Madrid es una región extraordinaria. Una comunidad plural, diversa y alegre. Una tierra acogedora, abierta, llena de oportunidades y de futuro que hemos construido durante décadas entre todos y todas con trabajo y dedicación. Como delegado del Gobierno de España, me enorgullece también poder decir que Madrid es, además, una región segura en un país seguro. Pero Madrid, por desgracia, también tiene otra cara.
Algunos se sienten agraviados cuando afirmamos que la Comunidad de Madrid es profundamente desigual. Rápidamente corren a esgrimir los hitos económicos de nuestra Comunidad que, como los del país, no son pocos, pero que no logran ocultar la dura realidad social en la que de forma crónica y decadente desarrollan su vida buena parte de nuestros vecinos y vecinas.
¿Nos vale tener los barrios y municipios más ricos de España si también tenemos más de un millón de personas en riesgo de pobreza?
¿Nos vale ser la “locomotora económica” del país si más de 200.000 hogares tienen menos de 1.000€ de ingresos mensuales y tenemos una tasa de riesgo de pobreza en menores de 16 años de más del 22%?
¿Nos vale tener una comunidad autónoma que crece y atrae inversión si este crecimiento y esta inversión no es capaz de llegar a todas las capas de la sociedad?
¿Nos vale atraer firmas de lujo si uno de cada cuatro niños se encuentra en situación de pobreza y un porcentaje muy elevado de nuestras familias tienen dificultades para llegar a fin de mes?
¿Nos vale atraer a cientos de millonarios a comprar viviendas exclusivas en nuestras ciudades si se expulsa a los vecinos de sus barrios de toda la vida?
Somos muchos quienes consideramos que es urgente actuar para reequilibrar este Madrid a dos velocidades.
Mirando hacia otro lado no se solucionan los problemas. Hay que ser valientes, responsables y abordar la complejidad de nuestra región en su totalidad, no solo aquella mitad en la que nos podamos sentir más cómodos o nos permita quedar mejor en las fotos.
La sociedad madrileña se enfrenta hoy a nuevos y acuciantes desafíos. Pero si hay una cuestión que, sin duda, urge encarar es el problema de la vivienda, y hay que hacerlo de manera concreta y decidida.
Es necesario apostar por una seria regulación de los pisos turísticos en nuestras ciudades. Porque el problema va mucho más allá de dejar de dar nuevas licencias, como ha anunciado recientemente el Ayuntamiento de Madrid. Porque el daño a nuestros barrios y a sus vecinos y vecinas ya está hecho y es hora de actuar, con más recursos públicos y más inspecciones.
Es profundamente falaz que nos digan que el principal problema de la vivienda en la ciudad de Madrid es la ocupación, cuando se estima que en la capital hay 1.000 viviendas ocupadas y más de 25.000 viviendas de uso turístico no reguladas, una situación que, además de expulsar a los vecinos de las zonas más céntricas, puede suponer una brecha en nuestra seguridad.
La vivienda, como dijo el presidente del Gobierno el pasado mes de diciembre, es el gran reto constitucional que tiene hoy nuestro país y debe ser concebida como un pilar esencial del estado del bienestar. Los jóvenes llevaban demandando soluciones a esta cuestión desde hace demasiado tiempo, y el problema ha escalado hasta ser intergeneracional. El Gobierno de España puso la primera piedra con la Ley de Vivienda aprobada a finales de la pasada legislatura. Ahora es el momento de que Madrid cumpla esta ley, como todas las demás. Sin excusas.
El alto coste de la vida, sumado a la imposibilidad de poder acceder a una vivienda en nuestra comunidad, causa unos niveles intolerables de desigualdad que derivan en una severa exclusión social.
Los madrileños y madrileñas han visto cómo las políticas del Gobierno de España ponen a las personas en el centro, logrando subir el salario mínimo profesional, revalorizando las pensiones, incrementando las becas, contribuyendo a generar empleo y ayudado a los más vulnerables con el Ingreso Mínimo Vital o ahora con las nuevas tarjetas monedero, entre otras medidas. Pero hay que continuar avanzando.
La situación reclama políticas sociales activas, modernas y ambiciosas. En el ámbito de sus competencias, exige del compromiso social de la Comunidad y los ayuntamientos madrileños. Es esencial tomar medidas que tengan un impacto directo en la mejora de la vida de las personas. De esto tampoco les gusta a algunas y algunos que hablemos, y es la bien llamada justicia social.
Justicia social es que el código postal del lugar en el que naces no suponga un freno a las oportunidades para alcanzar una vida plena. Pero la justicia social no es solo un ideal, tiene que ser una realidad palpable para todos y todas.
No podemos seguir alimentando un sistema que perpetue la pobreza. Porque la pobreza no debería heredarse.
Los madrileños y madrileñas son muy conscientes de estas situaciones que nos afectan a todos. A nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, y esperan de nosotros que demos una respuesta sosegada pero firme, concreta y decidida a sus problemas.
Por todo ello, hay que actuar.
Porque nos lo están demandando cada día, merece la pena seguir trabajando por la vivienda. Para que deje de ser un problema y pase a convertirse en un derecho real y efectivo.
Porque merece la pena que los jóvenes madrileños encuentren las condiciones para sacar adelante su proyecto de vida, y merece la pena que las personas mayores culminen su vida en unas condiciones dignas.
Porque merece la pena volcar los esfuerzos en quienes acumulan abandono.
Porque merece la pena continuar trabajando para que Madrid sea una región con un proyecto de futuro, que atienda a su realidad rural al tiempo que resuelve los equilibrios urbanos. Una región que crezca, desde una prosperidad que llegue a todos y a todas.
Porque merece la pena seguir trabajando por un modelo de país que avanza económicamente sin dejar a nadie atrás. Con justicia social y con un tejido industrial renovado. Con más y mejores empleos y una fiscalidad justa. Con más feminismo y más inclusión. Sin violencia de género. Apostando por el transporte público y desarrollando una imprescindible transición ecológica.
Porque merece la pena aprovechar la potencia de una colaboración leal y efectiva entre las administraciones, convirtiendo a Madrid en el epicentro de la regeneración democrática que debe afrontar España.
Porque queremos que la Comunidad de Madrid se ponga a la cabeza de ese modelo de país, vamos a seguir luchando y vamos a seguir trabajando, con más fuerza si cabe.
Porque Madrid hay que tomársela en serio. Porque Madrid merece la pena.