El 22 de febrero, Día por la igualdad salarial, es buen momento para recordar que la brecha salarial entre hombres y mujeres no ha disminuido en Europa durante las últimas décadas; y que en España ha aumentado sustancialmente desde 2010. Mucho después de que las mujeres se incorporaran masivamente al empleo formal, y cuando ya constituyen el 60% de las personas tituladas universitarias en Europa, ya pocas personas sostienen que la reducción de la brecha salarial es solo cuestión de tiempo.
Así, la Comisión Europea declara: “Las tareas de cuidado no están igualmente repartidas; el cuidado de personas dependientes es mayormente realizado por mujeres; las mujeres se toman muchos más permisos parentales; escasean las escuelas infantiles y los servicios de atención a la dependencia”. Y añade: “Estos fenómenos tienen un impacto negativo en el desarrollo laboral, en la promoción y en el salario”. ¡Excelente! Después de décadas promocionando el “derecho” de las mujeres a las reducciones de jornada y a las excedencias, nunca es tarde para llegar a la evidencia.
En cuanto a las soluciones, ha quedado atrás la confianza en que los empleos femeninos podrían protegerse con prohibiciones del despido durante los permisos de maternidad o las reducciones de jornada. Estas medidas no han evitado que el 45% de las madres españolas pierda su puesto de trabajo después del permiso de maternidad. Y, aunque esto es difícil de cuantificar, resulta obvio que estas “protecciones” acrecientan la desventaja comparativa de las mujeres frente a una mano de obra masculina cada vez más disponible. Por otro lado, se comprende que las exiguas subvenciones a la contratación no compensan ese factor, y desde luego no estimulan la promoción.
Hoy ya casi nadie duda de que la inclusión de los hombres en el cuidado, junto con servicios públicos suficientes y horarios laborales razonables, es una condición sine qua non para la igualdad salarial. Parecería, pues, que vamos por el buen camino. Pero no lancemos las campanas al vuelo, porque falla la otra premisa. Tanto la Comisión Europea como los gobiernos y muchas otras instituciones denuncian la desigualdad y reconocen sus causas, pero eso no quiere decir que se propongan eliminarlas.
Tomemos dos ejemplos recientes: el primero es un estudio sobre la brecha salarial de género de FEDEA, y el segundo un artículo sobre los permisos de Antonio Roldán y Claudia Hupkau en Hacienda Pública. Ambos documentos describen certeramente la relación entre la desigualdad laboral y el desigual reparto de los cuidados; y ambos señalan al desequilibrio entre los permisos de padres y madres como un factor crucial. Más aún, ambos destacan correctamente que los hombres no se toman las excedencias ni los permisos cuando son transferibles o “a compartir”, es decir, cuando pueden pasárselos a las mujeres.
Sin embargo, concluyen como si fuera lo lógico: “Por eso, creemos que además de las semanas compartidas debe de haber unas semanas intransferibles específicas para el padre”. ¿Cómo puede ser, si sus análisis les llevan inequívocamente a que esas semanas “compartidas” se las tomarían las mujeres masivamente? ¿No deberían concluir que los permisos deben ser iguales, intransferibles y pagados al 100%, para que hombres y mujeres se tomen el mismo tiempo?
Lo mismo sucede con la Comisión Europea. Sus informes también reconocen inequívocamente que los padres solo se toman generalizadamente los permisos cuando están bien pagados y son intransferibles (si no se los toman, los pierden). Sin embargo, la Comisión prepara una Directiva para conceder 2 semanas a los padres, cuando ya hay una directiva que concede 14 semanas a las madres. ¿Será que no se han dado cuenta de que 2 es exactamente la séptima parte de 14?
Esta aparente incoherencia solo tiene una explicación: la falta de asunción del objetivo de igualdad. No es que estas fuentes declaren que su objetivo sea la desigualdad, por supuesto. Simplemente ignoran ese salto lógico como si no tuviera importancia. El problema es que tiene graves consecuencias.
En nuestro país estamos a las puertas de una reforma de los permisos. Nuestra situación de partida es ideal, pues al ser aún el permiso total corto (16 semanas de maternidad más 4 de paternidad), podemos llegar a la igualdad por el simple procedimiento de alargar el permiso del padre a 16 semanas, haciendo ambos totalmente intransferibles y pagados al 100%. 16 semanas para cada persona progenitora conjuga el objetivo de igualdad salarial con el derecho del padre y del bebé. Y no cabe duda de que las familias agradecerán aliviadas ese aumento del tiempo para cuidarlo el hogar.
La PPIINA lleva 11 años acumulando evidencias (esas que hoy ya se reconocen ampliamente) sobre el efecto de los distintos diseños de permisos parentales, y argumentando que este (permisos iguales, intransferibles y pagados al 100%) es el único que conseguirá un uso igualitario. Tenemos los datos, los cálculos económicos y, sobre todo, la voluntad inquebrantable de trabajar por una sociedad en igualdad.
Tenemos también, desde 2011, traducida nuestra propuesta a una Proposición de Ley. Desde entonces, el Congreso de los Diputados ha votado a favor de ella cuatro veces por unanimidad o amplia mayoría, aunque siempre en forma de Proposiciones “No de Ley”. Tenía que llegar el momento de que algún grupo parlamentario la presentara a tramitación, y el pasado 4 de enero lo hizo el grupo Unidos Podemos - En Comú Podem - En Marea. Solo falta que esta Proposición de Ley llegue al Pleno y que sus Señorías vuelvan a votar tan unánimamente como en ocasiones anteriores, pero esta vez con consecuencias prácticas.
Explicitar el objetivo del uso igualitario de los permisos será la vacuna para que el diseño de la PPIINA no sea objeto de enmiendas que pudieran anular ese objetivo, bien introduciendo partes transferibles o con otros detalles que sin duda se intentarán presentar como menores, pero que pueden cambiarlo todo.
Ciudadanos propone 8 semanas intransferibles para cada progenitor/a y 10 semanas transferibles (que llaman engañosamente “de libre disposición dentro de la pareja”). Este diseño, como se deduce del propio análisis de Antonio Roldán, haría que las madres se tomaran 18 semanas y los padres 8. Aún estamos a tiempo de debatir sobre las consecuencias que tendría consolidar a las madres españolas como cuidadoras principales. ¿Es eso lo que quieren? Si no lo es, quizá cambien de postura.
Lo que nos jugamos es mucho: podemos dar un gran paso hacia la igualdad en la familia y en el empleo o, por el contrario, podemos consolidar la desigualdad con apariencia de igualdad, frustrando así esta oportunidad histórica.