En su edición del pasado 2 de octubre, el diario La Razón publicó un artículo titulado 'Objetivo: Eliminar el nombre de José Antonio Primo de Rivera'. Se refiere a los esfuerzos de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño para borrar dicho nombre en la concatedral de Santa María de la Redonda y la Iglesia de Santa María de Palacio en Logroño, donde al parecer todavía subsiste. El autor lo califica de “damnatio memoriae”.
No es una terminología exacta. El nombre en cuestión está escrito en cualquier libro que trate de la Segunda República, de la conspiración para desencadenar un asalto a la legalidad que abocaría en una guerra civil, en esta misma y, a fortiori, en los basamentos políticos –y, si se me apura, jurídicos– de la subsiguiente dictadura franquista.
Figura, además, con muchos otros que la Ley de Memoria Democrática (LMD) especifica en su articulado. Ninguno está condenado tampoco, salvo por la Historia, con mayúsculas. Sin embargo, es difícil borrar sus nombres. Ni siquiera los de Hitler, sus sicarios, sus paladines y los responsables del Holocausto han sido borrados de la Historia. El pasado, simplemente, no se borra. Otra cosa muy diferente es enaltecer a sus malhechores.
También afirma el articulista que “hay quien considera que el fundador de Falange no estaría afectado por la normativa”. Desgraciadamente no da sus fuentes, como sí hace en otros casos. Sin embargo, no dudo de que otros aceptarán tal tesis, aunque ello implique poner en tela de juicio sus aptitudes de historiadores. Naturalmente, puede tratarse de gacetilleros o de cantamañanas, que de todo hay en la Viña del Señor.
Sin ser un biógrafo de Primo de Rivera (personalmente me niego a designarle por su nombre de pila) quisiera recordar varias cosas:
1.Mendigó y recibió dinero de Mussolini e incluso le remitió un informe, bastante malo, sobre la evolución política en la España republicana. No cobró, eso sí, en su totalidad la cantidad que el Duce le asignó mensualmente y para recoger la cual debía desplazarse a París. Esto, de por sí, no le hace delincuente (aunque sí, quizá, contraventor de las disposiciones en materia de importación de divisas). Tampoco sabemos si la Dirección General de Seguridad de la época rastreaba su conversión en pesetas, como ocurría con los donativos que recibía el PCE del extranjero.
2.Llegó a un acuerdo con los monárquicos alfonsinos para financiar las actividades de su organización. No lo dice servidor: lo especificó de una forma curiosa en sus no siempre veraces memorias el destacado líder del Bloque Nacional y de Renovación Española Pedro Sainz Rodríguez. Entre los cometidos contractualmente fijados figuraba utilizar a los falangistas de la época para que realizasen acciones terroristas contra los adversarios republicanos. El lenguaje, obviamente, se atemperó, pero uno de los jefes de aquel remedo de sus squadristi fue el comandante de Intendencia, aviador y caballero laureado Juan Antonio Ansaldo.
3.Conviene leer sus memorias, ¿para qué?... 'De Alfonso XIII a Juan III', publicadas por una editorial vasca fantasma, Ekin, en Buenos Aires en 1951 y digitalizadas por la Universidad de Michigan en 2009. Difíciles de encontrar, no en numerosas bibliotecas e incluso en AbeBooks hoy por el módico precio de 54,41 dólares. Vale, para los historiadores, su peso en oro, aunque sea escasamente fiable en el tema que aquí nos ocupa. Como tampoco lo es la biografía de Sainz Rodríguez que figura en el DBE de la Real Academia de Historia.
4.El trío Ansaldo, Sainz Rodríguez y Primo de Rivera estuvo involucrado en la conspiración monárquica, militar y fascista que promovió la creación de un “estado de necesidad”. Era preciso para justificar la sublevación y restaurar una monarquía fascistizada tras un período de transición en el cual el Ejecutivo antirrepublicano sería bicéfalo, con un jefe político, José Calvo Sotelo, y un jefe militar, el teniente general José Sanjurjo. Todos ellos conchabados con un abanico de directores de periódicos y de órganos de expresión del período tales como el ABC, El Debate, La Nación y sus cabeceras regionales y provinciales correspondientes.
