Escribo estas líneas cuando se ha sobrepasado el medio año del inicio de la ofensiva israelí, que continúa con una normalidad monstruosa. Casi siete meses en los que hemos asistido a la mayor de las barbaries: un proceso acelerado de limpieza étnica y un genocidio en curso, por un lado; y la apatía y el inmovilismo cómplice de una gran parte de la comunidad internacional, por el otro.
Las cifras dan buena cuenta del horror: en este tiempo, Israel ha asesinado a 16 y herido a 36 de cada 1.000 gazatíes; son ya más de 34.000 personas muertas, entre ellos más de 14.000 niñas y niños; más de 75.000 personas heridas, y miles enterradas bajo los escombros. Mientras tanto, el gobierno de Benjamín Netanyahu, el más extremista de la historia de Israel, usa el hambre de millones de palestinos y palestinas como arma de guerra. Ahora, cuando la amenaza de una irresponsable escalada militar entre Israel e Irán amenaza con extender la guerra a toda la región y opacar el horror en la Franja de Gaza, es cuando resulta más necesario que nunca dar un paso modesto pero imprescindible: reconocer, de forma urgente, el Estado palestino. Reconocer, precisamente, para avanzar.
En un contexto europeo extraordinariamente difícil y decepcionante, España ha destacado por su defensa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. El Gobierno de coalición progresista ha demostrado que la postura correcta pasaba por trabajar por el fin de la agresión, que nuestro país debía y podía convertirse en una fuerza de progreso, estabilidad y certidumbre en medio de esta tragedia. Y lo ha hecho, sobre todo, porque Sumar ha hecho todo lo que estaba en su mano para que así fuese. Lo hemos hecho con lealtad y cuidando la coalición, con el convencimiento de que nuestro país no podía permanecer impasible ante la barbarie: nuestra ciudadanía no lo permitiría. Lo hemos hecho, en realidad, como en tantas otras ocasiones: empujando para que lo que siempre nos aseguran que es imposible, sin embargo, termine siendo no sólo posible, sino necesario. En este caso, tenemos que estar orgullosas de haber actuado de forma diferente. Hemos dado pasos importantes, pero podemos hacer mucho más. El pueblo palestino necesita mucho más.
El presidente Sánchez ha afirmado en múltiples ocasiones que nuestro Gobierno dará, al fin, el paso definitivo hacia el reconocimiento del Estado palestino y el apoyo a su ingreso como miembro de pleno derecho en Naciones Unidas, luego de que Sumar lograse incluirlo in extremis en el acuerdo de gobierno con el PSOE, tras demasiados años de procrastinación y pies de plomo, después de que el Congreso instase a ello por abrumadora mayoría casi una década atrás.
Son muchas las razones compartidas para llevarlo a cabo, todas de ellas de sentido común, la mayoría de ellas demasiado tiempo postergadas. Se trata, de algún modo, de saldar una deuda histórica que nuestro país mantiene con el pueblo palestino. Se trata, también, de entender que el reconocimiento no constituye una concesión: es, muy al contrario, un derecho; hacer realidad aquella resolución 3376 de la Asamblea General de Naciones Unidas, los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino, que protegía el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y la soberanía, además del derecho de los refugiados palestinos al retorno. Se trata, asimismo, de alinearnos con el mundo, puesto que son más de 140 los países que ya han reconocido al Estado palestino, sobre todo del Sur Global. Se trata, en definitiva, de atender a las demandas y preocupaciones de la sociedad española, que desea libertad y paz para el pueblo palestino y lo ha dejado meridianamente claro, una y otra vez, durante todo este tiempo, en las calles, universidades y lugares de trabajo.
Para Sumar, esta medida es mucho más que una declaración formal, un mero punto de llegada. Es, ante todo, un punto de partida, la condición de posibilidad de todo lo demás; un avance que debe ser acompañado de más medidas, dotado de contenido, el cumplimiento de un derecho y no un simple gesto de cara a la galería
Hay, también, diferencias notables en el alcance y objetivos del reconocimiento. Para Sumar, esta medida es mucho más que una declaración formal, un mero punto de llegada. Es, ante todo, un punto de partida, la condición de posibilidad de todo lo demás; un avance que debe ser acompañado de más medidas, dotado de contenido, el cumplimiento de un derecho y no un simple gesto de cara a la galería.
