Un nuevo modelo para la Sanidad
Nuestra sanidad sufrió un duro revés con la crisis. Lo que no sabemos es si esta crisis fue la causa o el pretexto que se utilizó para deteriorar la calidad de nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS). Esta duda cabe porque el gasto en sanidad pública no se ha aumentado lo más mínimo, sino todo lo contrario. Mientras que, supuestamente nuestra economía se iba recuperando, los ajustes en sanidad pública no han parado de crecer.
La inversión en Sanidad el año 2009 fue de 73.130,6 millones, disminuyendo hasta los 70.635,7 millones en 2016. Para 2018, nuestro gobierno ha enviado el Plan Presupuestario a Bruselas en cual se contempla para sanidad un 5.8% del PIB. Una cifra que supone un mínimo histórico, muy lejos del porcentaje en PIB de lo que destinan el resto de los países europeos a sanidad.
La situación actual es la siguiente: las necesidades de nuestra población en protección a la salud va aumentando, entre otros factores, por el envejecimiento de la población. Nuestra esperanza de vida está a la cabeza del mundo después de Japón y el presupuesto destinado a ello va disminuyendo. Esta situación se traduce en menos puestos de trabajos y mayor temporalidad, con lo que esto supone para la atención a los pacientes, menor mantenimiento de las estructuras y recursos en general. Lo que nos lleva a listas de espera importantes, tanto para consulta como para pruebas complementarias, y en esto llega la oferta de la empresa privada.
Como ejemplo tenemos la Comunidad de Madrid, ofreciendo resultados magníficos con soluciones eficaces para solucionar las listas de esperas. Tenemos ejemplos concretos en los hospitales de Móstoles: mientras el hospital público del municipio se va degradando, el Hospital Rey Juan Carlos está muy bien financiado. Una muestra clara de cómo se ofrecen a la población las bondades de la sanidad privada, mientras se va dejando que se deteriore la sanidad pública.
¿Esto es casual? Parece que no. Es lógico, este deterioro de la sanidad pública facilita la llegada y la expansión del mercado sanitario. Estaba claro que nuestra sanidad era un nicho de mercado, cada día más, tenemos más pruebas que apuntan en esa dirección.
El Real Decreto 16/2012 supuso un antes y un después para nuestra legislación sanitaria, con este Real Decreto perdimos nuestra sanidad universal. No podemos atender a un paciente inmigrante en atención primaria. En muchos situaciones, en teoría hay que esperar a que la patología siga evolucionando y cuando la persona está ya muy afectada, entonces ya sí que puede ser atendida en un hospital. A esta situación se llega con lo legislado en el Capítulo I de este Real Decreto.
Otra cuestión clave es el Capítulo II de este Real Decreto aprobado por el Gobierno en 2012. En él se recoge la modificación de la Cartera de Servicios que pasa de una única cartera común, a tres: cartera común básica, cartera común suplementaria y cartera común de servicios accesorios. Se entiende que una cartera de servicios recoge el catálogo de prestaciones, que contempla los servicios o conjuntos de servicios preventivos, diagnósticos, terapéuticos, rehabilitadores y de promoción y mantenimiento de la salud dirigidos a los ciudadanos.
Fragmentarla y contemplar en ellas diversas prestaciones, está claramente ideado con el objetivo de imponer nuevos copagos, como ejemplo, el pago del transporte sanitario no urgente. Esta es la causa que llevó a Unidos Podemos a plantear este nuevo proyecto de Ley Reguladora de la Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud que presentamos esta semana. Un nuevo modelo que pueda revertir esta situación para recuperar la forma en que estaba contemplada esta Cartera de Servicios en la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, y con ello cerrar la puerta a futuros copagos que llevarían a más inequidad entre la población española y desigualdad entre las comunidades autónomas.
