La ruta de las Canarias no es nueva en el mapa de flujos migratorios. Tras la fuerte afluencia que se produjo en 2006, donde llegaron más de 31.000 personas a las islas, las llegadas por mar han estado siempre presentes aunque con diferentes ritmos de afluencia. Por tanto, como punto de partida, desde CEAR consideramos que no se puede hablar de estar viviendo una situación de emergencia, sino de un fenómeno estructural, y como tal, hay que abordarlo.
En el marco de estas variaciones, en septiembre de 2019 cuando se comienza a detectar un incremento de llegadas provocado por el cierre de la ruta del Estrecho y del Mar de Alborán como una muestra más de que cuando se cierra una ruta, otra más peligrosa se reactiva. Posteriormente, con el inicio de la pandemia, se produjo una caída de las llegadas debido al cierre de fronteras y a las dificultades de movilidad que se impusieron en todos los países. Pero, pasado el periodo de confinamiento más estricto, una vez se flexibilizan parcialmente las restricciones de movilidad en los países de la ruta migratoria, la afluencia vuelve a incrementarse progresivamente y a identificarse un perfil diferente de personas.
Sin lugar a dudas, la pandemia ha sido uno de los factores que ha provocado la intensificación de llegadas, llevando a muchas personas a iniciar un proyecto migratorio no previsto. La COVID-19 ha provocado la caída de las economías locales en los países de origen, dejando sin recursos a miles de personas que no tenían en su proyecto vital la idea de migrar y que, ante la profunda crisis acontecida, y careciendo en su país de un escudo social que pudiera protegerles, no han encontrado otra alternativa. Sin obviar, que los flujos migratorios son mixtos, y además de llegar personas buscando mejores oportunidades de vida, expulsados por la crisis, siguen llegando quienes huyen por otras causas y que responden a perfiles de los que consideramos susceptibles de recibir asilo o protección internacional.
De este modo, se ha cerrado el año 2020 con una cifra de 23.023 personas llegadas a las Islas. No se puede negar que la pandemia ha sido un enorme desafío para la gestión de estas llegadas, y se han hecho grandes esfuerzos para ello, pero no puede servir como disculpa para justificar determinadas malas prácticas que se han llevado a cabo, no tolerables en un estado de derecho. Lo sucedido en el puerto de Arguineguín no puede repetirse. Hemos visto a miles de personas hacinadas en un muelle, sin condiciones mínimas ni el distanciamiento social necesario, sin garantías de acceso a asistencia letrada e incumpliéndose los plazos de detención establecidos por la ley.
Mientras, lo que se proyectaba al exterior era una imagen de alarma y descoordinación que ha provocado una gran alarma social. Hay que tener en cuenta que el desempleo en estos momentos es un factor muy presente en la sociedad canaria, con alrededor de un tercio de su población en riesgo de pobreza y exclusión. Con ello, debemos hacer una reflexión de si se ha gestionado adecuadamente la información y el mensaje, pues la imagen de descontrol, sin una debida coordinación entre todos los actores implicados ha provocado hostilidad y rechazo social.
Es la primera vez que España va a poner en marcha campamentos de acogida y macrocentros en su territorio con carácter estable, pese a la opinión de las autoridades autonómicas insulares y locales, que siguen pidiendo traslados a la península en base al mecanismo de solidaridad territorial, sin contar tampoco con la opinión de la sociedad civil organizada y la ciudadanía. Porque debemos ser conscientes de que la acogida no consiste solamente en ofrecer techo y comida, y estará abocada al fracaso si se hace de espaldas a la ciudadanía. Porque la verdadera acogida e inclusión la facilita la sociedad que, sin la necesaria información sobre las propuestas y políticas llevadas a cabo, puede ser manipulada e intoxicada por los que no necesitan argumentos para sembrar el odio.
