Los posibles acuerdos de investidura han devuelto al centro del debate una vieja propuesta teorizada hace siglos por los antiguos griegos: la amnistía. En su sentido más profundo, esta propuesta comporta una suerte de amnesia, de olvido, aunque no político, sino penal. Su propósito, pues, no es cancelar el debate social sobre el pasado. Simplemente se trata de renunciar a un tipo de persecución criminal, de punición, que desnaturaliza ese debate y que bloquea la posibilidad de otras alternativas de futuro.
Este olvido penal, esta renuncia al “poder de la fuerza” y a la “gran cirugía histórica” de los que hablaba Ortega, son efectivamente fundamentales para restaurar el diálogo entre diferentes sobre lo que el futuro debería ser.
Se dice que el primero en impulsar una ley de amnistía fue Trasíbulo, un general ateniense que pertenecía al partido democrático de Pericles. Y lo hizo, justamente, en beneficio de los miembros del partido oligárquico, sus grandes adversarios. Con esa renuncia a la venganza de Estado, Trasíbulo buscaba restaurar una cierta paz social y recomenzar políticamente de cero. Podía salir bien o no, pero, a efectos de la salud de la polis, era preferible a entrar en la rueda de la retaliación infinita.
Contrariamente a lo que algunas voces afirman, las amnistías no han tenido lugar solo al finalizar una dictadura. Se han producido también en democracias dañadas por conflictos profundos, como alternativas, precisamente, a la obsesión por el castigo de adversarios enfrentados entre sí.
En plena democracia, Francia recurrió a la amnistía de militares y de activistas para cerrar las heridas abiertas por el proceso de independencia de Argelia. Portugal aprobó una ley de amnistía en 1996, 20 años después de aprobada su Constitución democrática, para amnistiar a los representantes de una organización revolucionaria, incluido un héroe de la Revolución de los Claveles.
Actualmente, se entiende que la amnistía no puede suponer el perdón de delitos de especial gravedad como la tortura, los secuestros, o delitos de sangre como los homicidios. Pero eso no quiere decir que haya perdido su razón de ser. El propio Portugal, de hecho, acaba de aprobar, en ocasión de una visita del Papa Francisco, una amnistía para librar de la persecución penal a jóvenes de entre 18 y 30 años por delitos no considerados graves.
Mientras esto ocurre en el mundo, en España hay miles de personas investigadas o procesadas en el marco de un conflicto político en Catalunya que dura años. Muchos de los procesos seguidos contra algunas de estas personas –dirigentes políticos, activistas, académicos– han ido a parar a jueces obsesionados, no por la aplicación garantista de la Constitución y de la ley, sino por el castigo ejemplar, severo, de quienes son considerados “enemigos de Estado”. De esta suerte, se ha producido una judicialización de la política que ha acabado por menoscabarla de manera preocupante, contradiciendo la idea de “democracia avanzada” a la que apela el Preámbulo de la Constitución de 1978.
Hoy cuesta creer que los mismos sectores del Poder judicial que se han comportado de manera partisana puedan poner fin a esta ofuscación punitivista y contribuir a la restauración del pluralismo político y de una cierta normalidad democrática. Por eso, la política, encarnada en el Gobierno y en el Parlamento, debe hablar.
Cuando Pedro Sánchez decidió indultar a algunos dirigentes independentistas, reconoció que lo hacía porque existía un grave conflicto entre Catalunya y el Estado. Y porque pensaba que era la mejor manera de defender la convivencia y fortalecer la democracia.
Esos indultos fueron una decisión valiente e inteligente, y ayudaron a salir de la espiral del castigo y los agravios sin fin. No obstante, es evidente que no han sido suficientes para restaurar plenamente el principio del pluralismo político y de la plurinacionalidad explícitamente reconocidos en los artículos 1 y 2 de la Constitución española.
Para superar ese estado de cosas, la Constitución otorga al Gobierno y al Parlamento diferentes herramientas de intervención. El ejecutivo podría emitir nuevos indultos, pero no indultos generales. El Parlamento, por su parte, podría aprobar rebajas penales de carácter general, y si bien no podría indultar, podría impulsar amnistías.
Después del 23 de julio, hay una mayoría parlamentaria que está en condiciones propicias para poner en marcha este tipo de medidas de desjudicialización y de desbloqueo institucional. Primero, porque es una mayoría marcada por la presencia en ella de fuerzas políticas con identidades nacionales diversas, especialmente interesadas en que el pluralismo político, social y nacional, sean plenamente respetados. Segundo, por su transversalidad ideológica, que le permitiría adoptar soluciones que no eternicen el frontismo de unos contra otros, sino que abran un escenario de normalización democrática aceptable para mayorías amplias.
En realidad, hasta el propio PP, que ha avalado sin rubor medidas de amnistía fiscal y privilegios penales para los más fuertes, debería ver la conveniencia de utilizar la política penal para desbloquear la situación actual y no para enquistarla. Pero para ello, claro, debería atreverse a abandonar una deriva radical que lo ha colocado a merced de Vox y que solo le ha servido para quedarse fuera del gobierno del Estado.
Insistimos: ni una eventual amnistía, ni nuevos indultos, ni la reducción de ciertos reproches penales implicarían un olvido político del pasado. Por el contrario, supondrían renunciar a una lógica punitiva que ha impedido repensar ese pasado con libertad, aprendiendo de los errores, y planteando nuevas alternativas de futuro.
Este principio del olvido penal como vía para construir un mejor futuro fue lo que defendimos en marzo de 2021, cuando desde la Mesa del Congreso nos pronunciamos a favor de la admisión a trámite de una proposición de ley de amnistía presentada por diversas fuerzas catalanas. Hoy esa vía no es la única disponible. Pero como han sostenido diversos juristas, desde Juan Antonio Xiol a Javier Pérez Royo, Marco Aparicio, Josep Maria Torrent o José Antonio Martín Pallín, es plenamente constitucional, y junto a otras posibles, son clave para articular una mayoría de investidura y de gobierno progresista y plurinacional.
Hay que comprometerse y atreverse, pues, a actuar. Sin aspirar a que los viejos problemas se esfumen de la noche al día, por arte de magia. Pero con la convicción de que solo con una apuesta valiente por una democracia avanzada, sin mordazas ni agravios enquistados, es posible pensar nuevas formas de convivencia más libres, más justas, y gracias a eso, más fraternas.