Soy consciente de que esta tesis no goza de la opinión mayoritaria de los analistas políticos. Ante la masiva, inusitada y sin precedentes, movilización política, jurídica, judicial y mediática que se ha desatado sobre la Proposición de Ley de Amnistía propiciada por el PSOE y el Gobierno para amnistiar no solo a los políticos, sino a un multitud de personas que permanecen sometidas a procedimientos judiciales por todo lo sucedido a lo largo del proceso independentista catalán, se hace necesario reflexionar sobre el impacto de la amnistía sobre los procesos electorales que se celebren antes de la aprobación de la ley y de que se produzcan los efectos de su aplicación.
La sentencia del procés ha recibido las críticas de la inmensa mayoría de la comunidad jurídica internacional y de los organismos oficiales encargados de velar por el respeto a los derechos humanos (Comité Derechos Humanos ONU, Grupo de Trabajo de detenciones arbitrarias, Consejo de Europa). Estamos a la espera de lo que decida el TEDH, que ya nos ha advertido que se va a pronunciar sobre las demandas interpuestas por los políticos condenados. Hasta el momento, todas las órdenes europeas de detención y entrega puestas en marcha por el juez instructor del Tribunal Supremo han sido rechazadas.
Los jueces Garcia Castellón y Aguirre, ante la inevitable tramitación de la proposición de ley, sacaron del baúl de los recuerdos (más de tres años paralizadas) sendas causas que califican como constitutivas de terrorismo y alta traición, imputando a Puigdemont y Marta Rovira la autoría de estos delitos con el único objeto de entorpecer, utilizando desviadamente su potestad jurisdiccional, la tramitación de la ley. El primero ha enviado una Comisión rogatoria a Suiza que produce vergüenza ajena. Ya en los inicios de la apertura del procedimiento judicial en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el ministro de Justicia suizo, ante la apertura de un proceso por rebelión y el refugio en su país de Marta Rovira y Ana Gabriel, advirtió que no pensaba tramitar ninguna extradición porque consideraba que se trataba de asuntos estrictamente políticos.
Acaba de conocerse la decisión de la Oficina Federal de Justicia (OFJ) suiza en relación con la estrambótica y bochornosa petición de localización de Marta Rovira por medio de una Comisión Rogatoria, cuando bastaba una petición policial que sería contestada en el acto, vía telemática ya que no estaba en desconocido paradero. Por otro lado, la OFJ considera que los hechos que relata el auto del juez García Castellón en todo caso tendrían la consideración de delitos políticos, y es una tradición del país helvético de no conceder la extradición por delitos políticos. También le pregunta al juez por los posibles efectos que tendría la amnistía sobre la persona reclamada.
Volviendo al tema del impacto de la amnistía en los resultados del PSOE en las recientes elecciones autonómicas de Galicia me atrevo a realizar algunas consideraciones. Tomando como referencia las anteriores elecciones, de 2020, el PSOE tenía 14 parlamentarios y nada indicaba que estuvieran en condiciones de superar esa cifra. Incluso era en cierto modo natural la pérdida de uno o dos escaños, pero no la estrepitosa caída de cinco. No comparto la tesis de los que sostienen que todo se debe a la falta de proyección pública del cabeza de lista, José Ramón Gómez Besteiro, político que fue objeto hace siete años de una investigación judicial que se podría calificar como una modalidad de lawfare. Demostrada la inocencia, en principio debería suscitar un deseo de reivindicar su actual proyección pública.
Por tanto, creo que hay que buscar otros motivos para explicar la debacle. Sus propuestas de políticas de gobierno eran las mismas que presentaban otros partidos de izquierda salvo el componente profundamente galleguista que encarna el BNG. Los resultados, pendientes de los votos del CERA, arrojan una pérdida de unos 50.000 votos y cinco escaños. Tiempo habrá para detectar ese movimiento o trasvase de votos que no creo que se deba a cálculos sobre el voto útil.
Es un hecho constatado que muchos sectores del PSOE, no solo los históricos, se han manifestado en contra de la concesión de la amnistía a los políticos catalanes sin tener en cuenta a muchas otras personas encausadas, principalmente directores y directoras de Colegios que cedieron las aulas y ciudadanos y ciudadanas que participaron en las mesas que se exponen a perder su carrera profesional de funcionarios públicos si se les impone alguna pena. En este bloque se pueden encontrar muchos de los socialistas que han decidido no votar por su rechazo a las opciones independentistas.
No me parece lógico que traspasasen su voto al BNG, que tiene un componente nacionalista e independentista con matices. No descarto, dadas las peculiaridades de la cultura política galaica, en la que no imperan la confrontación y la crispación que se observan en otras latitudes azuzadas por medios de comunicación –especialmente en Madrid–, que muchos votasen al PP, sin descartar la abstención.
La oposición a la amnistía se ha convertido en la mayoría de los medios de comunicación y espacios culturales del ámbito jurídico, incluida la insólita posición de la mayoría de las Asociaciones judiciales, en una verdadera cruzada para salvar a España del riesgo de descomposición. Las manifestaciones y las pancartas me recuerdan, dado mis años, las Misiones que organizaba el nacional-catolicismo para salvar las almas de los habitantes de una población en la que se rezaba el Rosario de la aurora, se suspendía toda clase de espectáculos –sustituidos por sermones de oradores sagrados– y se cerraban las casas de prostitución, rebautizadas como de tolerancia. Recuerdo haber visto una pancarta con el lema “Melilla contra el pecado”. Aquí y ahora se repite insistentemente que la amnistía es inmoral.
Mientras la Ley de Amnistía no esté en el BOE y se imponga su aplicación por el mandato constitucional que advierte a los jueces que su legitimidad democrática se fundamenta en el respeto al imperio de la ley, estará abierta la inevitable influencia de esta medida de clemencia como un factor importante para orientar el voto. Tenemos en perspectiva las elecciones vascas, fijadas para el 21 de abril y las que se convoquen para el Parlamento Europeo el próximo mes de junio. Espero que, a pesar de la modificación de los tiempos del Senado, más propia de una jugada de tahúres que de representantes de la soberanía popular, antes de esa fecha ya se puedan detectar y valorar sus efectos beneficiosos sobre la convivencia o la “conllevancia”, como diría Ortega y Gasset.
Las noticias que me llegan sobre el acuerdo definitivo en el texto de la ley no son, de momento, demasiado alentadores. Espero que los vientos de Galicia hayan llegado hasta Waterloo y que el inquilino de la casa del número 34 de la Avenida de l'Avocat medite sobre las consecuencias de una definitiva ruptura del acuerdo. Lo ideal sería que los políticos que respetan las reglas del Estado de derecho convenciesen a los ciudadanos de que ni Puigdemont es Bin Laden ni la amnistía un arma de destrucción masiva.