Cuando escribo este artículo, el ataque del ejército de Israel a los cascos azules de Naciones Unidas en el Líbano es la última violación -una más- del Derecho Internacional por parte del Estado hebreo.
Israel lleva vulnerando el Derecho Internacional prácticamente desde hace tres cuartos de siglo, cuando en 1948 se produce la llamada Nakba.
La Nakba, o “catástrofe” en la lengua árabe, es el término utilizado para denominar el éxodo de 700.000 palestinos desde lo que hoy es el Estado de Israel, entre 1946 y 1948, bajo mandato británico. Los palestinos perdieron sus casas como resultado de la guerra árabe-israelí de 1948. Los árabes palestinos fueron en su mayoría desplazados y se inició la ocupación israelí de sus territorios históricos, quedando limitada las zonas palestinas a Cisjordania y Gaza.
A partir de ahí, la relación entre palestinos e israelíes está presidida por conflictos violentos: 1967 (guerra de los seis días); 1978; 1982 (invasión de Líbano y nacimiento de Hezbollah); 2006 (ocupación del Líbano); 2023.
El 7 de octubre de 2023, a raíz del ataque terrorista de Hamás desde Gaza, se inició una “guerra” entre Israel y los aliados de la causa palestina. Escribo “guerra” entre comillas porque no hay una mínima equivalencia entre la fuerza militar de Israel y los palestinos. Solamente las cifras de muertos lo expresan: 1.200 en el lado israelí; 50.000 al menos entre palestinos, en su mayor parte mujeres y niños y niñas.
Es una guerra sin fin en el doble sentido de esta última palabra. Es una guerra que cada vez más parece no tener límites espaciales o temporales. El gobierno israelí dirigido por Benjamín Netanyahu ha decidido ampliar constantemente el objetivo territorial de sus acciones militares, que se extienden especialmente al Líbano, y que lo harán previsiblemente a Irán. Los portavoces de Defensa del ejército israelí han repetido que atacarán al enemigo “allá donde esté”.
Sin embargo, los doce meses transcurridos desde el 7-O no han hecho más seguro a Israel, que está atrapado en una sucesión de réplicas y contrarréplicas eternas, con efectos devastadores.
En realidad, Israel no ha tenido una estrategia concreta en un conflicto que ya es regional. Falta un relato que dé sentido a la política de Netanyahu, que no permite atisbar una salida. Porque si Israel quiere sentirse seguro ha de reconocer la identidad palestina y la apertura a la fórmula de los dos Estados que se vislumbró en los acuerdos de Oslo en 1993, consecuencia de la conferencia de Madrid de 1991.
Hoy Gaza es invivible, sin posibilidad de satisfacer las necesidades más elementales de electricidad, alimentación o agua. Este es precisamente el objetivo de los partidos políticos de extrema derecha que forman el gobierno más radical de la historia del Estado judío.
Lo anterior no es solo consecuencia del 7-O. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas estimó en un informe de 2009 que el ejército israelí había adoptado un enfoque “concebido para castigar, humillar y aterrorizar a la población civil” palestina.
Estados Unidos, el aliado tradicional de Israel y suministrador de armamento (15.000 millones de dólares solo en 2024), se ha mostrado incapaz  de lograr la desescalada y el alto el fuego. Joe Biden ha sido ignorado por Netanyahu, y no ha podido evitar la extensión de la guerra a la región. Los acuerdos de Camp David entre Israel y Egipto (1978), y los acuerdos de paz entre Israel y Jordania (1994) quedan muy lejos.
No bastan los medios militares para ganar esta guerra sin fin. Ningún poder regional en Oriente Medio puede confrontar militarmente con Israel al mismo nivel, pero sí puede obstaculizar el propósito de Netanyahu de ser la potencia hegemónica en la región. Es lo que sucede con Irán, país con pretensiones nucleares, cuya influencia ha aumentado en el llamado “eje de resistencia” en buena medida por la política del presidente del gobierno israelí, que pretende anexar West Bank y Gaza y obtener una “victoria total”.
Netanyahu no se ha preocupado nunca por liberar a los rehenes en poder de Hamás. No parece ser la prioridad de su gobierno.
Bezalel Smotrich, ministro de finanzas israelí, afirmó: “mi misión en la vida es evitar un Estado palestino”.
De hecho, ningún partido político en Israel contempla poner fin a la ocupación y crear las condiciones para una solución de dos estados.
Mientras siga siendo esta la posición del gobierno israelí, no acabará la espantosa “guerra sin fin” de Netanyahu.