Posiblemente muchos ciudadanos y ciudadanas se pregunten a qué se ha dedicado estos últimos meses la Subcomisión de Educación creada en el Congreso de los Diputados para trabajar en un acuerdo educativo. Más de 80 comparecientes, representantes de la Comunidad educativa, colectivos relevantes y expertos en diversas áreas de innovación y educación han compartido su visión y propuestas para la mejora de nuestro sistema educativo. Han sido muchos los retos planteados en la Subcomisión que no ha llegado todavía a su fin.
Estos meses, el debate político educativo se ha centrado en el futuro, en diagnosticar para mejorar, y en este objetivo hemos trabajado los distintos grupos parlamentarios. Y lo hemos hecho desde la búsqueda de los mejores diagnósticos y las propuestas fundamentadas en apreciaciones sólidas y rigurosas.
Sin embargo, el PP ha roto la imprescindible lealtad política e institucional con el registro de una Proposición no de Ley en el Congreso que viene a denunciar las decisiones de varios Gobiernos Autonómicos socialistas que han decidido cerrar líneas o unidades concertadas. La proposición llega aún más lejos dejando entrever una causalidad ideológica que busca deliberadamente poner en riesgo la viabilidad de dichos centros concertados, vulnerando la libertad de enseñanza y como consecuencia la libertad de elección de centro.
En esta proposición se demuestra una incoherencia manifiesta por parte del Partido Popular. Existe un derecho a la libertad de enseñanza, por supuesto, tanto como está limitada (y garantizada) por la necesaria planificación escolar. En todas las decisiones que enumera dicha proposición, la reducción de unidades concertadas está claramente vinculada a una necesaria racionalización de los recursos educativos y a unos criterios perfectamente objetivos que respetan el derecho existente de centros y familias. Este es el marco de un binomio de derechos y deberes, en el que se han tomado decisiones comprensibles desde el punto de vista escolar. En cambio, de la lectura de dicha proposición solo se puede deducir lo contrario de las pretensiones del Partido Popular, puesto que sí está dispuesto a alterar los criterios objetivos de planificación educativa, a tomar decisiones de manera discrecional y aumentar la oferta de unidades concertadas frente a la educación pública, aun vulnerando dicho derecho a elegir de las familias. Es curioso que el PP no ponga como ejemplo de dicha vulneración las decisiones de final de curso por sorpresa y de manera absolutamente discrecional de “reordenación de centros” que lleva al cierre de varios colegios públicos en Galicia, con la consiguiente y justificada alarma social. Poco más que decir de la irracionalidad de decisiones de eliminar unidades en centro públicos en la Comunidad de Madrid a pesar de que las necesidades de escolarización son evidentes.
Lo más grave del planteamiento del Partido Popular es que ha pretendido presentar como evidencia de la vulneración del derecho a elegir centro por las familias, lo que son decisiones dentro del margen de planificación o de las normas que lo deben articular. Inexplicablemente el PP parece buscar un desacuerdo más que un acuerdo, actúan de manera desleal con la Subcomisión política del Congreso y sitúan el principio de una negociación en unos términos condicionantes muy perniciosos y sobre premisas no correctas para cualquier inicio de acercamiento a una posición de consenso.
Para entender en qué se sustenta el “debate” sobre la libertad de elección de centro debemos remontarnos a 1978 y al artículo 27 de la Constitución española. El artículo 27 garantizó tanto la libertad de elección de centro escolar como la facultad de los poderes públicos de garantizar el derecho de todos los ciudadanos a la educación en condiciones de igualdad por medio de la planificación y regulación de las plazas escolares, sin que ello signifique vulneración del derecho a la elección de centro. Son dos caras de la misma moneda. Pretender desvirtuar un principio con el otro, es un error del que hace gala la proposición del PP. Los padres, obviamente, pueden ejercitar su derecho, aunque distinto es que la elección pueda ser satisfecha en función de que existan o no existan plazas por la necesidad de observar la “ratio”.
