El fraude de Volkswagen, que trucó millones de coches durante años para esquivar los límites legales de emisiones de dióxido de nitrógeno, podría haber causado la muerte de más de 10.000 personas, según Greenpeace. Hasta ahora, el escándalo ha tenido dos consecuencias: la primera, el director de la multinacional ha dimitido con una indemnización de 29 millones de euros. Por otro lado, la Comisión Europea ha decidido aumentar un 50% el nivel máximo de emisiones de dióxido de nitrógeno bajo la presión de un grupo de gobiernos amigos de los fabricantes de coches, entre los que destacan el español, el alemán, el francés y el italiano. La excusa es que hasta ahora los tests de contaminación no se hacían en condiciones reales de conducción, por lo que el resultado era inferior a la cantidad de gases que los vehículos emiten realmente, y a partir de ahora se supone que se van a hacer tests de verdad. En resumen, nunca se han cumplido las normas europeas que limitan las emisiones de este gas y, en vez de garantizar que a partir de ahora se cumplan, los gobiernos europeos han decidido cambiar las reglas para que las empresas fabricantes no se tengan que gastar ni un céntimo en hacer motores menos contaminantes. Nada sorprendente teniendo en cuenta que la Comisión Europea conocía el fraude generalizado desde hace al menos dos años y no hizo nada para evitarlo.
El nuevo presidente ejecutivo de Volkswagen ha amenazado con despidos masivos para hacer frente a la crisis de la compañía. Nuestro ministro de Industria, José Manuel Soria, ha caído de lleno en el chantaje y ya ha anunciado que le concederá más ayudas públicas a la empresa alemana, y no parece que tenga intención de hacerle devolver los millones de euros que le regalamos a Volkswagen a través del plan PIVE, como dijo en un primer momento. Como siempre que una empresa comete algún atropello -probable delito- contra el medio ambiente y contra la salud pública, se plantea el dilema entre empleo o protección del medio ambiente, según el cual imponerle a una gran empresa las sanciones que merece implica necesariamente despidos masivos.
Sin embargo, se trata de una falsa disyuntiva. Primero, porque la necesaria transformación ecológica de la economía puede ser una fuente de abundantes empleos de calidad, según la Organización Internacional del Trabajo. Y segundo, porque empresas como Volkswagen tienen beneficios de sobra para pagar todas las multas e indemnizaciones que haga falta sin despedir a nadie. La multinacional alemana ganó el año pasado 11.068 millones de euros, un 21% más que el año anterior. Los Estados europeos y la Comisión podrían, por ejemplo, condicionar todas las ayudas públicas que recibe Volkswagen al pago de las indemnizaciones y sanciones que correspondan con parte del beneficio de los accionistas, garantizando que no se pierde ni un solo puesto de trabajo. Pero este tipo de soluciones ni se plantean en Bruselas, territorio dominado por los ‘lobbys’ empresariales a los que la gran coalición de socialdemócratas, liberales y conservadores suele obedecer.
Durante décadas se ha impuesto la idea de que los temas medioambientales no son realmente políticos sino más bien éticos. Según el pensamiento dominante construido a través de miles de campañas de publicidad institucional, la solución a problemas como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad o la contaminación atmosférica es individual, depende esencialmente de que cada ciudadana y cada ciudadano adopte unas costumbres ligeramente más ecológicas. La idea es que si me ducho en vez de bañarme y reciclo la basura en mi casa puedo tener la conciencia tranquila porque he puesto mi granito de arena para salvar el planeta. Por supuesto que es muy necesario que se generalicen hábitos de vida más ecológicos que los actuales, igual que es bueno comprar productos de comercio justo, pero escándalos como el de Volkswagen nos demuestran que no es suficiente: Los problemas medioambientales son colectivos, y por lo tanto políticos, tanto como el paro o los servicios públicos, en los que los intereses de una minoría enriquecida suelen oponerse a los de la mayoría de la sociedad.
Hace tiempo que nos dimos cuenta de que la limosna no es suficiente para conseguir la justicia social y de que para garantizar unas condiciones de vida dignas para todo el mundo es necesario organizarse colectivamente y luchar para construir y defender ese invento maravilloso llamado Estado de bienestar, contra los intereses de los que tienen colegios y seguros médicos privados y no quieren soltar ni un céntimo para que los demás también puedan acceder a esos servicios. Ya es hora de que apliquemos el mismo principio al medio ambiente y nos demos cuenta de que a los directivos de Volkswagen, al ministro José Manuel Soria y a Miguel Arias Cañete no hay informe científico que les convenza de que es necesario un compromiso político serio para combatir el cambio climático y el resto de problemas ambientales. Les da igual que les digas que ya se están hundiendo islas del Pacífico, que una de las principales causas materiales de la guerra de Siria es el incremento de las sequías o que cada año van a morir más personas mayores de calor en España. Ellos defienden los intereses de la minúscula élite propietaria de las empresas más contaminantes y seguirán defendiéndolos mientras la ciudadanía se lo permita.
Dentro de dos meses se celebra en París la Cumbre internacional del Clima más importante de los últimos años, en la que debería firmarse un nuevo acuerdo para reducir drásticamente las emisiones de los gases causantes del cambio climático. Es una estupenda ocasión para repolitizar los temas medioambientales, organizando una movilización ciudadana lo suficientemente fuerte como para obligar a los gobiernos a impulsar una profunda transformación ecológica de la economía que evite el desastre ecológico que ya estamos sufriendo.