La educación es más que un servicio público, es un derecho humano fundamental. Y deben ser las administraciones públicas las que aseguren su carácter universal y gratuito a través de la educación pública. Omnia sunt communia. Todo es de todos, pero cuando la educación es un negocio, deben pagar quienes lo utilizan. Es un principio democrático básico. Es absurdo que con los impuestos de todos se paguen privilegios.
En la Asamblea de Madrid, al calor del debate presupuestario y de la llamada “ley maestra”, se ha abierto un falso debate sobre la “gratuidad” de la educación. Hay que recordar que la educación pública es gratuita en los niveles obligatorios. La educación privada sostenida con fondos públicos debería serlo, aunque un 77% de los centros cobra cuotas ilegales, para aumentar sus beneficios. La propuesta de Vox pretende que la educación infantil en centros privados la paguemos en su totalidad con dinero público.
Gratuidad total, suena bien, pero es una trampa que esconde un ataque a la educación pública. Estamos hablando de financiar el colegio de los hijos de las élites, mientras no hay recursos para nuevos centros escolares o nuevos grupos en centros públicos. Pedir financiar la privada es un escándalo, cuando Madrid solo va a gastar el 2,39% de su PIB en educación en 2022, frente al 4,26% de media en España; o cuando solo gastó 52 millones en inversiones en infraestructuras educativas en 2020. Con este modelo, las familias de zonas populares estarían financiando con los recortes en sus centros públicos los colegios privados a las familias adineradas.
Para mejorar la equidad y calidad educativa se necesita doblar la inversión, un Programa de Construcciones de Centros Públicos y un Plan de actuación de la Inspección para evitar cuotas ilegales. Es urgente extender la red de escuelas infantiles públicas de 0-3 años y crear 30.000 plazas públicas de Formación Profesional.
El orden es fundamental a la hora de abordar las prioridades políticas. Necesitamos saber si se van a revertir los recortes en la pública, si se doblará la mísera inversión educativa, si acabará el saqueo fiscal al servicio de las rentas altas. Mientras no se dé respuesta a estas cuestiones ¿Por qué vamos a regalar cheques escolares a quienes no los necesitan?
Alguien pensará: ¿un rico no va a poder comprarse la educación privada que le dé la gana con el dinero público? Habrá que explicarle que no es justo ni redistribuye, porque da más a quien más tiene.
Esa es la esencia del “gratis” que algunos piden como condición para apoyar unos presupuestos regresivos y una ley educativa segregadora. Un “gratis” que tiene un alto precio: el aumento de la desigualdad a costa del empeoramiento de la educación pública.
No es gratis. El precio es la igualdad.