¿Qué pasa en las residencias de Madrid?

“¿Qué más da que sean públicas o privadas mientras den bien el servicio?”. Con este mantra ha justificado la derecha en Madrid la progresiva privatización de las residencias de mayores. La terrorífica situación que vivimos ha venido a demoler esa idea. En primer lugar porque, en la Comunidad de Madrid, ni las residencias públicas ni las privadas “funcionaban bien”. Las quejas por la falta de personal y de medios han sido una constante con pronunciamientos de sindicatos, familiares o autoridades como el defensor del pueblo desde hace años.

De las 474 residencias de la Comunidad de Madrid, solo 25 están bajo control netamente público. Es decir, de las 51.488 plazas residenciales para mayores de Madrid, apenas 6.400 son públicas, el resto se dividen entre unas 2.200 concertadas, otras de financiación pública por prestación económica vinculada al servicio en residencias privadas y las que son netamente de carácter privado tanto en lo relativo a la gestión como a la financiación, que son unas 30.000.

Hace seis meses, las 25 residencias de la Comunidad de Madrid tenían 215 empleos vacantes pese a las quejas reiteradas de trabajadores y familiares. En las privadas y concertadas, se sucedieron también numerosos episodios vergonzantes relacionados con la precariedad de medios materiales y humanos de las residencias que han acabado con sanciones y titulares en la prensa.

Sobre esto, cayó el coronavirus.

Según los datos que hemos podido conocer, prácticamente la mitad de los fallecidos de la Comunidad de Madrid proceden de las residencias de mayores y dentro de éstas, la tasa de mortalidad es un 33% superior en las residencias concertadas y privadas que en aquellas que son íntegramente públicas y que gestiona la Agencia Madrileña de Atención Social.

Sobre éstas últimas, se ha actuado dotándolas de materiales de protección progresivamente y contratando a 900 trabajadores (y hay margen presupuestario para llegar a contratar hasta 2.278 trabajadores más). Además, se han sumado aquellos trabajadores de centros ocupacionales por ejemplo, que al no poder hacer sus labores estos días se han enviado a las residencias del AMAS.

En las privadas, en cambio, no paran de llegar testimonios de bajas masivas que no se cubren y de personal desbordado que no puede resistir un solo día más a cargo de muchos residentes sin apenas protección.

Saber con exactitud cuál es la situación en esas residencias es tremendamente difícil, pues las inspecciones, reactivadas después de mandar a casa a los inspectores la primera semana, consisten en una llamada de teléfono al día a la residencia sin forma de contrastar esa información que no siempre coincide con lo que cuentan de nuevo familiares y trabajadores.

Esa opacidad ha llevado a la Fiscalía del Supremo a abrir diligencias sobre el descubrimiento por parte del Ejército de cadáveres en residencias de ancianos en condiciones de insalubridad grave. También desde Más Madrid hemos llevado ante la Fiscalía información relativa a la situación extrema de algunas residencias de mayores de la Comunidad de Madrid.

Varias de ellas, ayer mismo, no habían puesto en marcha ni siquiera la clasificación de los residentes como había exigido el Ministerio de Sanidad, y alguna incluso decía desconocer esa orden tal y como ha denunciado la Plataforma de Familiares PLADIGMARE (Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias). Es decir, no tenemos ojos sobre lo que pasa en el 90% de las residencias de mayores en mitad de la pandemia más grave de nuestra historia reciente y que afecta fundamentalmente en Madrid y a las personas mayores.

El Gobierno de la nación facultó el pasado 23 de marzo a las comunidades autónomas a intervenir aquellas residencias privadas que considerara necesario por motivos de salud pública.

Desde Más Madrid, en las reuniones que hemos ido manteniendo con la Consejería de Políticas Sociales hemos insistido en la necesidad de activar de modo inmediato inspecciones presenciales, dotándolas de medios para que puedan hacer su trabajo con seguridad y establecer en qué residencias no se dan las garantías suficientes. A partir de ahí, hay dos opciones: o la residencia es capaz de aportar el personal y los medios que se necesitan, o deben intervenirlas inmediatamente, que es la única forma de poder aportar el personal necesario procedente de las contrataciones del AMAS.

Después, debe establecer un plan de saneamiento de las residencias separando a las personas en función de su grado de afectación y exposición al virus en espacios operativos y, en su caso, medicalizados para poder proceder a la desinfección completa de las residencias donde podrían volver después los residentes asintomáticos o que den negativo en los test.

Estas ideas eran en su mayoría compartidas por la propia Consejería, que ha demandado la intervención del Ejército, así como la intervención de las residencias en varias ocasiones.

En la mañana de ayer, el consejero Alberto Reyero decidió hacer públicos los dantescos datos de fallecidos en residencias de Madrid que multiplicaban por diez las primeras estimaciones y solo unas horas más tarde Isabel Díaz Ayuso se sacaba de la manga un plan de intervención de las residencias sobre el que el día anterior en reunión informativa con el resto de portavoces de los grupos políticos madrileños no dijo una sola palabra. Una de las consecuencias inmediatas de ese plan es que deja sin competencia alguna en este asunto al consejero de Políticas Sociales que hizo públicos los datos y que había chocado ya con la presidenta en al menos dos ocasiones.

Lamentablemente, la soberbia de Ayuso le lleva a deshacerse de quienes le exigen medidas estrictamente necesarias y de sentido común mientras ella pierde más tiempo en hacer crecer su perfil político dentro de la derecha enfrentándose al Gobierno central que atendiendo al inmenso problema que mientras tanto crecía en las residencias de mayores y que hoy tiene ya unas proporciones inasumibles.

Madrid no puede permitirse este bloqueo ni un segundo más, no podemos resignarnos al desfile de coches fúnebres a diario cuando hay medios para intervenir y paliar la situación de forma significativa.

Y tampoco nos podemos permitir gobernantes low cost de incapacidad manifiesta en el momento más grave que hemos enfrentado en nuestra historia reciente.