La desescalada nos trae una trágica nueva normalidad en la que el uso del coche está aumentado a mayor velocidad que el uso del transporte público. El coche ya tiene un 90% de los niveles anteriores a la pandemia, mientras que el transporte público aún renquea por debajo del 50%. Es evidente que la injustificada campaña de estigmatización del transporte público dejará un daño reputacional difícil de borrar. Y lo peor está por llegar: Berlín ya sufre un 18% de tráfico mayor que antes de la crisis, Nueva York un 20% y Bruselas un 7%. Pongamos nuestras barbas a remojar.
El Gobierno de España ha sorprendido con un ambicioso plan para rescatar la industria automovilística, destinando más de 3.600 millones de euros. Detrás hay argumentaciones como su peso en la economía y el empleo. Fabricar coches eléctricos no convierte en economía verde este plan, quizás hubiera tenido mayor sentido un plan de reconversión para una industria decadente en el siglo XXI. ¿Cuánto se ha destinado a sostenimiento del transporte público? 800 millones de euros que no van a llegar al transporte urbano, precisamente el más importante.
Pero, ¿nos podemos permitir dejar caer el transporte público? Nos encontramos frente a uno de los mayores retos que ha enfrentado el sector de la movilidad sostenible en la historia. Nuestras ciudades son densas, con mezcla de usos, con un viario ajustado a este tipo de ciudad. Aquí, el peso de la movilidad lo tienen los viajes a pie y el transporte público, aunque veamos gran parte del espacio dedicado al coche. Sin un transporte público fuerte la gente no podría moverse. Viviríamos en un atasco perpetuo donde los tiempos de viaje se multiplicarían hasta llegar a las dos o tres horas, tal y como pasa en las ciudades más congestionadas del mundo… y para no encontrar sitio donde aparcar en destino.
Desde el sector se tiene que dar una respuesta rápida y contundente que abarque todos los ámbitos de decisión: del político al técnico, del operador al usuario. Las ciudades tras la COVID-19 necesitan más y mejor transporte público. Un cambio debe empezar desde lo social y lo económico: ya es hora de que se empiece a considerar la movilidad sostenible como una inversión y no como un gasto. Una inversión en salud de toda la población, una inversión en equidad social, una inversión en mejora de las ciudades. El transporte público es el único que garantiza la accesibilidad universal, el único donde pueden viajar menores o personas con diversidad funcional de manera autónoma. Es el modo de transporte que realmente nos hace libres e independientes. Y, sobre todo, una inversión en una economía verde del futuro, que dará riqueza y empleo sin fecha de caducidad.
El valor del transporte público crece conforme aumenta el tamaño de la ciudad. En España, los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes están obligados por ley a prestar servicios de transporte urbano, aunque muchas disponen del mismo ya antes de alcanzar ese tamaño. Según aumentan las distancias, la proporción de personas que optan por el autobús, el tranvía o el metro va en aumento. Este reparto modal abarca el 28% de los trayectos en el Área Metropolitana de Barcelona o el 35% en la almendra central de Madrid. Y aunque esta proporción supera a los viajes en coche, a nuestros ojos queda disimulada porque se esconde bajo el subsuelo o se concentra en los autobuses; mientras el coche, aun moviendo menos gente, acapara todo el espacio.
Los operadores de transporte público facturan 13.000 millones de euros al año. La industria del coche suele enarbolar su importancia en el PIB nacional como argumento para paralizar cualquier mejora de nuestras ciudades. El transporte público urbano genera más de 149.000 empleos directos frente a los 127.000 de la industria del automóvil. En ocasiones, cuando hablamos de empleo verde no sabemos ponerle apellidos: transporte público, más y mejor. Existe en España una importante industria carrocera o de fabricación de material móvil ferroviario… ¿nos imaginamos lo que supondría duplicar la oferta de transporte público? No es descabellado que con los actuales retos ambientales, de bienestar urbano y, ahora también, sanitarios, el objetivo de duplicar la oferta de transporte público tenga sentido, especialmente para ofrecer una alternativa real y eficiente a todos esos viajes que no son radiales. Ahora bien, ese objetivo necesita de la misma o mayor ambición que se dedica a una industria decadente. Las ciudades lo necesitan y, lo más importante, se beneficiaría al conjunto de la sociedad.