Si a esa falta de información, se le añade la imagen que les está llegando con la puesta en marcha de macrocampamentos donde se va a mantener indefinidamente a las personas recién llegadas, con cargo a fondos públicos, se genera el caldo de cultivo perfecto, para la utilización del delicado 'discurso de la competencia social' provocando reacciones impulsivas de quienes se encuentran en situación de precariedad y temen que se pongan ver en riesgo sus escasas oportunidades sociales y laborales, que ciertas voces manipuladoras, les anuncian les van a ser 'expoliadas por los recién llegados' pese a ser incierto. Frente a esto, la respuesta debería ser buscar fórmulas para reactivar nuestro maltrecho sistema de bienestar, cada vez más descapitalizado, garantizando así los derechos de todas las personas, no solo de una parte.
Hace unos meses la Comisión Europea presentó la propuesta del Pacto de Migraciones y Asilo. Pedro Sánchez, advirtió entonces que España “no podía aceptar que la gestión de las migraciones en Europa no se hiciera de manera global”, declarando su oposición a la propuesta de la Comisión, que llevaría a la creación de grandes campos de detención de migrantes y solicitantes de asilo en los puntos fronterizos de los países mediterráneos, es decir, Grecia, Italia y España, para convertirlos en puntos de identificación y expulsión. En aquel momento, el presidente calificó muy sensatamente, aquella propuesta como “inaceptable”.
Sin embargo, sorprendentemente, vemos que en Canarias se está poniendo en marcha esa misma política que desde España rechazábamos, impidiendo los traslados a la península, bloqueando 'sine die' a las personas migrantes contra su voluntad en un espacio territorial aislado, ultraperiférico y alejado del resto de Europa. No es una sorpresa para nadie, que los migrantes no quieren quedarse en Canarias. Las islas solo son para ellos un lugar de tránsito, un paso más dentro de un proyecto migratorio mucho más amplio, y ahora se encuentran atrapados allí, en esos campos de acogida y retención del Sur de Europa que rechazábamos como propuesta.
Y todo esto sucede, pese a que España cuenta con un programa estructural de 'Acogida Humanitaria para personas migrantes en situación de vulnerabilidad', que ha servido durante varias décadas como fórmula de descongestión en situaciones similares. Su puesta en marcha se llevó a cabo en 2006, con la llamada crisis de los cayucos, con el fin de dar respuesta y solución, a las llegadas de personas migrantes a las costas españolas, planificando una red de acogida y traslados por todo el territorio nacional, basándose en el principio de solidaridad territorial y evitando, con ello convertir las islas en grandes campos de retención. Por tanto, las decisiones de bloqueo que se han implementado, para evitar que las personas migrantes puedan cruzar al territorio continental, desvirtúan un programa que ha sido ejemplo y referencia para el resto de Europa y solución para España en diferentes ocasiones.
¿Y por qué este bloqueo? Por no generar efecto llamada, dicen. Algo tan demostrablemente falso, cuando lo que con ello se está generando, es un efecto sufrimiento en las personas que, en algunos casos, podrá llegar a ser irreparable. Abocados a la absoluta pasividad e incertidumbre, su salud mental sufre un rápido deterioro.
Para dar respuesta a la negativa de trasladarles a la península, se ha puesto en marcha el denominado Plan Canarias, con 7.000 plazas de emergencia ubicadas en las Islas, lo que, desde nuestro punto de vista, es una respuesta poco acertada. Inevitablemente, en los discursos encontramos como se está haciendo un paralelismo entre Canarias y otras islas europeas. Es cierto que Canarias no es Lesbos, ni Lampedusa, pero las políticas de bloqueo y policiales que se están llevando a cabo en estos territorios, por desgracia sí son las mismas, o al menos se parecen mucho. Y las consecuencias también.
Aunque creado de forma artificial, intoxicando con bulos, mentiras y medias verdades, y difundidas de forma intencionada en busca de un objetivo, el racismo se ha colado en parte de la población local. Una población que carece en muchos casos, de ver cubiertas sus propias necesidades.
El marco artificial de la xenofobia ha impedido que se hable de lo importante, mientras se van acumulando las personas atrapadas en las islas viendo como pasan las semanas en campos de acogida improvisados, con condiciones muy precarias y próximos en muchos casos, a barrios, cuyos vecinos, se sienten desinformados y amenazados.
