Una calurosa tarde de primavera en Malta, una periodista se dirigió a su casa al terminar su jornada y al llegar se encontró con un funcionario judicial que esperaba con cientos de hojas de papel en la puerta de su casa. Los dos perros guardianes de su familia ladraban incontrolablemente a través de las rejas de la puerta, pero él estaba decidido. Las órdenes del tribunal eran claras: la periodista Daphne Caruana Galizia debía recibir a la vez las 19 demandas por difamación presentadas en su contra por un empresario adinerado y poderoso. Pocos meses después, estaba muerta. Había sido asesinada con un coche bomba activado a distancia.
Esta tribuna la firmamos un grupo de organizaciones de la sociedad civil que consideramos que este es el caso de SLAPP con el final más atroz que hemos visto hasta ahora en nuestro entorno europeo, agravado por el hecho de que los casos han continuado después de la muerte de Caruana Galizia contra su marido y sus tres hijos.
Una SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation, por sus siglas en inglés, y Demanda Estratégica contra la Participación Pública en castellano) es una forma de acoso legal diseñada para intimidar a las voces críticas para que guarden silencio. Bufetes de abogados caros y sin escrúpulos comercializan este servicio de “perros de presa” entre clientes poderosos y ricos que pueden permitirse prolongar los procedimientos abusivos durante años solo para protegerse del escrutinio público no deseado.
Este escrutinio es un elemento vital en las sociedades democráticas saludables. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos y otros tribunales nacionales y regionales, han reconocido sistemática y explícitamente en sus fallos el importante papel que desempeña una prensa libre y, en general, la sociedad civil para hacer que los poderosos rindan cuentas. Sus juicios reafirman la obligación que tienen los Estados de crear un entorno propicio para la libertad de expresión. Porque sin esto, la democracia se debilita y muere.
Los agujeros en nuestras leyes que permiten a los poderosos someter a quienes les critican a martillazos, son un agujero en la democracia europea. Casos de abuso salpican el continente. El segundo periódico más grande de Polonia, Gazeta Wyborcza, ha recibido más de 55 amenazas legales y demandas por parte de varios actores, incluido el partido gobernante de Polonia, desde 2015. El empresario francés Vincent Bolloré y las empresas afiliadas al Grupo Bolloré han saturado con demandas por difamación a periodistas y ONG para evitar que hablen de sus intereses comerciales en África. En España, el productor de carne Coren ha amenazado con una demanda de un millón de euros por daños a un activista medioambiental por criticar sus prácticas de gestión de residuos. También ha “advertido” previamente a activistas y científicos que estaban investigando los niveles de nitrato en sus aguas locales.
Las personas de las que dependemos para obtener información sobre lo que sucede a nuestro alrededor están siendo saturadas, limitadas o bloqueadas por completo para continuar con su trabajo debido a estos costosos ataques legales que consumen muchos recursos, energía y tiempo. La situación se está volviendo irreconocible. Cuando se trata de determinadas personas, gobiernos, empresas y temas, quienes deciden si se habla de ello o no, no son los escritores, cineastas o periodistas, ni siquiera los tribunales, ya que las SLAPP rara vez llegan a una audiencia, y mucho menos a un fallo judicial. Quienes quieren tener la última palabra son los oligarcas y sus contactos políticos, a través de los bufetes de abogados a los que pagan.
También hemos visto surgir un patrón preocupante en Europa, donde integrantes del gobierno de un país o empresas beneficiarias de grandes contratos públicos, adoptan las mismas tácticas de las personas famosas o los oligarcas para protegerse de la prensa y las críticas: las demandas judiciales. El hecho se agrava cuando las amenazas son internacionales, lo que aumenta los costes para los periodistas y activistas.
La conciencia de este problema está aumentando. La vicepresidenta de la Comisión Europea, VÄ›ra Jourová, ha prometido “examinar todas las opciones posibles” para contrarrestar la amenaza que representan las SLAPP para la democracia europea. Una solución prometedora radica en las instituciones de la Unión Europea, y podría ayudar a mejorar el equilibrio entre quienes usan las SLAPP y el derecho del público a estar informado sobre asuntos de interés público.