El reconocimiento debe convertirse en un punto de inflexión, un abandono explícito de la lógica que durante tanto tiempo ha imperado en la política de nuestro país y de la Unión Europea respecto a Palestina: la de que el reconocimiento llegaría al final de unas eventuales negociaciones de paz. La trampa de esa lógica ha estado siempre en que, mientras los gobiernos occidentales hacían llamamientos vacíos a la paz, Israel aumentaba sus asentamientos ilegales y castigaba a la población palestina con condiciones de vida cada vez más asfixiantes, reforzando el sistema de apartheid y recrudeciendo la desigualdad entre las partes. El resultado inevitable de esta política de hechos consumados ha sido el alejamiento creciente de una solución viable. Por contra, el reconocimiento, tomado con seriedad y bien orientado, puede convertirse en el primer ladrillo en la construcción de una paz justa y duradera, que empodere al pueblo palestino y su autogobierno, y reafirme la ilegalidad de la ocupación israelí, dando cuerpo a sus necesarias respuestas.
El reconocimiento, como apuntaba con anterioridad, debe afirmarse con muchas más medidas para no convertirse en papel mojado. Nuestra hoja de ruta al respecto es muy clara. La llevamos defendiendo desde octubre, tras condenar con rotundidad los ataques terroristas de Hamás, el terrible comienzo de la ofensiva israelí y las diferentes formas de antisemitismo e islamofobia que tomaron cuerpo esos días —esta es, en nuestra opinión, la única posición moral y política viable, de la que las derechas españolas se han desmarcado de manera flagrante—.
Es necesario exprimir todos y cada uno de los instrumentos diplomáticos a nuestro alcance, comenzando por la llamada a consultas de nuestra Embajadora en Tel Aviv. Asimismo, nuestro país ha de presionar en el marco europeo para cumplir con su propia arquitectura jurídica, estar a la altura de sus propios estándares. Es el caso, por ejemplo, del Acuerdo de Asociación UE-Israel, que debe ser suspendido en base a su artículo 2, que compromete a las partes a respetar los derechos humanos, o el Instrumento Europeo de Vecindad, cuyos fondos destinados al régimen de Netanyahu han de ser paralizados. A su vez, España debe ofrecer su mediación para la liberación de todos los rehenes civiles, respaldar la denuncia de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia —como ya han hecho Irlanda, Eslovenia y la inmensa mayoría del Sur Global—, y apoyar con más ahínco las investigaciones sobre crímenes de guerra de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, como hicimos, sin dudas ni ambages, con Ucrania. Además, es imprescindible profundizar y completar la revisión de la compraventa de armas con Israel —incluidas, sí, las licencias otorgadas antes del 7 de octubre, además del tránsito armamentístico que discurre por nuestras fronteras— para evitar contribuir a su maquinaria de guerra, así como evitar que los productos procedentes de los territorios ocupados lleguen a nuestro mercado, y que empresas españolas operen en dichos territorios, apuntalando la ocupación. Por último, nuestro país no debe temer medidas más efectivas y contundentes: por coherencia, las sanciones a los colonos israelíes deben generalizarse, y no limitarse a una docena de personas.
Son muchas cuestiones pendientes, por supuesto, pero hay una buena noticia: todas estas acciones diplomáticas y decisiones políticas pueden tomarse ya. Llegaremos tan lejos como firme sea nuestra voluntad política, desde el entendido de que la paz solo será posible en la medida en que Israel sienta la presión de la comunidad internacional.
El Gobierno de coalición constituye una excepción histórica ante el avance reaccionario global que sacude el continente. Nuestra responsabilidad histórica es cuidar y ensanchar esta excepción, y la mejor forma de hacerlo es, sin lugar a dudas, avanzando, haciendo lo correcto, yendo a por más. Esta lógica se aplica, sobre todo, a nuestro papel con Palestina y su pueblo. En realidad, reconocer el Estado palestino es la mejor manera de dotar de contenido al punto y aparte, de gobernar más y mejor.
Estamos convencidas de que en un mundo golpeado por múltiples crisis y con unas instituciones internacionales que demuestran su incapacidad para velar por un orden global basado en reglas, la labor de España debe ser la de amparar siempre el derecho internacional como salvaguarda de los pueblos agredidos frente a los agresores, de los débiles frente a los poderosos. Ese es el internacionalismo que siempre hemos defendido desde Sumar, ya sea en Palestina, Ucrania o el Sáhara Occidental. El mundo se juega mucho: es el momento de reconocer para avanzar.