Que estamos en una encrucijada en nuestra historia como país es ya casi un lugar común. No hay quien desconozca que con un PIB que se contrajo un 18% en el segundo trimestre y casi cuatro millones de parados nos enfrentamos a un drama social y económico de dimensiones desconocidas.
Las soluciones de este problema requerirán medidas de una dimensión y audacia similar. Y sin embargo la cacofonía partidista parece obviar lo evidente y es que esta pandemia no es solo una profunda turbulencia económica sino que ha revelado una falla estructural de nuestra economía, ha puesto en evidencia la crisis existencial de nuestro modelo productivo.
Efectivamente, nuestro modelo se ha basado desde hace décadas en una megacentralización de los servicios, finanzas y poder político en la capital, en la construcción y el turismo en el sur-sureste y en una débil industrialización muy concentrada en Euskadi y Catalunya.
Las dos crisis de este s.XXI impactaron en la base de dos de los pilares de ese modelo, la construcción y el turismo. La construcción pasó de aportar un 10,4% del PIB en 2005, a un 5,2% en 2015, la mitad. El peso del turismo sobre el PIB en España alcanza el 12,3% y por dar solo una cifra, solo en el mes de julio hemos visto caer un 75% el número de visitantes desde el exterior.
El impacto de estos dos torpedos en la línea de flotación ha sido además brutalmente desigual en nuestro territorio y la realidad social lo refleja. Andalucía, Extremadura, Castilla la Mancha, Murcia y Valencia a duras penas llegaban a los 10.000€ anuales de renta anual media por persona, un 14% por debajo de la media nacional. En el extremo opuesto las residencias de los otros dos pilares de nuestra economía: Madrid (capitalidad) y Euskadi y Cataluña (industria) con una renta anual media por encima de los 13.000€, un 14% por encima de la media nacional. Dramática asimetría que a buen seguro se ha profundizado con los efectos económicos de la pandemia.
No hay parches para esta situación, los pilares caídos no recuperarán su dimensión en el corto- medio plazo. Son pilares además de bajo valor añadido y tejido laboral fuertemente precarizado.
No hay por tanto otra salida viable para una España que pretenda poner su economía al nivel de los países industrializados de nuestro entorno que fortalecer los otros dos pilares de nuestra economía.
Y no bastará con invertir adecuadamente los 140.000 millones de euros de la Unión Europea en el desarrollo de nuevo tejido industrial de alto valor añadido vinculado a sectores tecnológicos y de la economía verde. Para evitar un muro de pobreza que seccione el país en dos mitades, sur y norte, se deberá redistribuir en el territorio el potencial económico de sus dos pilares productivos. España solo sobrevivirá como país si reequilibra su modelo productivo entre el norte y el sur.
En lo que respecta al pilar industrial será por tanto necesario invertir prioritariamente los recursos europeos en el sur-sureste de nuestro país, asumiendo que estas inversiones podrían ser más eficaces en el ya fértil tejido industrial del norte, pero que en este caso el sur requiere de esta discriminación positiva en materia de inversiones.
En lo tocante al efecto capitalidad es imprescindible empezar por reconocer su impacto benéfico en el crecimiento económico para asumir la necesidad de redistribuirlo en el territorio.
Ser capital y sobre todo acoger la industria del poder asociada a esta, que va desde empresas públicas a ministerios pasando por medios de comunicación y sedes de empresas con conexiones con el sector público/legislativo (finanzas, eléctricas, constructoras, concesionarias de servicios...es decir, el 90% del IBEX) es una fuente transcendental de riqueza.
En España tenemos múltiples ejemplos de esto.
Valladolid creció en los 15 años que pasaron entre 1980 y 1995, ya como capital de Castilla y León, un 5% más que la ciudad de la comunidad autónoma que en 1980 tenía un PIB similar, León. En el caso de Toledo, que es capital desde 1983 de Castilla la Mancha entre 1986 y 2012 su población se ha duplicado, el crecimiento mayor de todas las capitales provinciales de la región. Su PIB en 1996, 12 años más tarde de confirmarse su capitalidad, había crecido un 9,5% más que el de su inmediata seguidora, Ciudad Real.
El caso de Mérida, capital de Extremadura desde 1983 es aún más llamativo. Su población aumentó exponencialmente, creciendo un 24% entre 1981 y 1986. Cáceres, entre tanto, veía decrecer un 4% su población.
Y hablamos de capitales autonómicas, gobiernos que cuentan con una ínfima parte del presupuesto y de la capacidad legislativa, política y comunicativa de tracción que el gobierno central.
Para muestra un botón. En términos netos 150.000 empleos públicos estatales radican en Madrid, el 30% del total del Estado, el doble de lo que le correspondería por población y con un abultado sobrepeso de los puestos directivos. Según el Boletín del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, en la Comunidad de Madrid el 39% del empleo público depende de la administración estatal, más del doble de la media nacional, donde supone únicamente el 19% del total del empleo público.
Imaginen lo que suponen los recursos económicos que al calor de la capitalidad de Madrid atraen los negocios y las decenas de miles de salarios de las 19 de las 35 empresas que tienen sede allí - cerca del poder-, de los trabajadores y trabajadoras de 22 ministerios, las sedes de todos los partidos políticos estatales, toda la cúpula del poder judicial (Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y Audiencia Nacional), de los más de 1.500 trabajadores del Congreso, los 350 diputados, los 265 senadores....pero también de las direcciones operativas y políticas de Renfe, Adif, Loterías y Apuestas del Estado, Agencia EFE, la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que incluye a empresas de la dimensión de Tragsa o Mercasa, que gestiona 23 mercas en las principales ciudades de España), del Grupo Correos, Paradores Nacionales, ICEX, ICO, Consorcio de Compensación de Seguros, AENA, Enaire, RTVE, Sepes), CSIC, etc., y un largo etcétera de empresas públicas con capacidad de gestión y poder para dirigir y traccionar sectores de crucial importancia para la economía española como el propio Banco de España, la CNMV o la CNMC...
La capitalidad es un pilar evidente y crucial de la economía y en una economía que ha perdido dos de sus cuatro pilares y con la brutal desigualdad territorial de nuestro país no cabe pensar en la recuperación económica sin una adecuada distribución de este pilar económico. Para lograrlo es preciso apostar por la descentralización de la hiperconcentración de recursos públicos (y sus satélites privados) sitas en Madrid. Para hacerlo bastaría con seguir el ejemplo de Alemania o EEUU que tienen sus sedes financieras (Frankfurt y Nueva York), sus hubs aeroportuarios (Frankfurt y Atlanta) y sus centros de decisión legislativos desconcentrados (Berlin y Whashington). No es tan complicado, ¿por qué no puede residir Puertos del Estado en Algeciras?, ¿por qué el hub aeroportuario español no debería estar en Málaga?, ¿y por qué no las oficinas centrales de Navantia en Ferrol?, ¿y la sede de los poderes judiciales en Zaragoza? ¿y Salvamento Marítimo en Almería?, ¿la sede del Grupo Correos en Avilés?, ¿Tragsa en Lugo?, ¿el Senado en Barcelona y el Congreso en Santander?, ¿el CSIC en León?....
Se precisa la valentía para reconocer el problema, el coraje para abordarlo y la voluntad para acometer medidas de este calado. ¿pedimos demasiado?