La coincidencia en el tiempo de los escándalos Koldo García/Ábalos con la tramitación subrepticia del nuevo estatuto del directivo público en el Congreso de los diputados nos da la ocasión de reclamar, una vez más, la necesidad de frenar el insoportable deterioro institucional de nuestro país.
Este deterioro tiene varias causas, pero la más relevante, a mi juicio, es la provocada por la voracidad de los partidos políticos (todos, allá donde gobiernan) por ocupar TODO el espacio público. Y urge cambiarlo o esto no tiene remedio.
Bajo la premisa de que la única legitimidad es la electoral (los funcionarios son corporativos, los empresarios van a lo suyo, los jueces son una casta, etc.), las cúpulas de los partidos van ocupando arrolladoramente no sólo la administración que temporalmente les toca dirigir sino organismos reguladores, órganos de nombramiento de jueces, empresas públicas… Sin ningún pudor, la presidenta de la Comunidad de Madrid vacía de contenido los organismos llamados a controlarla aprovechando su mayoría absolutísima.
La consideración de los puestos públicos como un botín y el vaciamiento de la vida interna de los partidos para convertirlos en agencias de colocación y de influencia está generando una brutal inflación de asesores no profesionales que al amparo de una supuesta necesidad de contar con personas de confianza política están hinchando las plantillas.
Cada vez que hay un cambio de gobierno, cientos, miles de personas que mandan mucho cesan, y vienen otros que empiezan de cero, y ni hay estrategia ni visión a largo plazo.
Cada vez más ciudadanos piensan que convertir una subdirección general en dirección general es una excusa para colocar al frente a un afín descolocado, que convertir una dirección general en organismo, fundación, observatorio, agencia o ente, cuando ya no se sabe cómo narices llamarlo, es la excusa perfecta para colocar a cuatro o a diez, con sueldos astronómicos y, lo más importante, sin rendir cuentas de perfiles, curriculum ni capacidad.
Aquí no rige lo del “mérito y la capacidad” sino la “confianza”. Cuando cualquier cargo puede colocar a un machaca del partido de chófer, luego de asistente, luego de asesor y luego colocarle en un consejo de administración de Renfe, nos están estafando delante de nuestras narices.
Y lo malo es que es legal.
Y como esa gente cesa sí o sí cuando cesa quien le nombró, tiene que darse prisa o trabajar para su siguiente cargo, o se queda en el paro cobrando la quinta parte.
Da vergüenza oír a Ábalos, como si nada, contar las tareas de su asistente: “coordinar a los de seguridad”, “tomar nota de lo que la gente le pedía por la calle”, “coordinar con la secretaria”.
Da vergüenza oír contar a una candidata del PP en las locales de 2023 los peajes de figurar en la lista o de colocar a dos o tres pipiolos de las juventudes como asesores.
Es una vergüenza leer los curricula de asesores nombrados en el ayuntamiento de Madrid para asesorar en temas de los que no saben nada y cobrar 60.000 euros por ello
Nos toman por idiotas.
Pero, es normal. Esto está pasando en cientos de organismos, ayuntamientos
Al principio he hablado de los escándalos Koldo García/Ábalos: el primero es penal y ojalá no se tarde siglos en juzgarlo. El segundo es político y hábilmente el exministro lo está ocultando: al chófer que le recomendaron lo colocó en puestos para los que era inútil, y a su mujer, y a su hermano. Él. Y (apenas se ha resaltado) mirando para otro lado cuando altos cargos del ministerio le alertaron de lo que pasaba.
Cuando en la que se llamó operación 'Manos limpias' en Italia, hubo gente que excusaba a los corruptos porque ellos no se habían lucrado personalmente, el filósofo, periodista y editor italiano, Paolo Flores d'Arcais publicó en la revista MicroMega que dirigía una reflexión demoledora: “Un vulgar ladrón hace daño a la hacienda. Un político corrupto daña la democracia”.
Par él, el daño a la credibilidad institucional del político que roba para el partido era mucho más grave del que se lleva dinero a casa. Yo estoy de acuerdo.
Cualquiera puede pensar que, si los funcionarios que hay no valen para parar estas sinvergonzonadas, ¿para qué valen? ¿Para qué vale su especial estatuto de estabilidad laboral? Pues carguémonoslo.
A los directivos públicos, a quienes como yo hemos dedicado TODA nuestra vida a la cosa pública, esta situación nos daña, nos perjudica y nos duele. Y no nos resignamos.
Estos días (ya va la cuarta prorroga), se debate subrepticiamente en el Congreso el pomposamente llamado “Estatuto del directivo público”. En un blog jurídico reciente lo explicaba en detalle
Lo digo llanamente: es una tomadura de pelo. Tras más de 15 años esperando este texto, tras las experiencias exitosas en Reino Unido y en Portugal de separar la acción política de la gestión profesional, se nos presenta un borrón decepcionante. Todo seguirá igual. El que se mueva no saldrá en la foto. Y habrá más Koldos como hubo Guerras y hermanos de la amante de la fruta.
Serán con subvenciones agrícolas o con ayudas a la emigración en vez de con mascarillas o autopistas, será con la contratación de conciertos o con la sanidad en vez de con la concesión de casinos o líneas a aéreas o emisoras de televisión. Allá donde haya dinero, llegarán los buitres.
Y como perro no come carne de perro ni ningún ganadero pone a la zorra a cuidar el gallinero, tenemos que diseñar mecanismos de control a los partidos que no decidan los partidos.
Cuando en Chile o en Islandia se había tocado fondo se recurrió… a los ciudadanos. Elegidos por sorteo. Representativos, capaces de decidir, al igual que votan en las urnas sin examen de títulos ni de preparación, sobre textos preparados por expertos con alternativas. De redactar y aprobar, nada menos que un proyecto de constitución. Se puede.
Financiación, retribución, incompatibilidades, limitación de asesores, posibilidad de anulación de su nombramiento por incapacidad para la tarea para que se solicita su cobertura, puertas giratorias…
Como dijo la actual Secretaria de Estado de la Función Pública, Clara Mapelli, nombrada por el ministro Escrivá, que venía de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) antes de ser ministro: “El gobernante que afronte esta tarea debe ser consciente de que un cambio de paradigma siempre implica vencer resistencias del propio estamento político, acostumbrado a una Administración sumamente politizada y dócil, de los estratos funcionariales que han accedido a puestos de responsabilidad por esta vía y de los grupos de presión que obtienen ventajas de esta situación de debilidad institucional”.
Tenemos la oportunidad de rebajar este desastre, si el nuevo estatuto del directivo público se refuerza, no para proteger a los directivos –que también- sino para que podamos defender a la sociedad y, si no lo hacemos, se nos pidan cuentas. Pero más allá, mucho más allá, los ciudadanos debemos recuperar mecanismos de acción para frenar esta imparable deriva hacia nuestro más rancio caciquismo que ríete tú del clientelismo del siglo XIX, ahora que vamos de modernos.