Pocas dudas hay de que el aumento de la desigualdad de rentas en nuestro país ha sido, junto con el del desempleo, una de las principales consecuencias sociales del cambio de ciclo económico de hace una década. Según EUROSTAT, España era uno de los cinco países con mayor desigualdad de ingresos de la Unión Europea en 2016: el índice de Gini creció en 2,6 puntos entre 2007 y 2014, un incremento de algo más de un 7 por ciento, y sólo se ha reducido un 0,6 por ciento desde entonces hasta 2016, en el corto período de recuperación desde el final de la crisis.
Como se ha subrayado en varios análisis especializados, este aumento de la desigualdad está ligado a las repetidas tasas negativas de crecimiento de ingresos que la mitad más pobre de nuestra población ha venido soportando desde 2007. Por eso, otros indicadores, que reflejan más directamente lo que les pasa a los colectivos con rentas más bajas, han aumentado bastante más que el índice de Gini. Sin ir más lejos, el S80/S20, que compara el porcentaje de los ingresos totales del 20 por ciento más rico y del 20 por ciento más pobre, pasó de un 4,8 (casi cinco veces) en 2007 a un 6,6 (más de seis veces y media) en 2016, un incremento de más de un 35 por ciento.
En este contexto, el Banco de España acaba de publicar uno de sus Documentos Ocasionales analizando la desigualdad de renta, consumo y riqueza. Limitándonos a las conclusiones del citado documento, ya que será necesario estudiar con mayor detalle todo su contenido, el mensaje principal es que el fuerte deterioro del mercado de trabajo es el responsable del aumento de la desigualdad de la renta per cápita en nuestro país, lo que llevaría a pensar, como ya avanzaba esta institución en su Informe Anual, que la creación de empleo durante la fase expansiva permitirá corregirla. Los autores subrayan que el incremento de las desigualdades salariales se ha producido por la reducción de las horas trabajadas de los asalariados con remuneraciones más bajas y no tanto por un aumento de la desigualdad en los salarios pagados por hora. De ahí deducen que este factor ha sido el principal determinante del notable aumento de la desigualdad de los salarios y de la renta total de los hogares antes de impuestos. Señalan, además, que las causas que se encuentran detrás de la dinámica de la desigualdad y sus efectos son complejas y que para tener una visión global del problema es necesario atender también a la información que nos proporcionan otras variables importantes como el consumo y la riqueza.
Ciertamente, no puedo estar más de acuerdo en que la primera de las razones para este desplome de los ingresos de los hogares más vulnerables tiene que ver con los profundos cambios en la distribución de las rentas de mercado (salarios y rentas de capital), como consecuencia del drástico aumento del desempleo y de la precariedad laboral. Y también estoy de acuerdo en que las causas de la dinámica de la desigualdad son complejas y que debemos estudiarlas analizando tanto el consumo como, especialmente, la riqueza. Pero a ello habría que añadir también el estudio de los efectos redistributivos de las políticas públicas, intentando responder a dos preguntas clave: ¿Por qué el aumento de la desigualdad de ingresos salariales en España durante la crisis se tradujo tan rápidamente en un aumento de la desigualdad de renta disponible de las familias (ingresos después de prestaciones e impuestos)? ¿Por qué un incremento tan importante del empleo como el que tuvo lugar en el periodo 2000-2007 y que redujo la desigualdad de ingresos salariales no supuso cambios en la desigualdad de la renta disponible de las familias?
Varios investigadores llevamos tiempo buscando respuestas para estas preguntas y hemos llegado a algunas conclusiones que se debatirán en varias sesiones del XXI Encuentro de Economía Aplicada a celebrar en la Universidad de Alcalá este mes de junio y que están en línea con las del reciente estudio comparativo de la Comisión Europea titulado Report on Public Finances in EMU (2017). Cabría resumirlas como sigue.
Antes de que llegara la profunda recesión, la desigualdad salarial (y en general la desigualdad de rentas de mercado, que incluyen salarios y rentas del capital) en España era baja en el contexto europeo. Países como Alemania, Reino Unido o Irlanda exhibían unos niveles significativamente más altos que los nuestros y, a pesar de ello, conseguían reducir la inequidad en la renta disponible de las familias gracias a un potente y efectivo sistema de prestaciones e impuestos, que conseguía reducir su índice de Gini en, al menos, un 40 por ciento. En contraste, el sistema de prestaciones e impuestos español, después de mejorar notablemente su eficacia entre 1973 y 1990 (Gráfico 1), no ha avanzado mucho más. Entre 1990 y 2010 su capacidad de reducir la desigualdad se mantuvo estable en un discreto 35 por ciento y sólo cuando la crisis arreció y afectó a la población con empleo más estable y mayores cotizaciones acumuladas, el sistema consiguió aumentar su eficacia.
Esta falta de eficacia y dimensión de nuestras políticas públicas supone la ausencia de mecanismos de protección de rentas que sostengan unos niveles mínimos de ingresos cuando el desempleo se manifiesta de forma particularmente virulenta, como lo hizo en esta crisis. Para poder financiar esas políticas, nuestro tipo impositivo efectivo medio, que es bajo en el contexto europeo, debe acercarse al de otros países de la Unión. Un pilar fundamental, por tanto, de la explicación de por qué la desigualdad en España es tan alta es esta debilidad de las políticas redistributivas, cuyo volumen y eficacia, a diferencia de lo que sucede con la mayoría de los indicadores macroeconómicos, nos sitúan junto a los países del Este europeo, lejos de los de mayor renta de la UE. No es extraño que la Comisión Europea, en su informe sobre España de 2017, nos reproche precisamente que la eficacia de estas medidas de contención de la desigualdad haya mejorado tan poco en las últimas décadas.