La protección de la salud colectiva y el alivio de la enorme presión que sufre en estos momentos el sistema sanitario son los objetivos esenciales que persiguen el estado de alarma con la decisión de confinar en sus domicilios al conjunto de la población española, de reducir la movilidad y de hibernar la actividad laboral no esencial. Estas medidas están siendo un arma muy poderosa frente al coronavirus y producirá una disminución drástica de la transmisión del virus evitando enfermedad y muertes, al tiempo que aliviará en breve plazo la presión asistencial. Se trata de un enorme esfuerzo colectivo que no hay que tirar por la borda si se hace un des escalamiento prematuro.
Por eso, consideramos importante ampliar el confinamiento durante, al menos, dos semanas adicionales a las actualmente autorizadas para consolidar las tendencias a la baja en la incidencia de nuevos casos, ingresos en UCI y fallecidos por COVID-19. Pero es tiempo también de planificar la siguiente etapa que podríamos denominar de deshielo para asegurar que las medidas que se vayan tomando permitan continuar haciendo compatible la protección de la salud colectiva e individual con la recuperación de la normalidad asistencial y de la actividad social y económica.
El deshielo del confinamiento deberá hacerse siendo conscientes de que se trata de un proceso inédito con pocos referentes a los que poder mirar. Será más eficaz, acertado y aceptable si se hace gradualmente, si se fundamenta en las evidencias epidemiológicas y clínicas disponibles y si las medidas que se adopten cuentan con el respaldo de las organizaciones científicas y profesionales del ámbito de la salud en el nivel nacional e internacional tras un proceso reforzado de consulta. Y desde luego si, además, cuenta con el mayor respaldo político posible de las Cortes Generales, las Comunidades Autónomas y los agentes sociales (sindicatos y empresarios). Un gran consenso es una buena línea de acción.
Es necesario disponer de la mejor información epidemiológica posible para conocer la positividad o negatividad de las personas, la incidencia real de la enfermedad en España y la población susceptible de infectarse. Por el momento hay que incrementar la realización de pruebas de PCR para garantizar el aislamiento de los positivos y sus contactos. Mas adelante, cuando las pruebas serológicas rápidas estén ampliamente disponibles se puede pensar en la realización de un estudio para planificar un deshielo con mayores garantías realizando un muestreo poblacional estratificado de amplitud suficiente para resultar válido en el nivel de CCAA. Ello permitirá conocer la prevalencia de la infección por territorios a través de análisis serológicos y eso nos dará elementos para un deshielo gradual y para estar mejor preparados para un repunte de la enfermedad en un nuevo ciclo estacional a finales del año.
El diseño de este tipo de estudio, cuya realización y análisis requerirán tiempo, debería comenzar cuanto antes ya que sus resultados permitirían ir aislando los positivos asintomáticos detectados durante el mismo y, sobre todo, estimar la magnitud de los riesgos y de los recursos necesarios para el próximo otoño.
Creemos conveniente que, en todo caso, en la nueva etapa de deshielo se opte por el mantenimiento de algunas medidas de aislamiento social (o la adopción de algunas nuevas) que se irían levantando de manera gradual en función de la situación que arroje una intensa vigilancia epidemiológica. Consideramos que determinados grados de restricción a la movilidad y a la actividad económica plena seguirán siendo necesarios con mucha probabilidad durante uno a tres meses.
Mantener el cierre definitivo de aulas dentro del presente ciclo escolar y universitario, fomentar desplazamientos a centros de trabajo en vehículos particulares siempre que sea posible, asegurar los desplazamientos a centros de trabajo en transporte público con una capacidad de viajeros restringida para mantener las distancias, mantener el cierre temporal de teatros, cines, restaurantes, eventos deportivos, conciertos y actos religiosos, insistir en el lavado de manos y en el mantenimiento de la distancia de seguridad, limitar, en su caso, los horarios para pasear, seguir impulsando el teletrabajo, el trabajo por turnos, o mantener el control riguroso de las fronteras, son algunas cuestiones a considerar.
La protección de la población vulnerable, en especial del personal sanitario y de las personas ingresadas y de quienes trabajan en las residencias de mayores y discapacitados, debe ser una prioridad esencial. Un esfuerzo importante deberá realizarse desde ahora hasta entonces por mejorar el grado de detección y control de la transmisión intradomiciliaria. Para ello deberían reforzarse las capacidades materiales, particularmente el abasto y dotación de equipos de protección individual (EPIs) y operativa (apoyo logístico, de protocolos de actuación, de capacidad de realización de tests, de acceso a fármacos y de comunicaciones) de los profesionales sanitarios, muy especialmente de aquellos que trabajan en la atención primaria. Estos profesionales deberán tener un papel esencial en el deshielo pues, además de trabajar para detección precoz de asintomáticos y enfermos en fases tempranas en los domicilios, evitando así la saturación de las urgencias hospitalarias, habrán de plantearse la recuperación paulatina de la normalidad de la actividad asistencial programada que ha quedado en un segundo plano en estos momentos.
Especial relevancia tiene definir la estrategia de deshielo más adecuada a la realidad epidemiológica en cada territorio para establecer las medidas y su intensidad con criterios que permitan la mayor efectividad.
Es en ese momento cuando será más necesaria una cooperación reforzada entre el Gobierno central y las CCAA para adecuar la reanudación de las actividades (incluido el grado y las modalidades del confinamiento poblacional) a la situación epidemiológica y a la realidad asistencial de cada territorio. La supervisión y un control centralizados del proceso, para el combate contra la epidemia, es muy importante pero no tiene por qué implicar decisiones uniformes para situaciones que han ido evolucionando de forma distinta.
En este sentido, sería deseable que cada Comunidad Autónoma elaborase planes autonómicos de “deshielo” con una dimensión de contingencia ante diversos escenarios, de manera que el des escalamiento en cada una de ellas se base en una estrategia común (establecida por el Gobierno), que permita recuperar la actividad económica y relajar paulatinamente el confinamiento al tiempo que se mantiene una vigilancia estrecha sobre los casos sospechosos, los colectivos de mayor riesgo y los focos más “calientes”. Y todo ello con base siempre en datos comprobados y contrastados con las autoridades del mando operativo central de la epidemia.
De igual forma habría que intensificar los esfuerzos para conseguir un marco común de acción en la Unión Europea y en la OMS. El Gobierno de España puede jugar un importante papel en estos ámbitos a la hora de analizar experiencias y elaborar criterios comunes al ser uno de los países más golpeados por la pandemia. Y esto va desde el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hasta la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de Europa y las acciones de la Comisión Europea. Por ejemplo, para establecer recomendaciones para las autoridades de salud de los Estados miembros para los diversos usos de los distintos tipos de tests frente a la Covid-19 por parte del Centro Europeo para el Control de Enfermedades.