Antecedentes.
Hace ahora exactamente 10 años se produjo la que, según los medios de comunicación, fue la “operación más importante contra la piratería en toda Europa”. En la redada fueron detenidas 15 personas por administrar páginas de enlaces a redes P2P, lo que se celebró, además de por la industria de los contenidos, por Carmen Calvo, la por entonces ministra de Cultura, que dijo en una intervención en la Biblioteca Nacional que esta operación fue una de las más importantes actuaciones durante su cargo.
Las detenciones de aquella operación policial fueron narradas por los medios de comunicación como si se tratasen ya de sentencias condenatorias. Un grupo editorial introdujo en varios periódicos de su ramo un mismo editorial titulado 'Piratas en la Red' en el que se decía que “los quince detenidos (...) formaban parte de la mayor organización clandestina europea de redes P2P (...). Por impopular que resulte, debe desenmascararse tan perversa visión de la Red e impedir que en aras del espíritu de absoluta libertad con el que fue concebida ésta termine convirtiéndose en un auténtico santuario de ciberdelincuentes (...)”.
La reseña de SGAE de la redada policial tampoco esperó a que los jueces se pronunciaran y decía que “la citada operación policial evidencia que la difusión de contenidos protegidos a través de los conocidos sistemas de intercambio de archivos peer to peer (p2p), lejos de ser algo legal, esconde en realidad la comisión de auténticos delitos”.
En el mismo sentido, ACAM, la Asociación de Compositores y Autores de la Música, dijo que esta redada demostraba que el intercambio en redes P2P es un delito y ofreció un listado de las páginas denunciadas bajo el titular de “Páginas desde las que se delinquía”.
Para sorpresa de todos ellos, los casos no llegaron ni a juicio. Los asuntos relativos a la “mayor operación contra la piratería en toda Europa” no merecieron siquiera pasar de la fase de instrucción y fueron recibiendo resoluciones que sobreseían y archivaban el caso. Y lo hacían, no porque no hubiera podido quedar indiciariamente acreditado el hecho que se denunciaba o su autor, sino porque el hecho denunciado -y pacíficamente admitido por los imputados, que se declaraban además autores de los mismos- sencillamente no era delictivo.
El caso Sharemula, el primero en recibir una resolución de archivo de sus actuaciones, y las resoluciones posteriores, fueron para la industria de los contenidos una hemorragia difícil de parar. Los anteriores enemigos públicos número uno, las páginas de enlaces a contenidos, dejaron de ser el objeto principal de queja de la industria para ser sustituidos ahora por los propios jueces que les dejaban escapar vivos de los procedimientos en los que habían sido sepultados.
La Coalición de Creadores, lobby de presión que engloba a la industria de los contenidos en España, dijo que la resolución Sharemula era un ejemplo de la ignorancia que hay en España sobre propiedad intelectual. En ese mismo sentido, la Alianza Internacional de la Propiedad Intelectual (IIPA), coalición que engloba a las multinacionales estadounidenses de la industria del copyright incluyó dos años consecutivos a España en su informe 301 declarándolo como país donde no se respetan adecuadamente los derechos de autor. El informe cita expresamente a la resolución Sharemula a la que considera el mayor ejemplo de la frustración que siente la industria por los “procesos judiciales en España”.
No tardó mucho España en conseguir un jarabe para curar tanta frustración estadounidense y pocos meses después del goteo de resoluciones negativas para la industria anunció la que hoy se conoce como Ley Sinde, que hace que ahora no sea un juez quien tenga competencia exclusiva para decidir si las páginas de enlaces cometen una infracción y si deben o no cerrarse, sino que lo puede hacer el propio Ministerio de Cultura, aquel que aplaudió las detenciones. Y así, sin cambiar las normas del juego pero sí al árbitro, la industria empezó a ganar en vía administrativa todo lo que no pudo ganar en los juzgados ordinarios.
Cuando esta Ley solo era un anteproyecto, una abogada de la industria justificó el movimiento diciendo que la razón de esta reforma legal se halla en que “los jueces estaban aplicando mal el Código Penal”. Por su parte el abogado de EGEDA, José Antonio Suárez, apeló a los tiempos de la caza de brujas en EEUU y dijo que “habría que recurrir a McCarthy: un solo comunista en el Senado es demasiado. Lo mismo ocurre con las descargas”, dejando claro con su analogía cuáles son sus referentes políticos más inmediatos.
