La Excma. Sra. Doña Isabel Díaz Ayuso ha dado a conocer que se había enterado de una información publicada por el diario ABC según la cual se hace imprescindible revisar los manuales escolares, en especial los de Secundaria Obligatoria y Bachillerato, para evitar su ideologización. Una ideologización que, aunque no lo afirma tajantemente, provendría de las directrices emanadas de la ministra de Educación de un Gobierno “social-comunista”, como no se cansan de proclamar voceros del PP y de Vox.
Nada extraño, habida cuenta de que el trumpismo madrileño –con o sin permiso del flamante nuevo líder nacional del partido- ha comprado íntegro el paquete ideológico reaccionario. No hay más que ver los “treinta conceptos adoctrinadores impuestos por Sánchez que los alumnos de Madrid no estudiarán” –en enfático titular de uno de los boletines parroquiales habituales- para identificar a los nuevos demonios familiares de la Lingua Ayusii Imperii (en adelante, LAI): el feminismo, la agenda globalista, la alerta climática y la memoria histórica. Es decir, la versión actualizada del triángulo maléfico integrado por masonería, comunismo y separatismo, pero convenientemente remozado con botox, muy al gusto de su selecta clientela electoral.
El consejero del ramo se permitió incluso la humorada de decir que los conceptos contenidos en el currículum del Ministerio (multiculturalidad, emergencia climática, actitudes éticas ante el siglo XXI, roles de género, mejora de la humanidad y el planeta, ciudadanía global, objetivos de desarrollo sostenible, compromiso con la sostenibilidad, las relaciones de género, el estudio diacrónico del papel de la mujer…) le parecían incomprensibles, como elaborados por una “inteligencia artificial”, a riesgo de dejar muy malparada la suya propia natural.
Quienes ya tenemos algunos años recordamos la cruzada emprendida en el mismo sentido por una de sus predecesoras, la Excma. Sra. Doña Esperanza Aguirre que, como ministra de Educación, impulsó una extensión imposible del programa de 2º de Bachillerato en el que la contemporaneidad más próxima quedaba asfixiada en pos de la búsqueda de los primeros vestigios de la Hispanidad en la Sima de los Huesos; bajo su presidencia, la Comunidad de Madrid llegó a organizar seminarios dirigidos por un conocido publicista de extrema derecha con cuyo nombre no queremos manchar el papel en que escribimos. Es decir, al igual que la cabra tira al monte parece dibujarse una cierta tendencia a que las presidencias de la Comunidad de Madrid muestren similar querencia.
En el caso de la enseñanza y escritura de la Historia de España, que es el campo en el que nos movemos, cabría hacer de la supuesta necesidad de revisión de los manuales una virtud esencial: adecuarlos a lo que los investigadores de nuestro pasado hemos ido poniendo al descubierto. O, como mínimo, respetar los consensos académicos en lugar de vindicar en su lugar los rancios contenidos de la Enciclopedia Álvarez.
Entre los treinta conceptos malditos de la LAI, figuran con mención especial los referentes al periodo republicano: en Madrid estará vetado hablar en las aulas del “proceso reformista y democratizador de la Segunda República”, de las “grandes reformas estructurales de la Segunda República”, y de “la Segunda República y la transformación democrática de España”. Como si el furor iconoclasta del conservadurismo madrileño pudiera abolir los acuerdos de una historiografía que va desde los nada bolcheviques Lord Thomas o Sir Raymond Carr a los jóvenes investigadores españoles que hoy en día, en condiciones mucho más precarias y menos celebradas que las de un futbolista, tragan el polvo de los archivos para distinguir ente la mena y la ganga de las patrañas que aún lastran las interpretaciones de la Historia de nuestro país. La pretensión de que la mistificación ideológica pueda enarbolarse como discurso crítico contra la hegemonía de un supuesto “consenso progre” tiene de alternativo lo que la acción de los dinamiteros de los monumentos de Palmira.
La pretensión de universalizar la LAI atenta, por lo demás, contra varios derechos fundamentales consagrados en esa Constitución –y en sus desarrollos orgánicos- de la que el partido cuya matriz originaria se escindió en el trámite de aprobación ha pretendido erigirse casi en supremo y exclusivo guardián: la libertad de cátedra, la libertad de imprenta y la autonomía de los claustros. Amenazar con la inspección educativa a modo de policía del pensamiento y presionar al sector editorial es muy revelador de un cierto talante. Tan grave como resulta grotesca la petición de amparo a una Europa donde la memoria de la resistencia es parte troncal de la educación cívica.
