En un corto espacio de tiempo, los seis países líderes en Latinoamérica están enfrentándose a desafíos sistémicos y estratégicos bajo la dirección de gobiernos de izquierda. No se recuerda que en Argentina, Chile, Colombia, Perú y México encabezaran los poderes ejecutivos, simultáneamente, fuerzas políticas de orientación progresista. A ese grupo se acaba de incorporar Brasil. Lula da Silva volverá a ocupar la presidencia del Estado más grande de Iberoamérica.
Esta especie de coincidencia astral tiene un origen y un futuro que sobrepasa a cada uno de los países mencionados. Los desafíos que aparecen en el horizonte han de analizarse desde una perspectiva multinacional. Esto quiere decir que ha surgido la oportunidad de que se aborden tales desafíos por los dirigentes políticos en colaboración y partenariado con los gobiernos de matriz progresista. De ese modo, los programas de transformación que cada uno de ellos ha puesto o pondrá en marcha adquirirían una potencia muy superior a una acción política de un país en exclusiva.
No conocemos por ahora que una estrategia progresista global se haya planteado por ninguno de los gobiernos antes citados, pero que no quepa duda que su desempeño será juzgado por sus pueblos según se haya tenido en cuenta y aprovechado esa ventana de oportunidad que ha nacido en el siglo XXI en América Latina.
Es, efectivamente, una ocasión única para que las izquierdas sean capaces de unir sus esfuerzos y de adoptar sus decisiones de modo que pueda hablarse de “izquierda” latinoamericana como un sujeto político activo.
El camino ha sido preparado por las movilizaciones ciudadanas que vivieron algunos países de América Latina en 2019. Fueron movimientos de protesta masivos que indicaron con nitidez que había razones muy de fondo para hacer visible el malestar de unas sociedades cada vez más desiguales y desestructuradas. El apoyo electoral a partidos de izquierda ha sido una consecuencia natural de esas convulsiones, pero lleva en su interior la exigencia de cambios profundos. Por eso se ha dado el protagonismo a la izquierda, con la esperanza de que esta no produzca una frustración.
Latinoamérica no es, desde luego, un todo homogéneo. Cada país tiene unas condiciones diferentes para tomar medidas políticas. Sin embargo, hay retos que comparten, pueden y deben afrontar con la máxima complicidad posible. No son difíciles de identificar sea cual sea el punto de vista que se adopte.
Partiendo de un enfoque intrínsecamente político, América Latina tiene que acercar los procesos de integración que hace tanto tiempo estamos esperando desde Europa. En estos momentos, aquélla tiene un instrumento de integración, aunque débil y fragmentario todavía, como es CELAC, que debe fortalecerse. Brasil ha dejado de pertenecer a ella, pero con un presidente como Lula da Silva volvería a su seno. Sería un paso fundamental para el éxito de la cumbre con la Unión Europea que España está preparando para la presidencia del Consejo de la Unión que corresponde dentro de un año a nuestro país. He aquí un primer reto que la izquierda latinoamericana ha de enfrentar con resolución y que parece ya han abordado Petro y Boric.
La integración política y económica a que me refiero no será fácil. Ha de superar dos obstáculos de gran altura que tradicionalmente han existido: nacionalismo político y proteccionismo económico.
El compañero de viaje de la integración tiene necesariamente que ser la institucionalidad. Los países latinoamericanos no han conseguido un nivel suficiente de estabilidad y de solidez institucional – política y jurídica – que otorgue a los poderes públicos la legitimidad y la fuerza que ha de esgrimirse para hacer avanzar a los pueblos. Las políticas propias de la izquierda – por ser de naturaleza transformadora – necesitan esa institucionalidad, cuya carencia ha dado tantos disgustos y decepciones a los electorados votantes de izquierda, y ha dificultado frenar movimientos paramilitares, como los que hoy sacuden a Colombia.
Los retos económicos que tienen ante sí las izquierdas en América Latina son, evidentemente, ingentes. Casi inabarcables. Y eso explica que las y los ciudadanos hayan conducido al poder a estas fuerzas.
La informalidad económica y laboral es la otra cara de la moneda de la ausencia de unas instituciones poderosas. Una economía sumergida de enormes proporciones y la estancia en los márgenes legales de millones de trabajadores constituyen un freno a las cuatro ruedas del crecimiento sostenible y del bienestar social. La izquierda latinoamericana tiene en este desafío el elemento clave de su triunfo, por tanto tiempo inalcanzable.
Si hay algo en lo que se refleja contundentemente la informalidad económica es en la bajísima presión fiscal, en la no progresividad del sistema tributario y el efecto irremediable de todo ello: la evasión de capitales a paraísos fiscales.
Este es seguramente el punto más difícil de un programa de progreso en Latinoamérica, pero, a la vez, el elemento del que depende que las izquierdas puedan responder a las demandas de las clases trabajadoras. Sin impuestos directos progresivos es sencillamente imposible cualquier parecido a un Estado de Bienestar.
Para alcanzar el objetivo central de la transformación económica y fiscal que requiere América Latina es indispensable rebasar las fronteras del Estado. Este es sin duda el momento para hacerlo: cuando la izquierda gobierna en los países más importantes del subcontinente latinoamericano. Estoy convencido de que tal objetivo no se podrá conseguir desde el interior de un solo Estado. Es imprescindible la colaboración y cooperación interestatal. Sin ella, la evasión fiscal está servida, lo mismo que la debilidad congénita del aparato de la Hacienda pública.
La cooperación de las cinco grandes economías latinoamericanas, ahora dirigidas por la izquierda, es la estrategia esencial para que puedan escapar del drama crónico de la desigualdad social y racial. Y para que se afronte de una vez por todas la mayor amenaza que pende secularmente sobre las cabezas de los hombres y, esencialmente, las mujeres y niños en América: la inseguridad y la violencia. Sin un plan compartido a nivel supranacional es irreal pensar en solucionar el problema que para muchos ciudadanos es la prioridad número uno de su vida: la seguridad. Desigualdad e inseguridad son, por otra parte, los resortes indudables de las migraciones intrarregionales descontroladas.
Los seis retos que hemos expuesto como más destacados en el escenario actual de los países de América Latina, de cuyo gobierno son responsables las izquierdas, están intrínsecamente vinculados. Cada uno depende del anterior: integración política y económica; institucionalidad; crecimiento sostenible; sistema tributario progresivo; lucha contra la desigualdad; seguridad. Todos los anteriores objetivos deberían formar parte, en mi opinión, de un amplio plan de dimensión supranacional que vinculase a los grandes países dirigidos por gobiernos de izquierda. Dadas la historia y la coyuntura actual de esos países, en un mundo afectado por crisis de gran entidad, se dan las condiciones para que la izquierda latinoamericana, más allá de intereses nacionales – que hay que preservar –, una sus esfuerzos a través de una alianza latinoamericana de gobiernos progresistas que enlace eficazmente con la Unión Europea. Sería imprescindible para resolver problemas todavía consustanciales con la realidad de los Estados líderes de América Latina. Es lo que esperan los pueblos y lo que demandan la justicia y la ética política y social.