Los miembros de la comunidad académica estamos asistiendo a un escándalo sin precedentes, con la presidenta de la Comunidad de Madrid perseguida por un caso de corrupción que afecta de manera nodular a su condición de cargo institucional, de representante y de figura pública. El futuro de la universidad pública y la ciencia en España estará condicionado por cómo se resuelva esta crisis, que va más allá del caso concreto y el nivel estrictamente gubernativo. No podemos quedarnos esperando que otros lo hagan por nosotros, dejando que una vez más la política se vacíe de contenido y vivamos degradados en la judicialización de nuestra convivencia.
El comportamiento de Cristina Cifuentes es reprobable por motivos sobrados, pero especialmente porque instituye la impunidad. El mensaje que está enviando es que una conducta inmoral, fraudulenta y hasta delictiva tiene réditos y puede eludir las sanciones públicas e incluso las judiciales. Es en definitiva una llamada a la generalización de la corrupción por todo el cuerpo social, y en un asunto vital como la formación para la sociedad del conocimiento.
Al comienzo de la crisis la universidad salió a la calle a protestar por los recortes: lo hizo en masa, como comunidad, y supo mostrar a los destructores de lo público su rechazo colectivo a la austeridad impuesta para fines espurios, denunciando la creciente dificultad de acceso de las capas menos favorecidas a la educación superior. Pero la universidad y los centros públicos de investigación venían arrastrando una serie de conflictos internos de gran calado, que permanecían invisibles, o más bien invisibilizados durante décadas. Al igual que otros sectores, la I+D+i española ha tratado de soportar la crisis como ha podido; pero en este caso, detrás de lo que parecía simplemente ajustarse de forma colectiva a los recortes, se ha producido un reparto muy desigual de los costes y esfuerzos, según criterios tan poco científicos como la jerarquía y la antigüedad, y exacerbando la endogamia heredada.
Las autoridades universitarias y científicas han centrado sus quejas en la falta de financiación, pero en buena medida se han acomodado a relatos autocomplacientes sobre la excelencia. En nuestras plantillas universitarias y científicas seguimos teniendo los salarios más bajos y las peores condiciones laborales de Europa, con una explotación sistemática de los investigadores precarios y profesores bochornosamente mal remunerados (al punto de dejarlos sin paga durante las vacaciones o a cobrar la tercera parte de un profesor funcionario por el mismo trabajo) con la aquiescencia de los rectorados y departamentos; los sindicatos por su parte tampoco han denunciado convenientemente la amortización de las plazas de profesorado jubilado (que aumentan las cargas de trabajo docente y de tareas administrativas en paralelo a la reducción de las plantillas de este tipo de personal). Las movilizaciones de asociados e investigadores precarizados han tenido que hacerse también desde la precariedad de organización y apoyos.
Al estallar -gracias a la prensa vigilante- el “caso Cifuentes”, han tenido que ser los estudiantes, minorizados en la representación, marginados en la gestión universitaria y primeros perjudicados por toda esta pantomima, quienes con su iniciativa han impedido que la universidad en cuestión dé carpetazo rápido al asunto. El problema es el resto de los miembros de la universidad, de la Rey Juan Carlos de Madrid y de todas las demás del Estado. ¿Qué tiene que suceder para que los profesores universitarios y científicos españoles, que dedican su actividad social a señalar los problemas y retos de la sociedad y estudiar las soluciones mejores, admitan que su propio entorno laboral merece al menos la misma atención crítica que los asuntos a los que dedican su actividad profesional?
Las interpretaciones que hasta ahora han circulado no dan en el clavo ni muestran ambición explicativa suficiente. Dejarlo todo en unas cuantas “manzanas podridas” excepcionales es de un eufemismo miope: las prácticas de corrupción y tráfico de influencias que sustentan este caso son bien conocidas por cualquier académico. No son una excepción sino prácticas corrientes. Lo que sucede es que nadie habla de ellas en público y muchos prefieren no admitir su proliferación. No se resolverán además con más financiación: si hoy aumentasen los presupuestos en docencia e investigación, volverían a beneficiar a determinados sectores acomodados, y no lograrían reorientar las tendencias impuestas en la educación superior hacia modelos de gestión privada que además esconden favoritismos injustificados.