Hace unos años alguien escribió: “El olvido del totalitarismo, del fascismo, de la opresión de toda libertad humana es muy peligroso. Pues el mar del olvido no borra solamente los pasos de los amantes desunidos sobre la arena: puede también borrar los pasos de la libertad y de la democracia en las arenas de nuestra historia. Es por ello por lo que los pasos de la libertad deben ser rehechos por cada generación”. Ese alguien fue Jean-Claude Juncker, expresidente de la Comisión Europea, miembro del Partido Popular Social Cristiano adherido al Partido Popular Europeo. Son palabras de su prólogo a un libro en homenaje a los brigadistas internacionales luxemburgueses. Allí sí tienen claro cuál era el lado bueno de la Historia.
¿Cuántos son los manuales en los que, presuntamente, se adoctrina a nuestros hijos, niñas y niños, desde su más tierna infancia hasta que llegan a la Universidad en los que se refleje algunos de los descubrimientos de los que los dos firmantes nos hemos hecho eco o hemos contribuido a poner en circulación en la literatura histórica?
Sin expresar preferencia alguna he aquí unos cuantos datos investigados y contrastados con documentación de la época, perfectamente definida:
- La conspiración contra la República la iniciaron elementos monárquicos, alfonsinos y carlistas, desde los primeros momentos.
- Apoyaron la “Sanjurjada”, tras haber establecido contactos con la dictadura fascista italiana.
- A finales de marzo de 1934 firmaron un acuerdo de ayuda con Mussolini. Fue conocido desde 1937, en plena guerra civil, pero la investigación ulterior desestimó su importancia.
- Búsquedas en archivos españoles, franceses e italianos han demostrado que, al contrario, fue la base sobre la cual pivotó la conspiración, con la formación de la Unión Militar Española y peticiones de fondos para financiar la conspiración.
- En octubre de 1935 el ilustre conspirador Don Antonio Goicoechea, exministro de la Dictadura primorriverista y posterior Gobernador del Banco de España franquista en y tras la guerra civil, informó a Mussolini de los planes de los conspiradores y le advirtió de que, si unas futuras elecciones triunfaban las izquierdas, ellos y los militares de su cuerda se sublevarían.
- En las elecciones de febrero, “alguien” envió desde Madrid telegramas a varias guarniciones (se han conservado los dirigidos al comandante de la 5ª división orgánica, general Cabanellas, desde el Estado Mayor Central instándole a que proclamara el estado de guerra). ¿Se saltó ese “alguien” a la torera al jefe del mismo, un tal Francisco Franco?
- Ganaron las izquierdas y, como Goicoechea había anunciado a Mussolini, se aceleraron los preparativos del golpe. Para ello fue preciso crear la sensación de un “estado de necesidad”. Lo hicieron pistoleros carlistas y falangistas con provocaciones que no quedaron sin respuesta.
- En junio de 1936 el después “proto-mártir” José Calvo Sotelo, junto con Goicoechea y José Antonio Primo de Rivera, escribieron a Mussolini solicitando ayuda financiera para el golpe.
- El 1º de julio de 1936 Pedro Sainz Rodríguez, diputado de Renovación Española y del Bloque Nacional, firmó con una empresa italiana cuatro contratos para el suministro inmediato en julio y luego en agosto de aparatos de transporte y bombardeo, cazas e hidroaviones con destino a la sublevación.
- Pocos días después dio comienzo el reclutamiento para la misión de suministrar el primer lote de pilotos de las Fuerzas Aéreas italianas.
- Nadie ha demostrado con documentos al efecto que las izquierdas socialistas y comunistas prepararan una sublevación para incorporar a la República a la órbita soviética.
- Esta explicación se complementó con la idea de que las oleadas de asesinatos y disturbios que azotaron España en la primavera de 1936 no dejaban otra alternativa que la sublevación del Ejército para impedirlos en el futuro. Eduardo González Calleja ha sido uno de los autores que con mayor precisión ha analizado las causas, desarrollo y resultado de tales disturbios. Sus resultados no se han incorporado, que sepamos, a los libros de enseñanza primaria y secundaria.
Así, pues, si el origen de la sublevación no es como se ha narrado tradicionalmente nos parece que hechos perfectamente documentados deberían incorporarse a las enseñanzas de los libros de texto del futuro. No sin advertir que llama la atención que haya sido el mismo periódico ABC, en manos de los conspiradores monárquicos en la primavera de 1936, que haya proclamado que las niñas y niños, las jóvenes y los jóvenes madrileños se hayan visto expuestos a una supuesta “desinformación” que, sin embargo, sigue sin tener en cuenta tales hechos – y otros- bien comprobados.
Invitamos, desde luego, a la Señora Presidenta de la Comunidad de Madrid a que, dados sus sin duda excelentes conocimientos sobre una cierta versión de la historia española, exponga públicamente no ya su repulsa a nuestras afirmaciones sino que también lo demuestre de la misma manera.
En el ínterin, los autores de estas líneas estamos dispuestos a discutir, igualmente en público, con los eminentes funcionarios que la Señora Presidenta tenga a bien señalar.