En España existen 8.300.000 niñas, niños y adolescentes, lo que supone un 17,7% de la población. Sin embargo, quizás porque no vota, la infancia es uno de los colectivos más invisibilizados en la vida pública de nuestro país, especialmente en lo que respecta a la representación política. Esto no debería extrañarnos si tenemos en cuenta que nuestro sistema político es demasiado rígido como para posibilitar la participación de los colectivos sociales que más barreras encuentran para ello. Estamos, por lo demás, ante un ejemplo más de la forma tradicional de proceder de nuestras élites políticas: fuerte con los débiles y débil con los fuertes. No tener derecho al voto se convierte así en un argumento definitivo para no tener ninguna presencia en la vida política de nuestro país. Y sucede que lo que no se nombra no existe.
Sin embargo, los niños, niñas y adolescentes están sufriendo (con escasa posibilidad de réplica) tanto o más que la población adulta las consecuencias de las políticas austericidas del Partido Popular. A lo largo de la anterior legislatura, organizaciones de la sociedad civil con un importante peso específico como Cáritas, Save the Children o Unicef han denunciado reiteradamente que España es el segundo miembro de la Unión Europea con el mayor índice de pobreza infantil, sólo por detrás de Rumanía. Esta situación debería resultar intolerable a cualquier gobierno digno si tenemos en cuenta que, como decíamos, la infancia representa casi una quinta parte de nuestra población, y es nuestro presente y nuestro futuro como país.
En la misma línea, en sus observaciones finales a España en 2010, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas expresó su preocupación por los altos índices de pobreza infantil en España,así como por la ausencia de políticas específicas para combatir la pobreza infantil y la exclusión social. En este sentido, el órgano de seguimiento de la observancia de la Convención sobre los Derechos del Niño por parte de los Estados miembro recomendó a España que formulara “[…] políticas públicas para, en particular, abordar el problema de la pobreza infantil y elabore un plan nacional de lucha contra la pobreza infantil […]”.
Los esfuerzos del Gobierno del Partido Popular por atender a estas recomendaciones han sido escasos, por no decir inexistentes. En 2013 se aprobó el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social (PENAIN) 2013-2016, que el Gobierno quiso presentar como la aplicación de la Recomendación de la UE Invertir en la infancia: romper el ciclo de las desventajas (2013/112/UE). No obstante, en dicho plan la infancia es un elemento transversal, por lo que no puede considerarse un plan específico de lucha contra la pobreza infantil con una visión integral de este complejo problema de ramificaciones tan diversas. Amén de que carece de objetivos concretos, de indicadores de cumplimiento al medio y largo plazo, y de suficiente dotación presupuestaria.
La situación continúa siendo de extrema gravedad, y en el nuevo ciclo político que inauguramos se requieren representantes públicos a la altura de las circunstancias, representantes públicos que posibiliten dar voz a las voces que hasta ahora menos se han oído, en aras de recomponer los consensos sociales fundamentales. Las condiciones de vida de niños, niñas y adolescentes en nuestro país ha sufrido un enorme deterioro. La pobreza ha aumentado y crecido en intensidad, sí; pero lo ha hecho mucho más en la población infantil. Según datos del Comité Español de Unicef, el 30,5% de los menores de 18 años se encuentran en riesgo de pobreza, y el 35,8% de la población infantil, en situación de riesgo o exclusión social. Un factor que se ha revelado especialmente dramático es que partidas con un impacto directo en las condiciones de vida de la infancia, como servicios sociales, prestaciones de desempleo, educación y sanidad, se han visto gravemente afectadas por los recortes de los últimos años. Además, medidas como el aumento del IVA han mermado el poder adquisitivo de las familias y han dificultado el ejercicio de derechos como la educación, el juego y el ocio. Cuestiones que nadie pareció tener demasiado en cuenta a la hora de legislar.
La puesta en marcha de un Pacto de Estado por la Infancia que implique una amplia participación de diferentes actores de la sociedad civil, blinde los derechos y garantice la igualdad de oportunidades entre niñas, niños y adolescentes debe ser una prioridad absoluta del nuevo Parlamento, independientemente del Gobierno que se conforme. En el marco de este Pacto de Estado, es crucial aprobar un Paquete de medidas urgentes contra la pobreza infantil y la exclusión social, desarrollando una estrategia estatal de reducción de la pobreza infantil que incorpore un presupuesto desglosado y transparente en los PGE, que iguale la inversión en infancia a la media europea (2,3%; mientras que en España es del 1,4%).
Para ello, el nuevo Parlamento debe dotarse de herramientas adecuadas y centradas en la infancia. La primera de ella tendría que ser, sin lugar a dudas, una Comisión Parlamentaria Legislativa (CPL) de Infancia, más allá de la necesaria transversalización del tema en el resto de comisiones parlamentarias. Es indispensable promover una cultura de defensa de los derechos de la infancia que promueva el cumplimiento de los más altos estándares internacionales y nacionales desde un enfoque de derechos.
Creemos que la infancia debe estar en el corazón de las prioridades de las políticas sociales y que no es admisible su exclusión de los beneficios sociales, políticos y económicos. Los niños, niñas y adolescentes deben tener reconocidos sus derechos por el mismo hecho de ser ciudadanos/as; pero sobre todo porque no son futuro, son presente; no son menores, son sujetos. Y, una vez más, voten o no, tienen que participar en la vida pública, ya que la participación no es una opción, sino un derecho fundamental; y debe ser construida no desde lo individual, sino desde lo colectivo.
La recuperación social y económica no se pueden concebir sin la plena consideración de la infancia, y las consecuencias de otra legislatura más que no la pusiese en el centro de las políticas públicas serían devastadoras en sus vidas, en su desarrollo y en sus oportunidades de futuro.
Es el momento de poner las instituciones al servicio de la gente, de toda la gente, incluidos niñas y niños. Nos debemos a nuestro país, también a la parte del país que no vota, y por eso tomamos la iniciativa haciendo propuestas que permitan revertir las desigualdades, mejorar la participación y la calidad de vida de nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Aceptarán nuestra propuesta los partidos de lo viejo? Nosotros lo tenemos claro: las niñas, niños y adolescentes ya han esperado demasiado, no pueden esperar más.
Irene Montero es miembro de la ejecutiva de Podemos y Ione Belarra es Responsable del Área de Ciudadanía, Diversidad y Justicia Social de Podemos. Ambas han sido elegidas como diputadas en el Congreso, por Madrid y Navarra, respectivamente.