Son ya diez los meses que llevamos desde la constitución de la Comisión de Investigación Parlamentaria sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular en el Congreso y dieciséis sesiones en las que se han sucedido un total de dieciocho comparecencias y tres comparecientes que no han recibido la citación o no ha podido comparecer: Beltrán Gutiérrez, Marcos Benavent y Ricardo Costa.
El planteamiento del que ha partido el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana en esta comisión es el de establecer lo más parecido a una comisión de la verdad, dado que creemos necesario hacer una reflexión catártica acerca del estercolero en el que se ha convertido el Estado en lo que respecta a la corrupción. Sobre todo, porque entendemos que la financiación ilegal de un partido político supone la compra de voluntades políticas.
Actualmente, nos encontramos en el ecuador del proceso de comparecencias y, a nuestro modesto entender, podemos establecer cuatro perfiles claramente diferenciados en relación a los comparecientes. Por un lado, encontramos a los llamados expertos en corrupción: personas que dada su larga trayectoria policial o periodística son conocedores y han informado en primicia de los distintos casos de corrupción que se han sucedido en el Estado durante los años de boom inmobiliario. En segundo lugar, están los facilitadores de la corrupción, es decir aquellas personas que actuaron de correa (nunca mejor dicho) de transmisión entre los dos grupos restantes para hacer efectiva la corrupción. En tercer lugar, encontramos los dirigentes políticos que accedieron a la práctica de conductas corruptas, es decir, los corrompidos. Y, finalmente, pero no menos importantes, los corruptores. Esos empresarios que, haciendo uso de su poder económico, administraron prebendas y privilegios para que los corrompidos, en uso de su cargo público les favorecieran con jugosos contratos, concesiones y/o adjudicaciones de obra pública.
Pese a estar aprobadas sus comparecencias, este último grupo de comparecientes no se ha prodigado prácticamente nada en las dieciséis sesiones que llevamos. En cualquier caso, las sesiones celebradas hasta la fecha nos permiten ya sonsacar una principal conclusión y es que el Partido Popular actúa como el cuerpo de Marines. Trataré de explicarme.
Existe una máxima entre el cuerpo de Marines de los Estados Unidos por el que no se abandona a ningún compañero en el campo de batalla conocida como No Man Left Behind. Esta loable afirmación es defendida por orgullo por los soldados americanos a la par que explotada cinematográficamente por no pocas producciones americanas en las que un solo soldado o un grupo de ellos emprenden una misión casi suicida con el único y noble objetivo de salvar la vida de su compañero de armas que ha caído malherido, emboscado o bien capturado por el enemigo de turno.
Esta misma actitud es la que está teniendo la bancada popular con los comparecientes con carnet popular que han tenido que comparecer para esclarecer la supuesta financiación ilegal del PP. Baño, masaje y diatriba contra las demás fuerzas políticas por haber organizado una causa general contra su formación política. En lugar de mirar la Luna (la corrupción) optan por seguir mirando el dedo.
El PP no ha dejado a nadie atrás en estas comparecencias. Incluso sabiendo que una defensa simultánea del Sr. Granados y la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, supone nada menos que un acto de fe. O incluso a aquellos cargos políticos que en su momento fueron obligados a apartarse como Francisco Camps.
El PP no deja nunca nadie atrás. Sobre todo si saben que esta persona luego pueda sentirse traicionada. ¡Qué lástima que Ricardo Costa, traicionado por Camps, no haya podido comparecer todavía! Por ejemplo, Bárcenas tuvo una indemnización en diferido, según Cospedal, y mantuvo su despacho, su secretaria y chófer a cambio de cesar su actividad como tesorero popular. Beltrán Gutiérrez, el gerente del PP madrileño, controlaba los presupuestos de campaña en Madrid al mismo tiempo que firmaba los recibíes de las donaciones de empresarios a FUNDESCAM con los que luego, según informes policiales, se pagaba a Special Events los actos de campaña de Esperanza Aguirre. En 2003, tuvo que dimitir. Sin embargo, fue contratado por el PP de Madrid al día después que el PP diera de baja su contrato indefinido en la Seguridad Social. Nadie se queda atrás.
Ni el big bang de corrupción que supusieron los Papeles de Bárcenas ha alternado el equilibrio de alianzas y la omertá popular. Ni aún existiendo el precedente de la admisión de delitos electorales por parte de empresarios del País Valencià que admitieron haber asumido mediante el pago de facturas falsas gastos electorales populares, parece hacer mella en la granítica defensa del PP a sus corrompidos. Una omertá popular que no deja de ser el reflejo de la cultura de la impunidad en la que se fraguaron las grandes tramas de corrupción por la que han prevalecido los intereses privados de algunos por encima de los públicos.
Se trata de una cultura de la impunidad, ampliamente reproducida en la reciente historiografía española. La falta de una cultura de la res pública, heredada de la falta de criterios de transparencia y democracia política del franquismo, abonaron el terreno para la existencia de una percepción de impunidad política, judicial y social que gozaron muchas de la reconvertidas élites políticas y empresariales en el Estado español desde la instauración del Régimen del 78. Una impunidad que ha permitido a las élites económicas tener acceso a las publicaciones oficiales por medio de aportaciones económicas a las cuentas del partido o el ofrecimiento de prebendas.
Solamente con la asunción de los actos cometidos y de los daños sociales causados, así como la concreción de actos de perdón concretos a la ciudadanía junto con la puesta en marcha de mecanismos de mejora en el control de la financiación de los partidos políticos, se podrá acortar una de las más hondas brechas que separa a la ciudadanía de la política y con la cultura de la impunidad heredada del Régimen del 78.