El reto del PSOE y del PSC consiste en afrontar sin complejos y desde la confianza ciudadana una crisis de Estado que tiene su epicentro en Catalunya. Para aportar soluciones hemos de actuar combinando los valores propios de la izquierda frente al nacionalismo, nuestro nuevo proyecto socialdemócrata alternativo a Rajoy y una actitud de corresponsabilidad en la defensa del Estado.
No es inocente la actitud obsesiva de quienes, tras legitimar la consulta del 1-O y servir de soporte al bloque secesionista, acusan a Pedro Sánchez de apoyar al Gobierno de Rajoy cuando lo que hacemos los socialistas es apoyar al Estado de derecho. Porque sería un error que la izquierda se desentendiera y dejara como patrimonio exclusivo de la derecha la defensa de la Constitución, de la integridad territorial, y de las instituciones comunes. Aunque tenemos el empeño de someter lo anterior a un reforma consensuada, como en el 78, en el marco de una fase de diálogo transversal, participación ciudadana y máxima transparencia.
Los socialistas hemos afrontado la crisis de Catalunya sin escapismo y conscientes de la gravedad de un problema que afecta a un elemento esencial del Estado: su integridad territorial atacada por un proceso inédito de secesión unilateral. En esta cuestión trascendental, lo mismo que en la lucha contra el terrorismo, el PSOE es partidario de acuerdos para defender el Estado de derecho con la Constitución española como eje del bloque de legalidad. Y lo hacemos por encima de intereses partidistas o de cálculos electorales porque somos un Partido Socialista con vocación de gobierno y practicamos una oposición con sentido de Estado.
No olvidamos que el PP, con su estrategia irresponsable en la calle contra el Estatut de Pasqual Maragall en 2006 y luego Rajoy, con una actitud inmovilista cerrada a la negociación y con falta de visión política durante años, han dejado pudrir el conflicto y han ofrecido con los casos de corrupción y sus políticas antisociales la imagen de marca más rechazable de España. Por tanto, la solución para reducir la desafección entre Catalunya y el resto de España, también pasará por desalojar al PP de La Moncloa.
Pero los errores del PP, ni tampoco las cargas brutales de la policia el 1-O, consecuencia una estrategia de intervención equivocada, justifican en absoluto la deriva secesionista del Govern de Catalunya que ha aprobado una larga lista de actos y decisiones ilegales, atacando la Constitución, despreciando en pseudoconsultas las reglas y garantías del juego democrático y provocando la fractura de la convivencia ciudadana.
No tenemos dudas de que Puigdemont y Junqueras con sus decisiones en favor de una independencia exprés, adoptadas en un Parlament secuestrado, han liquidado el autogobierno de Catalunya, provocado graves incertidumbres económicas y se han situado al margen de la ley, más allá del relato victimista y de ensoñación que han construido para movilizar a un 38% de la sociedad, sin importarles la frustración que van a generar.
Como fuerza de la izquierda, el PSOE mantiene grandes diferencias con el PP en políticas sociales, en la defensa de las libertades, en la regeneración de las instituciones frente a la corrupción, ante la pérdida de calidad de la democracia, en la concepción de un Estado de derecho que ha de recuperar la credibilidad y en el modelo de país para una España federal y plurinacional. Desconfiamos de Rajoy, por supuesto, y no podíamos dejar en sus manos un recurso excepcional, de gran complejidad jurídica y nunca aplicado como es el artículo 155 de la Constitución, que se pone en marcha como consecuencia de la vulneración constitucional y estatutaria por parte del bloque secesionista.
Nuestra posición debe ser explicada para evitar la manipulación de Podemos que siempre escapa a la hora de asumir responsabilidades, como ya sucediera con ocasión del acuerdo para luchar contra el terrorismo yihadista. Pedro Sánchez y la dirección del PSOE consideró que era necesario poner condiciones a la aplicación del 155 en términos de agotar antes las vías de diálogo, gradualidad, proporcionalidad, convocatoria inmediata de elecciones en Catalunya, no intervenir en la tutela de los medios públicos de comunicación como TV3 y utilizar la Policia en última instancia, con prudencia debida y la máxima inteligencia. Son los Mossos quienes han de asumir las tareas de orden público, sin olvidar la petición a la Fiscalía General para que actúe con la prudencia y discreción debidas.
No observamos ninguna bandera propia de la izquierda en este proceso de radicalización independentista en el que, curiosamente, van juntos de la mano los representantes de la derecha catalana de los Pujol y Mas con las fuerzas anticapitalistas y antisistema. El PSC y el PSOE ofrecen una alternativa de cara al 21D basada en los valores de la solidaridad y la cohesión, convivencia y respeto al pluralismo, cooperación y federalismo. Se parte de los documentos de las llamadas Declaraciones de Granada y Barcelona, así como de lo aprobado en el reciente Congreso Federal del PSOE. Con todo ello, Miquel Iceta trabajará para obtener un Pacto de Estado para Catalunya.
Las elecciones convocadas para el 21D, como desea el 70% de la población, constituyen una buena decisión para acortar al máximo la vigencia del 155 aunque no son, en si mismas, una garantía para solucionar el conflicto. Pero la solución pasa por la celebración de elecciones en condiciones de libertad, máxima normalidad democrática y concurrencia de todas las fuerzas catalanas.
Mientras, debemos aprovechar este periodo para poner en marcha la Comisión especial creada a instancias de Pedro Sánchez en el Congreso y destinada a dialogar, debatir y formular propuestas sobre las carencias y desajustes del modelo autonómico así como sobre el conflicto de Catalunya. Veremos si PDeCaT, ERC y Podemos son coherentes con la defensa hueca del diálogo y participan en dicha Comisión o hacen boicot.
Pero lo anterior no sería suficiente si al final del camino de la Comisión del Congreso Pedro Sánchez no hubiera logrado de Rajoy, tras años de proponerlo, el compromiso de abrir los trabajos de reforma de la Constitución. Urge su reforma para blindar los derechos sociales de la ciudadanía cuestionados en los años de crisis por el Gobierno de Rajoy, combatir de manera efectiva la desigualdad creciente fortaleciendo el Estado Social y Democrático de Derecho, regenerar nuestras instituciones revitalizando una débil democracia y acoger un modelo territorial de carácter federal que reconozca el carácter plurinacional de España y permita explorar nuevas vías.