El pasado 3 de Diciembre concluyó el plazo de “consulta pública” del anteproyecto de ley que va a incorporar al derecho español la Directiva europea de servicios de comunicación audiovisual (UE)2018/1808, abarcando por vez primera a los servicios a “petición” y a las plataformas de intercambio de vídeo, al sustituir a la Ley 7/2010 General de la Comunicación Audiovisual. Decenas de alegaciones han sido presentadas por múltiples entidades, que se añaden a las más de 60 propuestas recibidas en la fase inicial de audiencia pública y acompañadas de los informes de 10 ministerios. Pero parece dudoso que pueda revertirse la decidida orientación neoliberal impresa en la mayor parte del borrador por el Ministerio de Economía y Transformación digital, sorprendentemente emanado de un Gobierno progresista.
Los siete títulos y 164 artículos del anteproyecto dan una idea de la complejidad actual de este sector y de la trascendencia de los retos afrontados que, según la memoria, tendrá impacto sobre la el pluralismo y la competencia, la igualdad de género, las PYMES, los menores, la discapacidad y accesibilidad, los consumidores… Unos efectos que el preámbulo, –como suele ocurrir en las leyes y se dice de los anuncios al ostentar las carencias del producto–, considera positivos en todos los casos.
Sin embargo, los artículos más vinculados a las novedades de la directiva europea, se reclaman de los mínimos de protección establecidos, como la liberalización de los tiempos publicitarios, que pasan de estar limitados al 20% “por hora de reloj” (anuncios y televenta), a cuantificarse en un máximo del 20% (144 minutos) entre las 6 y las 18,00 horas y de entre las 18,00 y las 24,00 horas (72 minutos), sin incluir patrocinios, ni autopromoción, ni emplazamiento de producto, ni promociones…Una presumible saturación publicitaria extrema que se acumulará en el prime time y en el day time de mayor audiencia, probablemente con efectos de cansancio en el espectador y de mayor fuga hacia la televisión a demanda. De la misma forma, los proveedores de estos últimos servicios audiovisuales deberán ofrecer al menos un 30% de programas europeos en sus catálogos – el mínimo previsto por la directiva (51% en la televisión lineal), pero sus plataformas (Nextflix, HBO, Amazon Prime…) solo estarán obligados a invertir en producción europea o española si superan los 50 ME de ingresos el año anterior (10 ME en la televisión lineal), y se libran de colaborar a la financiación de RTVE como hace el resto de los canales abiertos o de pago.
Dado que la Ley General Audiovisual de 2010, inspirada por la entonces Vicepresidenta María Teresa de la Vega, ha sido ya considerada generalmente como un texto ampliamente escorado hacia la televisión privada, con encendidos elogios de su patronal UTECA, el anteproyecto promete acentuar la protección de los menores, pero al contrario de lo que proclama, debilita claramente su tutela al eliminar los horarios de “protección reforzada” que venían incumpliéndose año tras año por todas las cadenas de cobertura nacional, con la curiosa argumentación de que también hay niños en otros horarios en el servicio público (con alegaciones contrarias de la AUC).
Pero donde el anteproyecto alcanza niveles ideológicos de derecha neocon pura, es en la protección y refuerzo del servicio público autonómico y local, donde se abraza sorprendentemente la contrarreforma orquestada por la Vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, cuya “ley de modificación” de la Ley General de Comunicación Audiovisual (Ley 6/2012 de 1 de Agosto) permitió que los Gobiernos autonómicos “flexibilizaran” (privatizaran) el servicio público de la radiotelevisión autonómica cambiándolo a la “gestión indirecta” completa o mixta por parte de empresas privadas. Así Esperanza Aguirre jibarizó a RTVMadrid aunque no consiguió la total privatización planeada, y lo mismo intentó la Generalitat valenciana con Canal 9, hasta provocar su insólito cierre en 2013 con un coste inútil de más de 300 ME. Y en culminación de esta tergiversación total del servicio público, se acuñó el apellidado como “modelo Murcia”: concesión a una empresa privada de la práctica totalidad de la gestión, la programación y la publicidad de los canales regionales, mediando jugosas subvenciones al agraciado, compatible con el control o la manipulación externa de los informativos.