Incluso muchos artistas y autores que se califican de izquierdas, aplaudieron sin ninguna reserva a la Ley Sinde, pese a que era un atajo burdo que atacaba a la separación de poderes, y fue así porque en esta ocasión, justo la ocasión en que a ellos les concernía, sí que les pareció que los fines justificaban sobradamente los medios.
Unos años después llegó la Ley Mordaza que está sacada del mismo molde que la Ley Sinde: dado que tras el 15M los jueces no estaban dictando las resoluciones que quería el Gobierno en materia de derecho de manifestación, la ley mordaza llegaba para crear un cuerpo de infracciones administrativas que impidieran que la judicatura siguiera aguando la fiesta al Ejecutivo, que se hacía ahora con las riendas del asunto. Tal y como dijo Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, “ahora las sanciones no son resueltas por un juez imparcial sino por un Gobierno que puede tener intereses políticos ante protestas sobre su gestión”.
Ambos casos, la Ley Sinde y la Ley Mordaza, aplica a la perfección el proceso que Boaventura de Sousa Santos explicaba en su libro 'Sociología jurídica crítica': “Los intentos de ejercer el control político sobre la actividad judicial suceden por razones semejantes y recurriendo a medios similares: transferencia de ciertas áreas de litigio del ámbito de los juzgados ordinarios a juzgados especiales o a agencias administrativas bajo el control del poder ejecutivo”.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, no resulta extraño que la Ley Sinde consiguiera reunir rechazos de heterogéneos sectores sociales y políticos. El truco era tan burdo que hasta los beneficiados por él -al menos aquellos con principios sólidos- se posicionaron en contra, en una suerte de rechazo a aceptar un gol a favor que se metía con la mano y que abría -como de hecho abrió- un precedente peligroso. El caso de Álex de la Iglesia, dando ejemplo de coherencia y honestidad con su dimisión ante el estupor de algunos de sus colegas, es sin duda paradigmático.
El pacto PP y Ciudadanos y la mentira por el bien de España
El 91 de los “150 compromisos para mejorar España” firmado por PP y Ciudadanos en su reciente brindis al sol manifiesta que “se reforzará la Comisión de propiedad intelectual sección segunda para mejorar su eficacia en la lucha contra el tráfico ilegal de contenidos”. La Comisión del Ministerio de Cultura a la que se refieren es, precisamente, la que creó la Ley Sinde para que resolviera en vía administrativa las disputas que tenía la industria contra las páginas de enlaces y que, con sorpresa para nadie, les está dando la razón en todos y cada uno de los procesos que antes perdían en los tribunales. En resumidas cuentas, el pacto refuerza -si es que aún puede reforzarse más tras la última reforma- la que conocemos como Ley Sinde.
Lo anterior es plenamente coherente con el programa electoral de PP y Ciudadanos y lo es también con la postura mantenida por ambos en la anterior legislatura (aquí les dejo mi intervención de respuesta en el Congreso en representación de PODEMOS contra la PNL propuesta por el PP y a la que se adhirió Ciudadanos con indisimulado fervor).
Yo, sin embargo, no puedo estar más de acuerdo con la postura mantenida por este joven político que resume a la perfección mi postura al respecto. Dice esta promesa de la nueva política actual en su libro de 2015 que:
“Es necesario reformar esa ley, porque genera inseguridad jurídica en un sector económico emergente y porque, a mi juicio, se ha cometido un atropello de ciertos derechos fundamentales. La comisión Sinde permite que un órgano administrativo decida cerrar un negocio, una web y meter en la cárcel a alguien o poner una multa considerable (…) La única instancia que debería tener poder para cerrar una web o un negocio en Internet es un juzgado. Y ningún funcionario o secretario de Estado debería tener potestad para hacerlo. No creo que criminalizar el enlace resuelva el conflicto. Es un error intentar ponerle vallas al campo en pleno siglo XXI. (…) Criminalizar el enlace es ir contra la línea de flotación de Internet, porque, en última instancia, el enlace no es más que un mecanismo de conexión con el propio mundo de Internet, al que no le puedes poner puertas. El planteamiento en sí ya es un error. La ley, tal y como ha sido redactada, y la solución de criminalizar el enlace, responde más a una incapacidad a la hora de comprender que el mercado del siglo XXI se ha transformado drásticamente. Hay que cambiar la filosofía y sentar a la mesa a todos los agentes implicados. Si soy elegido para gobernar, me comprometo a añadir sentido común y a intentar acercar posiciones”.
¿Que quién es el político citado? Es Albert Rivera, en su libro 'El cambio sensato'.