Leyes posteriores como la LODE traducen estos principios constitucionales en una regulación que permite la libertad de elección de escuela por parte de las familias, pero la matizan y limitan en el acceso a los centros sostenidos con fondos públicos en aquellas situaciones de exceso de demanda, es decir, en los casos en que el número de solicitudes para obtener plaza en un centro escolar supere las plazas disponibles. Es precisamente la versión ideológica más radical del Partido Popular la que desborda este necesario equilibrio constitucional, mediante la introducción de la demanda social en la LOMCE.
En este caso, se ordena el proceso de admisión de alumnos a partir de los criterios de hermanos matriculados en el centro, proximidad del domicilio, del lugar de trabajo, nivel de renta de la unidad familiar y concurrencia de discapacidad en el alumno o en alguno de sus padres o hermanos. Del mismo modo, también es necesario que la planificación educativa tenga en cuenta una distribución equilibrada de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Hasta aquí parece razonable que los poderes públicos establezcan los criterios sobre los que ordenar la demanda y las necesidades de escolarización, en condiciones de igualdad para todos los centros sostenidos con fondos públicos y no dejar al albur de cada uno de ellos mecanismos de selección desde el propio centro. Esto es lo que el PP no se atreve a reconocer abiertamente como su auténtica voluntad. No es el derecho a elegir, sino la posibilidad de los centros de seleccionar los alumnos.
Las medidas que introdujo la LODE para regular el proceso de admisión de alumnos delimitaron la libertad absoluta de elección de centro, basándose en la consideración de que, sin la intervención pública, se producirían situaciones de distribución de alumnos que repercutirían en las oportunidades educativas de los colectivos más desfavorecidos.
La LODE permitió de esta manera el acceso a la educación de colectivos tradicionalmente excluidos de ella. Sin embargo, hoy en día, la realidad indica que el alumnado más desfavorecido se concentra en determinados centros, escuelas que reúnen la nueva inmigración y alumnado autóctono en situación de riesgo y exclusión social, mientras que otros centros, en su mayoría concertados pero también algunos públicos, presentan una homogeneidad social que les facilita implementar los procesos de enseñanza-aprendizaje sin tener que buscar recursos para atender adecuadamente a la diversidad del alumnado que escolarizan procedente de otros países, con diversidad funcional, absentistas, disruptivos, etc.
Los socialistas entendemos las posiciones de defensa de la libertad de elección de centro desde una perspectiva de defensa de un derecho que solo adquiere pleno sentido desde la necesaria planificación escolar y los criterios de escolarización. Solo así es un derecho para todas las familias y solo desde esta premisa, la educación concertada puede ser responsable también del servicio público educativo. De lo contrario sería una vía alternativa y excluyente pero no parte del sistema. Si lo que el Partido Popular pretende es que bajo este derecho se deslice otro tipo de intereses, que lo diga abiertamente: bien porque tiene una perspectiva mercantilista de la educación que lo entronca con el cheque escolar o bien porque está dispuesto a sacrificar la equidad y la igualdad de oportunidades educativas mediante mecanismos formales e informales que permiten la selección de alumnos y las familias.
En resumen, la realidad y el fondo del modelo educativo derivado de la libre elección de centro que propone el PP se basa en un planteamiento fuertemente ideológico que distorsiona el sentido del artículo 27 de la Constitución Española para lograr que el sistema de escolarización en nuestros centros se base en un proceso de selección de alumnado, muy lejos del modelo de escuela inclusiva y no segregadora que defiende la mayoría de nuestra sociedad, como reproducción de ella misma y que es el modelo escolar que prima en los países de nuestro entorno europeo.
Para los socialistas es primordial que se avance por la senda del acuerdo, el modelo educativo es una prioridad para nuestra sociedad y también para los poderes públicos. Por eso, cabe recordar que en la Conferencia de Presidentes celebrada el pasado mes de enero en el Senado se aprobó el compromiso por parte del Gobierno y las CC.AA de plantear las bases de un “Pacto de Estado por la Educación”. Han pasado seis meses y una vez más el Gobierno del Rajoy no ha planteado nada, salvo crear malestar, reforzar la LOMCE y mantener su política de recortes, mala combinación para poner las bases de un Pacto.