5. El anterior trío, amén del encargado de los contactos de alto nivel con il Duce que fue Antonio Goicoechea y Cosculluela, mantuvo un activo contacto con el dictador italiano desde el acuerdo secreto de marzo de 1934, que los historiadores han desestimado por –según se dice– no haber dado resultados. En realidad, fue el comienzo de la fase activa de la conspiración monárquica tras el regreso de Calvo Sotelo de su autoexilio en París a raíz de la amnistía proclamada por el presidente del Consejo Alejandro Lerroux poco después de aquella fecha. Los lectores tampoco verán mucho de esto en su biografía del DBE.
6. En octubre de 1935, Goicoechea fue a visitar por tercera vez a Mussolini aprovechando una concentración monárquica en Roma para celebrar el matrimonio de Juan de Borbón, hijo y presunto sucesor de Alfonso XIII. Los papeles que llevó para ilustrar a Mussolini sobre el devenir y los objetivos de la conspiración civil y militar se encuentran en los archivos de La Farnesina (Ministerio de Exteriores romano). Se sustancian en una sentencia: si unas futuras elecciones dieran el triunfo a las izquierdas, se sublevarían. Monárquicos, carlistas, militares fascistizados y falangistas cumplieron lo anunciado.
7. El 14 de junio de 1936, Calvo Sotelo, Goicoechea y Primo de Rivera escribieron en plan de honorables pedigüeños a il Duce del fascismo una carta en la que describían la situación política española y reiteraban que contaban con una organización militar en el seno del Ejército (la UME) de cuya existencia tanto Mussolini como la embajada fascista estaban debidamente informados. Necesitaban un millón de pesetas para endulzar a los jefes de la 1ª División Orgánica (Madrid) las consecuencias del previsible exilio si la sublevación resultaba frustrada.
8. Los lectores podrán encontrar el texto en castellano de la carta, mal interpretada a consecuencia de las erróneas afirmaciones de un historiador italiano monárquico (que la dio a conocer en una revista de su país), en este artículo de mi autoría.
9. Afirmar el 2 de octubre de 2023 que Primo de Rivera no debería estar afectado por la Ley de Memoria Democrática es un brindis al sol. No dudó en solicitar ayuda directa a Mussolini en el plano financiero, fue a pachas con los conspiradores monárquicos y militares, tampoco dudó en recabar dinero a il Duce cuando la conspiración estaba llegando a su plena madurez y es incluso posible que Goicoechea, que le visitó en la cárcel de Alicante, le comunicara que había llegado a buen fin.
10. Sainz Rodríguez había firmado, en efecto, con la empresa de aviación italiana SIAI el 1 de julio de 1936 cuatro contratos de suministro de aviones de bombardeo Savoia Marchetti 81, que la SIAI fabricaba, y cazas Fiat C32 y tres hidroaviones, que la SIAI no fabricaba. La primera entrega de los Savoia Marchetti debía realizarse antes de finalizar el mes.
11. Así ocurrió. Los primeros 12 aviones Savoia Marchetti salieron de Cerdeña el 30 de julio. Uno cayó en el mar, otro se estrelló en territorio del Marruecos francés y un tercero planeó, por falta de gasolina, y se posó en las blancas y extensas playas que cortaba el río Muluya, muy cerca del aeródromo de Nador en Melilla. Los militares y policías franceses detuvieron a sus ocupantes y los interrogaron. Los protocolos respectivos se encuentran en los archivos del Servicio Histórico de la Defensa en París. Los engaños que el ministro fascista de Exteriores italiano espejeó ante el embajador francés en Roma no consiguieron su objetivo. Al contrario, reforzaron las informaciones que los pilotos y tripulantes habían suministrado. Todo lo que los amables lectores pueden leer en la abundante literatura al respecto no responde a los hechos, probados y documentados en siete archivos en Madrid, Pamplona, Roma, París y Londres.
12. No creo que haya forma posible de no considerar a Primo de Rivera como co-conspirador y co-inductor mayor de la sublevación de 1936. Sería incongruente que sobre él no recayese el peso de la Ley de Memoria Democrática. Alabada sea, pues, la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño por cumplir con la normativa. Es su obligación, pero también por no hacer caso a los cuentistas de la historia que siguen abundando por estos pagos benditos del Señor.