Cada 9 de diciembre se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción. El lema que eligió Naciones Unidas para esta efeméride “Unidos contra la corrupción para el desarrollo, la paz y la seguridad” da una buena idea del alcance que tiene esta lacra en todo el planeta. Un gravísimo problema que amenaza a varios pilares esenciales de la convivencia y que, muy lamentablemente, goza de un profundo calado en nuestro país.
En España, los casos de corrupción se han hecho demasiado familiares y cotidianos en nuestras vidas. Prácticamente cada día saltan a la prensa nuevos casos de corrupción, provocando una de sus peores consecuencias: la normalización del fenómeno y la aceptación de la corrupción como una parte del sistema.
La corrupción es un grave problema de carácter estructural que afecta a la gestión del patrimonio y el bien común, que se nutre y parasita los mecanismos del Estado y de la sociedad. La cuestión no es menor y, por eso, quienes hemos venido a devolver las instituciones a la gente, tenemos por delante un reto: impedir que exista en nuestra sociedad una desafección de la política. La gente más humilde es precisamente quien más necesita de la política, de las instituciones, que serán las que garanticen los derechos sociales y los servicios públicos.
Es cierto que existen unos claros beneficiarios y responsables de buena parte de la corrupción en nuestro país, y que además están muy bien identificados en el bochornoso espectáculo de la acumulación de casos bajo una misma marca electoral: el PP de la Gürtel, Lezo, Púnica, Bárcenas, Bankia, Cofely o Pokémon. Si bien la corrupción no es una cuestión que afecte a un único partido ni a una única institución, la corrupción es fruto, además, de una forma de gobernar y de un modelo de gestión basado en la privatización y en los sistemas clientelares, que facilitan, propician y fomentan la comisión de este tipo de delitos. Cargos públicos con intereses económicos y empresarios con intereses políticos han conformado tramas corruptas durante los gobiernos de nuestra democracia. En otras palabras, el peligro de que nos gobiernen quienes no se presentan a las elecciones.
A la falta de ética y honradez, se impone la realidad de sus consecuencias. El problema no es únicamente la inmoralidad de meter la mano en la caja, sino que el dinero de las arcas públicas debe destinarse a sostener servicios públicos. Si el dinero público se emplea en el beneficio de unos pocos, dejará de destinarse a los bienes comunes de todos y todas. Los desahucios continúan mientras se malvende buena parte de vivienda pública a fondos buitre. Mientras se financian campañas electorales con los porcentajes de las constructoras de hospitales, las listas de espera sanitarias no paran de crecer. A muchas familias les cuesta llegar a fin de mes por esforzarse en pagar las matrículas universitarias, para que sus hijos e hijas puedan cursar estudios que les preparen para un futuro mejor, mientras unos pocos utilizan sus privilegios para falsificar sus másteres.
Miles de millones de euros se pierden por las alcantarillas de la corrupción generando desconfianza hacia España y destruyendo el potencial que representan esos recursos para el desarrollo de nuestro país. Creación de empleo, dotación de medios para la protección social, inversión en políticas de igualdad, protección del medio ambiente o cooperación al desarrollo, necesitan de esos dineros robados, saqueados por un modelo de gestión que ha hecho de la corrupción una forma de gobierno.
Y mientras, las personas que denuncian la corrupción en todas sus formas, las anónimas que no se resignan a normalizar el abuso y el saqueo son perseguidas, despedidas, amenazadas, humilladas, marginadas y abandonadas, sufriendo los efectos de las represalias al estilo de las organizaciones criminales más tenebrosas. Frente al sistema corrupto y las tramas de interés es obligada la unidad de acción. No cabe otra opción que denunciar cada irregularidad y trabajar juntos y juntas por acabar con la impunidad para que cada euro se destine al servicio público que corresponde.
Es preciso establecer medidas en los partidos políticos y las instituciones que sirvan de vacuna frente a la corrupción, tales como la limitación de mandatos para el ejercicio del cargo público, la rendición de cuentas públicas, la transparencia y la declaración de bienes, los revocatorios, las incompatibilidades, el fin de los aforamientos o la prohibición de las puertas giratorias.
Nuestro país no puede permitirse ni un solo caso más de corrupción. El sentimiento de impotencia puede y debe ser sustituido por el rechazo absoluto a este tipo de conductas y prácticas y la necesidad de hacer política por parte de la gente. Si la política no la hacemos nosotros y nosotras, la harán otros. Llenar las instituciones de ciudadanía y poder popular es la mejor garantía de acabar con el saqueo de lo público como forma de hacer política. Está en juego la estabilidad, la paz y el progreso social. Por eso es un imperativo desterrar a la corrupción.