Yassine, Moussa, Fatima, Ibrahima y muchos y muchas más, hasta llegar a las más de 9.500 personas que continúan bloqueadas en Canarias. Aproximadamente, la mitad de ellas son de origen subsahariano procedentes de Mali, Senegal, Camerún, costa de Marfil o Guinea Conakri, sin saber lo que les llevó a huir a cada una. Por ello, es necesario que, con independencia de su nacionalidad, puedan acceder en igualdad de condiciones al procedimiento de protección internacional, respetando el principio de no devolución y analizando sus circunstancias individuales que deben prevalecer ante la posible existencia de acuerdos de readmisión con el país de origen o de procedencia.
Acumular en Canarias a miles de personas, que van a permanecer sin tiempo determinado en una situación de pasividad y sin expectativas, puede provocar reacciones desesperadas como las que ya hemos visto, con horror, hace unos meses en el campo de Moria. Por ello, hay que buscar otro tipo de soluciones, y cualquiera de ellas pasan por no cronificar a las personas en las Islas Canarias. La más urgente es reactivar una política de traslados ágil, transparente y sistematizada, sin discriminación por razones de nacionalidad, desde el archipiélago a la península, replanteándose un reparto de las plazas de acogida previstas en el Plan Canarias por todo el país, en base al principio de solidaridad territorial.
Así mismo, al igual que en otras ocasiones se han llevado a cabo reubicaciones desde Italia, Grecia o Malta a otros países de la UE, en aplicación del necesario principio de solidaridad europeo, en el marco de una gestión común de las migraciones y las fronteras europeas, si España considera que no puede acoger a este número de personas, que realmente no es tanto, antes de dejar a las personas bloqueadas en las islas, podría recurrir a solicitar a la Comisión Europea su reubicación y distribución entre los estados miembro, evitando así el tan temible “efecto Lesbos”. Porque no podemos olvidar que cuando una persona llega a Arguineguín, Los Cristianos o Valverde, no es que esté tratando de llegar a Europa, sino que ya está en la Unión Europea.
¿De qué forma estamos dando respuesta a este desafío? ¿Desde políticas migratorias con la única óptica de mantener a personas retenidas e identificadas, pendientes de ser devueltas de acuerdo a los convenios de readmisión con terceros países, si es que en algún momento se pueden llevar a cabo? ¿Repitiendo el modelo de colaboración con terceros países, pese a que no respeten los derechos humanos, a cambio de sabrosas contraprestaciones económicas como las que llevaban consigo los acuerdos con Turquía o Libia?
Somos conscientes de lo complejo que es gestionar este reto y de los enormes esfuerzos que ya se han hecho para afrontarlos, pero no se pueden resolver desde una mirada unilateral, sin coordinación y por tanto sin cimientos que lo sostengan. El momento exige poner todo el talento sobre la mesa, con medidas estructurales, visión de largo plazo y estabilidad, para poder construir un futuro inclusivo, cuya base sea la justicia social.
Solo en Canarias en 2020 se registraron más de 3.900 solicitudes de asilo. Una parte de ellas de personas de origen africano que llegaron en pateras o cayucos. Más de 600 perdieron la vida en el intento de llegar, y muchos de ellos fueron niños. No sería mal momento, para repensar nuestras políticas migratorias y para activar vías legales y seguras, y en cumplimiento al artículo 38 de la Ley de Asilo, para permitir iniciar los trámites en las embajadas españolas en el exterior, evitando así que se vean obligados a arrojarse al mar para salvar sus vidas. Tampoco sería mal momento para generar alternativas que no criminalicen a las personas que necesitan emigrar y facilitar posibilidades reales para que lo puedan hacer. Ni desde luego sería mal momento para, de acuerdo con el compromiso de España con el Pacto Mundial de las Migraciones, permitir las condiciones para favorecer una migración legal, segura y ordenada.
Desde CEAR consideramos que estamos a tiempo de no caer en los errores de políticas que ya han demostrado ser un fracaso en otros territorios europeos, pero para ello se necesita coordinación, participación de todos los actores implicados y planificación para orientar un modelo de gestión migratoria con enfoque de derechos.