Y se pronunció la palabra “lawfare”. Es posible que fuera de Cataluña o del País Vasco pocos conocieran hasta hoy esta palabra, pronunciada hasta la saciedad por los sectores independentistas –también por la izquierda española– durante los últimos años. La expresión, que es un juego de palabras con el término warfare, hace referencia a la lucha política que instrumentaliza a los tribunales. De ese modo, demandas y querellas que están basadas en la nada, intentan dejar fuera de juego –hasta en la cárcel– a un rival político incómodo cuando se encuentra un juez amigo dispuesto a secundar la estrategia de un sector ideológico. Ni siquiera es algo nuevo. De hecho, el origen de la mismísima inmunidad parlamentaria en el siglo XVII inglés proviene de la actitud poco edificante que exhibían unos jueces que, instrumentalizados por el rey, apresaban a los diputados del parlamento para evitar que votaran leyes que no le convenían al monarca. Después de aquello hubo muchos más casos allí y en otros lugares. De hecho, el primer caso de lawfare que soy capaz de recordar es el proceso que condenó a muerte a Sócrates, para espanto de sus discípulos, que indignados por aquel asesinato plenamente legal en la forma, difundieron sus ideas con tal empeño que han llegado, por diferentes avatares históricos, hasta nuestros días. Decidir matar a un maestro es una pésima idea que nunca borrará sus enseñanzas.
El acuerdo de investidura de JxCat y el PSOE alude a este término de un modo tal vez inoportuno, probablemente imprudente y con seguridad innecesario, lo que hace totalmente lógico que las asociaciones judiciales hayan salido en tromba a defender al colectivo. Hubiera convenido más bien callar y dejar que las investigaciones, también judiciales por cierto, hicieran su labor. El tiempo pone a cada uno en su sitio, tarde o temprano. Y creo que sólo un ciego de mente no se da cuenta de que no sale gratis que un ministro del Interior diga “esto la fiscalía te lo afina”, ni tampoco que “así controlaremos la Sala Segunda desde atrás”. Si saliera gratis, Jorge Fernández Díaz no estaría en espera de juicio. Además, el Consejo General del Poder Judicial se habría renovado hace tiempo.
Créanme que no es una visión buenista. Critico habitualmente los excesos de poder y los errores jurídicos que observo, porque deseo que el lugar donde vivo sea una democracia y no el gobierno de una élite, es decir, una dictadura. Y aunque el camino es lento y a veces está lleno de piedras que parecen montañas abruptas, la realidad se acaba imponiendo porque en democracia, si se tiene algo de paciencia, todo llega. La razón es que existe libertad de expresión para denunciar los excesos y no faltan jueces, fiscales ni policías, cada uno a su nivel, que defienden realmente su independencia –o autonomía– de criterio como es debido. Dicho más claramente, su honestidad e integridad.
Claro que ha habido, y habrá, errores jurídicos que son o parecen intencionados. Ha habido jueces ya condenados por prevaricación y condenas a España del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por mala praxis de algunos jueces. Y habrá más en el futuro, porque en todo colectivo, por desgracia, hay y habrá ovejas negras. Pero la manera de descubrirlas no es haciendo evocaciones luminosas para satisfacer al respetable, porque las instituciones no son actores de una obra de teatro, y muchos intentamos denodadamente que no se conviertan en un circo. No hace falta añadir sal y pimienta a las heridas que todavía están abiertas, porque se trata de hacer que cicatricen, y no que supuren hasta que gangrenen.
Este acuerdo de investidura ya es difícil de por sí por razones emocionales. Muchos españoles sienten que se rompe el país por intentar devolver a la política lo que nunca debió haber alcanzado los tribunales. Y ese sentimiento, por más convicción con que se sienta, no tiene lógica alguna, como todos, absolutamente todos, verán dentro de un tiempo. Lancemos mensajes de conciliación que puedan ser asumidos por todas las partes y constatemos los puntos de desacuerdo para dirimirlos políticamente. Pero si realmente se desea alejar a los jueces de cuestiones políticas, no seamos tan ingenuos como para implicarlos directamente y por escrito en un documento firmado y rubricado. Es absurdo.