una reducción se las competencias en servicios sociales de los municipios españoles planteando una recentralización sin garantía de mantenimiento de la financiación actual. Además pone en riesgo el principio fundamental de la proximidad desde el que se trabaja desde los servicios sociales y de género de los ayuntamientos con servicios vinculados a la prevención de la violencia y la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Por otro lado, también afectará de manera negativa a la calidad de la intervención social con las personas usuarias y a aumentará la precarización, si cabe aún más, en el sector que afectará a las mujeres de manera mayoritaria. Además, de las trabajadoras sociales que ejercen servicios sociales, más del 55% trabajan en ayuntamientos, de los cuales el 33% más de 20.000 habitantes y el 22% en otros de menos de 20.000, por lo que serán más afectadas por la reforma local desde la perspectiva laboral que los hombres.