Con 780 votos a favor y 72 en contra ya es una realidad. Francia se convierte en el primer país en el mundo en constitucionalizar el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El 4 de marzo de 2024 será recordado como un hito en la historia constitucional de las mujeres en Francia y en el resto del mundo. No lo ignoraban los miembros las dos cámaras del Parlamento francés reunidas en Congreso (sesión conjunta extraordinaria), en el palacio de Versalles, para una reforma constitucional que requería un consenso de al menos tres quintos que se ha visto ampliamente superado. El nuevo artículo 34 de la Constitución francesa prevé que “La ley determina las condiciones en las cuales se ejerce la libertad garantizada a la mujer de recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo”
El discurso emotivo del primer ministro, Gabriel Attal, para una ocasión que también él sabía histórica fue interrumpido durante y seguido después de largas ovaciones en el hemiciclo. Un discurso que no ahorró palabras a la hora de recordar con una viveza inusual el sufrimiento que en la vida y en los cuerpos de las mujeres ha supuesto el aborto clandestino en el país. Un discurso que ha sido también un homenaje a las muchas mujeres que han librado, tanto en el pasado como el presente, la lucha por la autonomía reproductiva de las mujeres. Mujeres como Simone Veil cuyos familiares estaban presentes y cuyo nombre porta la actual ley francesa en la materia que, desde 1975 y con sucesivas reformas, reconoce hoy a las mujeres el aborto libre y gratuito en las 14 primeras semanas de embarazo; mujeres como Gisèle Halimi, abogada feminista, a cuya memoria Macron vinculó la iniciativa de reforma; o como Sarah Durocher, icónica activista con más de 20 años de lucha por los derechos sexuales y reproductivos en Francia que siguió el debate desde las gradas más altas del hemiciclo siendo también destinataria de una de las ovaciones. Un discurso que el joven primer ministro supo también hábilmente vincular a la lucha histórica de las mujeres en Francia por su plena ciudadanía e igualdad de derechos, con nombres como los de la revolucionaria Olympe de Gouges, quien cometió la osadía de creer que la revolución y la tabla de derechos que le seguiría serían también para las mujeres. O Simone de Beauvoir a quien citó para recordar que, en momentos de involución democrática, los derechos de las mujeres son el canario de la mina: los primeros en tambalearse.
Y es que eso es exactamente lo que está sucediendo, recordó Attal. Lo que está sucediendo en países como EEUU donde la sentencia Dobbs de la Corte Suprema de junio de 2022 se llevó por delante a Roe v Wade -sentencia de 1973 que reconoció el derecho fundamental al aborto- y los 50 años de jurisprudencia que le siguieron. O en países como Polonia y Hungría donde también las mujeres han visto recortada su libertad reproductiva de la mano de gobiernos de extrema derecha ondeando la bandera de la nación y la familia tradicional. En este contexto que nos recuerda que, cuando se trata de los derechos de las mujeres, no es posible bajar la guardia, la reforma constitucional se pretende como un blindaje o una garantía de no regresión y un antídoto contra el discurso de los nostálgicos que miran al pasado olvidando las lágrimas y la sangre que supuso para las mujeres carecer de este derecho.
Como en todo hay letra chica. Algunas de mis colegas francesas ven la gesta de Macron como un lavado de cara de un gobierno nada progresista en muchos sentidos. Y para los que estamos en el gremio del derecho constitucional no se nos escapa que en realidad la interrupción voluntaria del embarazo no se ha fundamentalizado como un derecho subjetivo. Ni que el artículo, inserto en la sección que se refiere a las competencias del poder legislativo, ni siquiera conmina a este a reconocer el derecho de las mujeres a abortar en determinadas condiciones. Sino tan solo a especificar las condiciones bajo las cuales las mujeres han de poder disfrutar de una “libertad garantizada” para interrumpir voluntariamente su embarazo. Es lo que se pudo lograr en términos de consenso después de que un Senado conservador rebajara la pretensión de garantizar el derecho que había aprobado la Asamblea Nacional.
No se sabe bien qué implicaciones, más allá del juego de palabras, puede tener en realidad la diferencia, en un país donde el aborto ya está reconocido legalmente con cobertura pública y donde tampoco hay un movimiento político importante que abandere la necesidad de recortarlo pues en Francia el consenso en la materia es amplio. De llegar a haberlo, corresponderá al Consejo Constitucional decidir qué ampara esa prerrogativa legislativa que obliga (no solo permite) a reconocer una libertad que se quiere garantizada. Pero hoy no es el día para entrar en esas disquisiciones que tal vez solo lleguen a tener un alcance teórico. Porque lo realmente importante es el valor simbólico de haber introducido en la Constitución el mensaje de que, sin la posibilidad de decidir, no solo sobre sus cuerpos sino, de forma más amplia, sobre su destino, cualquier proclamación de la libertad y de la igualdad entre los ciudadanos de ambos sexos resulta una ficción para las mujeres. Y también, como tampoco olvidó recalcar Attal en su discurso, que la reforma ha sido aprobada por un Congreso presidido por una mujer, con el mayor número de representantes femeninos que ha tenido el país en su parlamento y bajo un gobierno paritario en una Francia en la que “el feminismo es universalismo”.