El proyecto de Ley de Libertad Sexual, propuesto por el Ministerio de Igualdad, contempla en la exposición de motivos y en su artículo 7 la necesaria implantación de la educación sexual de calidad en la formación reglada y en todos los niveles educativos. Estas medidas no son nuevas y se encuentran ya incluidas en leyes anteriores, como es el caso de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, la educación sexual, reforma tras reforma, sigue estando ausente en las aulas o se imparte con un enfoque meramente preventivo, centrado en los riesgos. Por si fuera poco, esto sucede pese a las recomendaciones de la OMS, los estándares de calidad en educación sexual de la UE, los principios de Yogyakarta y otras normativas internacionales, estatales y autonómicas. Sucede, también, a pesar de la persistente demanda de las personas adolescentes y jóvenes.
La nueva ley no implica un cambio de rumbo que permita confiar en que la vertiente educativa que contiene no se quede en el papel, limitándose a servir de aval para justificar que se llame integral una norma básicamente punitiva.
No supondrá ningún avance a no ser que se afronten las trabas que permiten que la educación sexual siga siendo una asignatura pendiente en nuestro país, a diferencia de otros países de nuestro entorno. De entrada, es problemática la ausencia de partidas presupuestarias destinadas a este efecto, pero también las resistencias de una parte de la comunidad educativa y la falta de apoyo institucional a quienes imparten estos programas y se “atreven” a cumplir la ley, como es el caso de Skolae. Por otra parte, es necesario concretar los contenidos y el enfoque que esta educación sexual debe tener, así como garantizar evaluaciones de calidad que no sean un nuevo trámite burocrático, sino que sirvan como fuente de aprendizaje y mejora. Son estos algunos de los obstáculos que es inexcusable suprimir.
No educar es educar. Desgraciadamente, la ausencia de educación sexual nos enseña que el sexo es “algo malo y oscuro” de lo que no se puede hablar, alimentándose así miedos y tabúes y dejando en manos de la pornografía una tarea que no es la suya y que, por tratarse de una ficción, distorsiona este aprendizaje en la adolescencia y la juventud.
Desde hace dieciséis años, la educación sexual con un enfoque positivo, democrático y pluralista de la sexualidad, ha sido uno de los ejes de intervención del Programa por los buenos tratos de acciónenred Andalucía dirigido a jóvenes y a diferentes agentes sociales. Una intervención alejada de miedos y tabúes, que pretende hacer consciente de los riesgos, pero que pone el énfasis en los valores que hemos de cultivar en toda relación interpersonal y sexual: igualdad, autonomía, libertad para decidir sobre nuestras vidas sin condicionantes sexistas, autocuidado y cuidado de las personas con las que nos relacionamos, responsabilidad, afrontamiento pacífico de los conflictos, empatía... Una mirada que pretende contribuir a la reflexión crítica sobre los estereotipos sexistas y otros condicionantes que limitan la sexualidad, así como potenciar el desarrollo de habilidades que faciliten expresarla de forma que sea fuente de bienestar, salud y placer.
Defendemos una educación democrática que contemple la diversidad de corporalidades, identidades, orientaciones, deseos o prácticas eróticas, como una realidad enriquecedora de la sexualidad de todas las personas. Las medidas preventivas deben impregnarse de esta mirada inclusiva y alejarse de narrativas que sitúen la penetración heterosexual como la única o principal práctica sexual. Se hace imprescindible también alentar buenas prácticas para moverse en el escenario de las Tecnologías de las Relaciones, la Información y la Comunicación (TRIC), aportando a la juventud, por ejemplo, herramientas para un manejo positivo del sexting.
En definitiva, propugnamos una educación sexual desde los Buenos Tratos que amplíe el abanico de posibilidades de experimentación de prácticas eróticas, así como la libertad y seguridad para su demanda, consentimiento o rechazo; una educación sexual que contribuya a una reflexión más consciente de los riesgos (embarazo no planificado, ITS, agresiones sexuales, discriminaciones), que capacite y aporte habilidades y que esté focalizada en la educación en valores, no en los miedos y estigmas.
Esta educación debe estar incluida y adaptada a los diferentes niveles educativos, cuestión que suele generar alarmismo en un sector de la opinión pública que obvia que la educación sexual es diferente en sus contenidos y objetivos a lo largo de la etapa educativa e incluye aspectos diversos: el conocimiento y aceptación del propio cuerpo, la normalización y naturalización de la sexualidad como una cualidad humana, la educación en valores y habilidades que son transversales a toda relación interpersonal, etc.
La educación sexual es un derecho que forma parte de la educación ciudadana integral, que debe garantizar la enseñanza pública y que sistemáticamente es vulnerado. En Andalucía, sucede con mayor gravedad, ya que se viene haciendo explícitamente, en nombre del derecho de los progenitores a decidir, y está avalado institucionalmente desde el gobierno autonómico.
Por todo ello, resultará más lamentable constatar que la Ley de Libertad Sexual se limite a repetir lo que ya figuraba en las anteriores normas (también en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género) y no establezca garantías para su cumplimiento. La ley está lejos de garantizar la libertad sexual, pero al menos desearíamos que en el transcurso del debate parlamentario se modificara para que, como mínimo, se asegurase la educación sexual en todo el proceso educativo desde un enfoque integral y constructivo.