No es extraño que múltiples alegaciones (Teledetodos, COO.OO, Plataforma en defensa de la comunicación y el periodismo andaluz) rechacen este calco que contradice la consideración del pluralismo como equilibrio entre modelos, pese a la minoría de licencias hertzianas reservadas a la gestión pública, que parece una condición sine qua non para la definición del servicio público como “de interés general”, con misiones informativas y culturales acrecentadas. E igual ocurre con el servicio público local, que se confía a los municipios salvo que estos decidan su entrega a empresas privadas, con desviación de todos sus objetivos de comunicación democrática de proximidad. En el mismo sentido, los medios comunitarios locales, ya marginados en el reparto de licencias, siguen privados de toda vía de financiación al prohibírseles la difusión de publicidad de cualquier tipo, incluso la institucional.
La otra gran “captura” del gobierno progresista por los antecedentes del PP es todavía más grave, porque afecta al control, la regulación y la sanción del sistema audiovisual entero, confiados por la ley de RTVE de 2006 y la general del audiovisual de 2010 al CEMA (Consejo Estatal de Medios Audiovisuales) con anuencia general. Su boicot posterior por el PP en la oposición y su suplantación por el Gobierno de Rajoy, con la sempiterna excusa del ahorro, por una elefantiásica Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) con autoridad sobre múltiples sectores, fue objeto de expedientes en Bruselas; y resultó duramente contestado por el PSOE de Alfredo Pérez Rubalcaba, que acusó al nuevo organismo de falta de independencia y total subordinación gubernamental (episodio de la sobrina de Guindos) y se negó a pactar vocales propuestos por el PSOE.
Si esta atribución constituía ya un mensaje subliminal que designaba prioritariamente al audiovisual como competencia de mercado y no como pluralismo comunicativo o diversidad cultural, la CNMC ha sido especialmente criticada por haber realizado en siete años apenas tres informes sobre la misión de servicio público de RTVE, confesando en varios de ellos su incapacidad para realizar esa labor y su aceptación acrítica de los informes de la Corporación por la falta de medios técnicos y humanos para estudiar el asunto de forma autónoma y, lo que es más grave, como reflejo de la degradación del marco jurídico audiovisual español, por la carencia de contratos programa sobre los que poder realizar esa evaluación.
Ahora, tras años de mayoría y control absoluto del PP (seis consejeros y Presidente, más uno de CIU y otro del PNV) el Gobierno de Sánchez ha vuelto las tornas y controla una mayoría del consejo (siete consejeros y tres de ERC, PNV y Podemos), para pasar a considerar a la CNMC perfectamente independiente, mientras, el PP acusa al Gobierno de coalición de injerencia. En ese ambiente viciado, el anteproyecto del audiovisual confía a la CNMC nuevas funciones, como el control del pluralismo, de los contenidos audiovisuales, de las faltas graves o muy graves (entre ellas contenidos que inciten a la violencia o al odio, al terrorismo o la pornografía infantil, al racismo, la xenofobia o la discriminación) incluyendo sanciones que pueden alcanzar el 10% de la facturación. Aunque visto el escaso porcentaje ejecutado –un 3% cobrado del total de las sanciones impuestas– ese riesgo queda atenuado, no deja de ser llamativo para un organismo netamente económico.
En su consideración conjunta, ese anteproyecto, que muy probablemente derivará en ley con modificaciones menores tras su paso por el Parlamento, resulta absolutamente incongruente con un Gobierno progresista y suscita moralejas históricas curiosas. Si un Calviño (José María) asestó en los años 80 un duro golpe a las ilusiones progresistas de la transición e incluso a los planes directos del PSOE sobre RTVE (mediando el poder de Alfonso Guerra), otra Calviño (Nadia) puede ahora contribuir a agravar la crisis que sufre el servicio público audiovisual en todos sus ámbitos. Así, una vez más, el PSOE seguiría colaborando a la prolongación irreversible y en cascada de los castigos que la derecha infringe históricamente a las cadenas públicas: ajustes y manipulaciones sistemáticos cuando está en el gobierno, acusaciones y redención cuando vuelve a la oposición. Pasos adelante siempre del desmoronamiento del servicio público y de la preeminencia del polo privado.