Es necesario romper el cerco de manipulación interesada, de silencio cómplice y de aquiescencia pasiva que mantiene a la comunidad académica bajo un poder oligárquico. Y tiene que ser ahora. No hay duda que con el PP se han traspasado algunas de las propias líneas rojas de este modus operandi, y en estos años de su gobierno la corrupción académica ha sido elevada a un sistema institucional de actividades ilegales al servicio del diseño de carreras académicas fraudulentas para futuros cargos de la administración y figuras políticas y de la empresa privada. Pero el formato es muy anterior: ni siquiera arranca del Plan Bolonia instaurado hace una década. Resulta muy socorrido identificar las irregularidades en la gestión de la I+D con la lógica de privatización del neoliberalismo; pero antes de la privatización, estuvo, ha estado y está la patrimonialización de lo público. Es ese aprovechamiento oligárquico y patrimonial de lo público por agentes individuales y colectivos lo que primero degrada los bienes comunes, sirviendo en bandeja los argumentos a favor de la privatización.
Es también el caldo de cultivo de una cultura que acosa a quienes intentan resistirse a su poder de imposición o seducción, y que se hace manifiesta a cada tanto, desde la selección y promoción del profesorado hasta el funcionamiento de las agencias de evaluación (justo en este mismo período la ANECA, agencia de ámbito nacional, ha impuesto un sistema de acreditaciones cada vez más cuestionado a nivel internacional y que aguarda aún una auditoría externa por posibles irregularidades) pasando por los rectorados con sobrerrepresentación de profesorado funcionario y llegando hasta las secretarías de educación de los gobiernos autónomos y ministerios estatales, las cuales han abandonado cualquier perspectiva acerca de los fines colectivos y sociales de la universidad y el CSIC que no comporte su subordinación a medidas arbitrarias de corto plazo o a subrepticios intereses privados.
La universidad se está convirtiendo en el trampolín para todas las “puertas giratorias” futuras de los corruptos. Está en juego impedir que tras el discurso que ensalza el capital humano lo que predomine en nuestra sociedad sea el capital social, las relaciones personales, el mundo de la deferencia hacia el poderoso y las irregularidades, por no hablar de la impunidad que heredamos de la dictadura para tantas otras cuestiones.
No debemos consentir nada de esto. Reclamamos la dimisión inmediata de Cristina Cifuentes como presidenta de la Comunidad de Madrid, antes y sin tener que esperar a ninguna investigación. El esclarecimiento de responsabilidades penales seguirá su curso, pero como ciudadanos exigimos responsabilidades políticas máximas ya, y entre ellas también la dimisión del equipo rectoral de la URJC por las dudas que ha sembrado en la gestión de este escándalo.
Pero no podemos aceptar que la solución a esta enorme crisis quede reducida a poner un parche más a un gobierno acorralado por la corrupción. Y como profesionales tampoco nos vamos a dejar tentar por una nueva respuesta corporativa, que en nombre de la defensa de lo público vuelva a postergar durante años los problemas acuciantes que arrastra este sector clave para el futuro pero que en la práctica viene expulsando del país a una generación entera de investigadores y docentes de calidad.
Hay que empezar por admitir que todos hemos convivido con esa cultura del favor, de la relación personal, la jerarquía impuesta de manera arbitraria, de la irregularidad para favorecer a este candidato o perjudicar a aquel, de la lucha banderiza de grupos organizados: una cultura de la endogamia y la corrupción que a menudo se sitúa por encima de adscripciones ideológicas y es reproducida de forma cotidiana por muchos en la universidad, a pesar de la resistencia de tantos otros, que en cambio no suelen contar a su favor con los vínculos exteriores que vienen asegurando y extendiendo su hegemonía.
Pero hemos dicho ¡Basta!
No queremos continuar conviviendo con esas prácticas, no estamos dispuestos a que la mancha de la corrupción, la irregularidad y la ilegalidad campen por sus respetos en las universidades y centros de investigación: es hora de hablar públicamente de los conflictos de calado que atraviesan el espacio académico, cuyo silencio impide el buen uso de los servicios públicos. Estamos hartos del secreto a voces sobre la desigualdad en el trato y el favoritismo, de la corrupción que no deja huella documental, de la falta de transparencia y la imposibilidad de obtener justicia al denunciar abusos y de la represalia como amenaza y respuesta. Estamos hartos de la impunidad y convocamos a todos los profesores e investigadores a expresar repulsa por la situación de la I+D+i, en contra de la corrupción y a favor de la democratización de la gestión del capital humano en nuestras universidades y centros de investigación. Hay muchas maneras de hacer esto: este manifiesto es solo una de ellas, que aspira a dar inicio un ciclo de reflexión crítica y movilización que incluya en primer término los problemas de funcionamiento interno del mundo académico en todo el estado.
Necesitamos abrir una nueva etapa. Apoyar esta lucha es no querer ser cómplice de otro gran fraude en la historia de la universidad pública cuyas secuelas pueden arrastrase durante años, cargando de nuevo sobre los más jóvenes por venir.