Fiscales, juntas y 155s

Esta semana han tenido tremenda repercusión las declaraciones en prensa de un fiscal del Tribunal Supremo, Salvador Viada Bardají (no confundir con su antepasado Salvador Viada y Vilaseca, hermano de su bisabuelo, quien fue Fiscal Jefe del Tribunal Supremo allá por 1899). El ilustre compañero, miembro del Consejo Fiscal por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, APIF, se despachó sobre una junta de fiscales de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en unos términos bastante incendiarios, hablando de que “nos han hecho un 155 encubierto”.

Pongamos contexto: después de varios años de instrucción en su Juzgado Central, en la Audiencia Nacional, el magistrado Manuel García Castellón se cae del caballo, cual San Pablo camino de Damasco, y ve la luz: hay terrorismo en Tsunami Democràtic, y el director de todo el cotarro sería el inquilino más famoso de Waterloo, Carles Puigdemont. El fiscal de la Audiencia Nacional que lleva el asunto, Miguel Ángel Carballo, miembro de la conservadora Asociación de Fiscales, anterior teniente de la misma fiscalía, y poco sospechoso de ser un peligroso rojo filoetarra podemita, no está de acuerdo en absoluto, pero el juez le hace un quiebro procesal y eleva exposición razonada al Tribunal Supremo. Esto es lo que se hace cuando el sospechoso de un delito está aforado, cual es el caso del eurodiputado catalán. Pero también sirve para eludir los varios recursos que el fiscal ha presentado contra las resoluciones judiciales.

El asunto, entonces, llega a la mesa del fiscal del Tribunal Supremo Álvaro Redondo, también de la conservadora Asociación de Fiscales, y tampoco sospechoso de filias bolivarianas hacia Cubazuela del Norte. Éste, primero parece ver terrorismo, ante la exposición del juez, y traslada un primer borrador de informe a su jefe, Fidel Cadena. Luego, se estudia a conciencia todo el asunto, incluyendo los datos directos de los atestados policiales, y recula, decidiendo en su informe definitivo que no hay indicios de terrorismo. Ya saben lo que decía John Maynard Keynes: “Si los hechos cambian, yo cambio de opinión. Y usted, ¿qué hace?”.

Ante la trascendencia de la cuestión, y de que él mismo ha cambiado de opinión, solicita elevarla a la junta de fiscales de su sección. Déjenme que se lo repita: de SU sección.

La Fiscalía del Tribunal Supremo tiene su contingente más numeroso en la Sala 2ª, de lo Penal, como es lógico. Por ello, tiene dos secciones. Una, destacada en la propia sede del órgano judicial, en la plaza Villa de París, y otra en la Fiscalía General del Estado, en la calle Fortuny, donde se encuentra también la Teniente Fiscal del Supremo, máxima responsable de toda esa fiscalía.

Esto es muy importante, porque los medios periodísticos han incurrido en todo tipo de inexactitudes, como afirmar que lo celebrado era una Junta de Fiscales de Sala, máximo órgano de asesoramiento jurídico al Fiscal General, y que se reúne para motivos realmente excepcionales, como cuando, bajo el mandato de Eduardo Torres-Dulce, se decidió interponer querella contra los organizadores del Procès. 

Otros, sin llegar a tal error, han afirmado que se trata de la junta de fiscales de lo penal del Supremo, lo cual es cierto en su mayor parte. Es decir, que como decía el Milagroso Max también es falso en parte. Porque no están todos los que son, aunque sí son todos los que están, como dice la vieja frase hecha. Efectivamente, en esa sección hay varios fiscales de sala, como Javier Zaragoza Aguado o Consuelo Madrigal, pero lo son por rango profesional (categoría 1ª), no porque ocupen jefatura alguna. Y no son todos los fiscales de lo penal del Supremo.

Lo noté porque, aunque ya no estoy destinado en Fortuny, echaba en falta la presencia de Javier Huete Nogueras, quien fue compañero mío en el embrión de la red de especialistas en criminalidad informática, y ahora es Fiscal de Sala, y éste sí, Jefe de una de las secciones de lo Penal. Efectivamente, es uno de los jefes de la sección que se encuentra EN el Tribunal Supremo.

Así que quienes votaron fueron la mitad de los fiscales de lo penal del Supremo. Y de esa mitad, hubo una mayoría que votaron a favor de ver terrorismo en Tsunami Democràtic. Ahora bien, el Ministerio Fiscal es un órgano jerárquico, lo que significa que el criterio de un jefe prevalece sobre el de sus subordinados. Así pasa en todas las fiscalías de España y nadie pone el grito en el cielo. Porque, si hay discrepancia con el parecer del jefe, después de una junta, se eleva el asunto al superior de éste.

En este caso, la discrepancia surge porque cada sección de lo penal del Supremo tiene dos jefes. En el caso de la “sección Fortuny”, son Fidel Cadena y Joaquín Sánchez-Covisa. Y ambos dos discreparon radicalmente en sus posturas. Como he dicho, chez Fiscalía, donde hay patrón no manda marinero. El problema es que hay dos patrones. Así que, siguiendo con el símil náutico, hay que elevar la cuestión al armador del barco. En este caso, armadora, porque la superior jerárquica de ambos jefes, como ya he dicho antes, es la Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, Mª Ángeles Sánchez Conde.

Claro, las suspicacias sobre que la Teniente hará lo que diga el Fiscal General no han tardado en saltar a los medios. Déjenme que les diga una cosa: la Teniente Fiscal del Supremo lo seguirá siendo durante cinco años, aguante la legislatura o no. A diferencia del cargo de Fiscal General del Estado, no es un nombramiento que dependa del vaivén político, toda vez que el FGE cesa con el gobierno que le nombró (no antes, aunque se empeñe el Ejecutivo, porque desde 2007 ya no le pueden cesar), pero los jefes nombrados bajo su mandato no. Y he visto a fiscales de sala con mando en plaza plantar cara a fiscales generales del estado. Lo he visto en directo, no de oídas.

En cualquier caso, si la Teniente Fiscal del Tribunal Supremo adopta una resolución, a mí no me parecería escandaloso que acogiese el criterio del fiscal que ha llevado el caso durante años en la Audiencia Nacional. O del que lo ha llevado directamente en el Tribunal Supremo. O de uno de sus jefes, jurista de reconocidísimo prestigio, al cual tuve el honor de tener como profesor, cuando servidor era un pipiolo aprendiz de la profesión.

Estos son los datos objetivos. “Esto no había pasado en mi sección en la vida”, dijo Salvador Viada. Porque claro, acusar de terrorismo a un expresidente autonómico es algo que pase todos los días, nos ha fastidiado. Me recuerda a aquel abuelete que decía que, últimamente, se estaba muriendo gente que nunca se había muerto antes.