La semana pasada, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en comparecencia en el Congreso, dijo que el diésel tenía los días contados. Añadió que se necesitan medidas fiscales y regulatorias que den un mensaje claro a los compradores de las consecuencias de comprar un vehículo contaminante. Estas palabras han generado preocupación en las redes y han dado lugar a críticas de diferente naturaleza. Una reacción normal a una modificación de este calado: no hay certezas y existe temor a los grandes cambios.
Pero en este caso, necesitamos un cambio. No podemos permitir que las cosas sigan como están. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, la contaminación atmosférica es el problema de salud ambiental más grave, que en España causa más de 30.000 muertes anuales, además de provocar y agravar enfermedades de tipo respiratorio y cardiovascular. Afecta prácticamente a todas las personas que viven en el Estado español, incluso a quienes residimos en entornos rurales e, inocentemente, presumimos de aire puro y limpio.
Debemos actuar, y hacerlo según lo que nos dice la evidencia científica: el tráfico rodado es el principal responsable de la contaminación en las ciudades. Y los vehículos diésel destacan por ser los causantes de la mayor parte de esta contaminación. Esto incluye incluso a los más modernos, según innumerables estudios, entre ellos el publicado el pasado mes de junio por el Consejo Internacional por el Transporte Limpio (ICCT, en sus siglas en inglés) que demuestra que los diésel modernos son vehículos muy contaminantes (por más que fabricantes y concesionarios traten de convencernos de lo contrario).
Es aquí donde las medidas fiscales a las que se refiere la ministra tienen un papel importante. Medidas que incidan, por ejemplo, en el tipo de vehículo que se elije comprar. Las ventas de diésel han bajado considerablemente, desde el 70% hace 10 años al 37% de los vehículos vendidos en los últimos meses. Pero el 37% son aún muchos vehículos contaminantes vendidos. Vehículos que probablemente estarán más de 10 años en nuestras carreteras. Por eso, un impuesto de circulación que penalice los diésel sería muy útil. Y así se ha demostrado en varios países de nuestro entorno, como Holanda o Dinamarca.
Pero no nos podemos quedar ahí. En las carreteras españolas circulan en estos momentos unos 12 millones de vehículos diésel de pasajeros. Y, en nombre de nuestra salud, del desarrollo de nuestras hijas e hijos, de las miles de personas que pierden la vida por la contaminación, no podemos dejar que estos millones de coches sigan envenenado el aire que respiramos. Hacen falta medidas drásticas. Como la subida del gasoil.
Hay quién dice estas medidas penalizan a las clases populares y más empobrecidas. Es cierto que se trata de un impuesto indirecto, que se paga por igual independientemente de las rentas. Pero los impuestos directos (el IRPF) no son la única herramienta para distribuir la riqueza. De hecho, según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), la mayor parte de la política redistributiva (el 94%) se lleva a cabo mediante prestaciones sociales. Y no olvidemos que con los impuestos se pagan servicios que generan igualdad social, como la educación o la sanidad. Es una cuestión de gestión.
También se olvida que el 7% de los hogares españoles no pueden permitirse tener un coche (algunos más no quieren tenerlo, pero ese es otro debate), pero sufren así mismo los efectos de la mala calidad del aire. O que los barrios más humildes son, en general, los que más infraestructuras viarias de alta capacidad tienen y peores índices de contaminación registran, por lo que una reducción de la contaminación beneficiaría sobre todo a quienes viven en estas zonas.
Además, cuando se proponen medidas de este tipo, desde Ecologistas en Acción lo hacemos conscientes de que no debe ser una medida única. Puede y debe ir acompañada de otras: una reforma fiscal, que grave más a quien más tiene, un fortalecimiento y abaratamiento del transporte público o un plan de movilidad urbano y entre municipios acorde con las necesidades de la gente.
Tampoco es cierto que vayamos en contra de los transportistas. Hay una ley que permite la devolución de la mayor parte del impuesto de hidrocarburos a los profesionales del transporte (camioneros, taxistas, transporte logístico, etc.). Solo sería necesario ajustar la cantidad a devolver. Por último, y no menos importante, debemos recordar que todos los vehículos son contaminantes. Que el futuro está en la práctica desaparición del vehículo privado, al menos en las ciudades. Que las inversiones deben ir hacia conseguir un transporte público muy eficiente y en lo posible eléctrico, vías peatonales y ciclistas, además de plataformas de coche compartido para las ocasiones en las que resulte imposible moverse de otra manera.