Las organizaciones firmantes consideramos que se debería adoptar una legislación a nivel de la UE para proteger a las personas en toda la Unión Europea de las SLAPP, algo que debería ser una prioridad. Al igual que en otras partes del mundo, deberían existir normas en toda la UE para permitir que las demandas de SLAPP sean desestimadas en una etapa temprana del procedimiento, sancionar a los litigantes de SLAPP por abusar de la ley y los tribunales, y proporcionar medidas para permitir que las víctimas defenderse.
Teniendo en cuenta la importancia para la democracia y la lucha contra la corrupción de los agentes de control público, como los periodistas de investigación, los activistas o las personas denunciantes, la ausencia de salvaguardas es una amenaza no solo para la libertad de prensa sino también para el buen funcionamiento de Europa.
La realidad es que por cada periodista o activista amenazado con métodos violentos en Europa, cien más son “silenciados” discretamente por cartas enviadas por bufetes de abogados, pervirtiendo leyes destinadas a proteger la reputación de los inocentes de los ataques de los poderosos. Los SLAPP es un método menos bárbaro que una bala en la cabeza o un coche bomba, pero su efecto silenciador es muchas veces igual de destructivo.
Organizaciones firmantes:
Access Info Europe
Amnesty International
ARTICLE 19
ANTICOR (France)
Blueprint for Free Speech
Centre for Free Expression (CFE) (Canada)
CEE Bankwatch Network
Chceme zdrav~ krajinu (³We want a healthy country´, Slovakia)
Citizens Network Watchdog Poland
Civil Liberties Union For Europe
Civil Rights Defenders (CRD)
Civil Society Europe
Clean Air Action Group (Hungary)
Committee to Protect Journalists
Common Weal
Corporate Europe Observatory
Defend Democracy
Earth League International
Environmental Paper Network (EPN)
ePaĔstwo Foundation
Eurocadres ± Council of European Professional and Managerial Staff
European Center For Not-For-Profit Law (ECNL)
European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF)
European Coalition for Corporate Justice (ECCJ)
European Environmental Bureau (EEB)
European Federation of Journalists (EFJ)
European Trade Union Confederation (ETUC)
FIDH (International Federation for Human Rights)
Forest Initiatives and Communities (Ukraine)
Forum Ökologie & Papier
Four Paws International
Free Press Unlimited (FPU)
Global Forum for Media Development (GFMD)
Global Justice Ecology Project
GMWatch
Government Accountability Project
Greenpeace España
Human Rights House Foundation (HRHF)
Human Rights Without Frontiers
IFEX
Index on Censorship
Institute for Sustainable Development Foundation
International Media Support
International Partnership for Human Rights (IPHR)
International Press Institute (IPI)
Iraqi Journalists Right Defence Association
Journalismfund.eu
Justice and Environment
Justice Pesticides
Maison des Lanceurs d'Alerte (France)
Mighty Earth
Milieudefensie - Friends of the Earth Netherlands
MultiWatch (Switzerland)
Netherlands Helsinki Committee
Nuclear Consulting Group (NCG)
OBC Transeuropa
OGM dangers
Oåivent (Czech Republic)
Piãtaljka (Serbia)
Polish Institute for Human Rights and Business
Protect
RECLAIM
Rettet den Regenwald (Rainforest Rescue)
Reporters Without Borders (RSF)
Sherpa
Sciences Citoyennes
Society for Threatened Peoples (STP) ( Switzerland)
SOLIDAR and SOLIDAR Foundation (European networks, based in Belgium) Speakout Speakup Ltd (United Kingdom)
Stefan Batory Foundation (Poland)
SumOfUs
The Daphne Caruana Galizia Foundation
The Good Lobby Italia
The International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT) The New Federalist
The Signals Network
Transnational Institute
Transparency International - Bulgaria
Transparency International EU
Transparency International Italy
Umweltinstitut Munchen
Vouliwatch
Whistleblower Netzwerk (WBN) (Germany)
Whistleblowing International Network
Women Engage for a Common Future - WECF International Xnet (Spain)
Young European Federalists (JEF Europe)