Con 370 propuestas bien encaminadas se podría salvar la crisis social y ecológica. Incluso con muchas menos. Pero, en el momento actual, 370 propuestas (como si fueran 1000) que no abordan cambios de fondo sirven para poco. Para ilusionarse como mucho.
No cabe pensar que el PSOE no lo sabe. Este agosto, aunque nuestras propuestas electorales ya habían sido enviadas a todos los partidos, decidimos aceptar la invitación del Presidente del gobierno en funciones para reunirnos a sabiendas de que se podía utilizar mediáticamente en las negociaciones de gobierno, porque valoramos que era positivo decir directamente a quien aspira a liderar el ejecutivo que la prioridad no puede ser otra que afrontar seriamente la crisis social y ecológica.
En la reunión de agosto dejamos claro a Pedro Sánchez que nuestro papel no es el de valorar fórmulas de gobierno sino propuestas, políticas y hechos. Recalcamos que además de un bonito nombre para un ministerio, la “transición ecológica” implica empezar a pensar en clave de crisis y de emergencia. Explicamos que para ello se necesitan medidas drásticas y urgentes y que lo que se había hecho hasta el momento era insuficiente. Que es necesario un vuelco completo de nuestro sistema socioeconómico que ponga el mantenimiento de la vida, la sostenibilidad ambiental y la equidad y justicia social en el centro de actuación y decisión. Se acabó el tiempo de transformaciones irrelevantes y cosméticas, lo avala la ciencia.
El programa común progresista de Sánchez presenta 370 propuestas, de las que 42 tienen relación con el medioambiente. El programa falla en ocasiones por omisión y en ocasiones de recurrir a generalidades propias de quien no se atreve a hacer cambios reales.
No es de recibo que ante la crisis de biodiversidad que amenaza seriamente al bienestar humano solo haya 2 medidas de las 20 que propusimos los grupos ecologistas. Frenar la pérdida de biodiversidad no se puede realizar sin medidas específicas, como por ejemplo reducir el 50% del uso de pesticidas para el final de la legislatura.
Pese a que la emergencia climática acapara un gran protagonismo en el programa, las medidas y los objetivos siguen siendo insuficientes, como ya expusimos con el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y con el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Sin una reducción de emisiones entre el 7% y el 10% anual no podremos garantizar el objetivo de que el calentamiento medio sea de 1,5 ºC, que ya para un país semidesértico como el nuestro es un riesgo excesivo. Para alcanzar esa meta hace falta mucho más que la inversión tecnológica propuesta, hace falta acabar con el oligopolio energético y reducir el consumo energético o la movilidad.
Mención aparte merecen las propuestas en materia de agua, que es además competencia casi exclusiva del gobierno central, ergo donde más capacidad de acción tiene. Frente a un país cuyos recursos hídricos están sobreexplotados (y cuya disponibilidad muy probablemente decaiga a tenor del cambio climático) las propuestas son incompresiblemente desarrollistas. Se habla de incrementar los recursos hídricos disponibles, abriendo así la puerta a la construcción de más embalses y trasvases, lo que supondría un gran paso atrás en la gestión del agua. Una transición realmente ecológica pasa inexorablemente por disminuir la superficie de regadío, abandonar los proyectos de grandes embalses y asegurar los caudales ecológicos de los ríos.
Sin especificar más allá de “constituir un medio de vida atractivo para los jóvenes” la apuesta por un medio rural vivo queda vacía. El medio rural vive del sector primario, por lo que apostar por la agroecología, que es el modelo que más empleo fija en el territorio y que más respeta el funcionamiento de los ecosistemas y hacerle frente a macrogranjas y monocultivos, sí que supondría una verdadera transición ecológica con justicia social.
Pero lo más grave del programa es que no cuestiona los problemas que nos han llevado a la crisis socioecológica. Si una transición ecológica implica alinear todas las políticas bajo el paraguas de la justicia social y ambiental, aquellas que nos han llevado a esta crisis deben ser inmediatamente revertidas, como ocurre con los tratados comerciales globales que sostienen la globalización neoliberal. Es un tanto hipócrita pedir “más transparencia” en estos tratados cuando hasta ahora el PSOE ha hecho justo lo contrario, evitar el debate social, como ha ocurrido con el Tratado Comercial con Japón. Los tratados comerciales han supuesto un aumento del desplazamiento de mercancías, la precarización del empleo, una disminución de los estándares ambientales y sobretodo, el aumento del control de las grandes empresas, las principales responsables del deterioro ambiental, sobre la economía global. Algo que tiene que tener claro el Sr. Sánchez, es que mientras siga plegándose a los intereses de las grandes empresas se encaminará por la senda opuesta a la de la transición ecológica. Y además las consecuencias las pagarán, una vez más, las personas menos responsables de la crisis. No es buena noticia que la propuesta de prohibir la venta de coches de combustión a partir de 2040 que estaba por la mañana en el programa común progresista se eliminase por la tarde, algo que en cambio no tardó en celebrar ANFAC, la patronal del sector del automóvil.
Un giro de 360º es aquel que te deja en la posición de partida, donde no cambia nada, pese a la parafernalia que conlleva. Uno de 370º supone un giro real de 10º. Con complacencia podemos decir que ahí se ha quedado el PSOE con sus 370 propuestas, en un leve e insuficiente cambio. Algo que hace sino posponer la verdadera transición ecológica, aquella que va a llegar sí o sí, pero que será más llevadera y más justa cuanto antes se empiece.