¿Están todas las víctimas siempre en nuestra memoria?
Ha anunciado Cristina Cifuentes la aprobación de un proyecto de Ley de Víctimas del Terrorismo. Lo ha hecho con una explicación encomiable: “Aprobamos el proyecto de Ley de Víctimas del Terrorismo, como garantía de que los madrileños no van a olvidar a los que perdieron la vida, resultaron heridos física o psicológicamente o vieron sacrificada su libertad como consecuencia del terrorismo en cualquiera de sus manifestaciones. Las víctimas siempre en nuestra memoria”.
Cifuentes ha demostrado en los últimos meses querer hacer del terrorismo un instrumento de confrontación partidista. En ningún momento se ha dirigido a los grupos de la oposición (al menos a Podemos) para construir juntos una ley como ésta y todo lo que ha hecho en los últimos meses ha sido organizar una campaña contra Manuela Carmena por el aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco y responder al atentado de Barcelona y Cambrils diciendo que Podemos es “ambiguo” con el terrorismo yihadista.
Es, pues, evidente que Cifuentes quiere utilizar el terrorismo para la propaganda partidista más ruin en un momento en el que se siente muy débil políticamente por el colapso de su gobierno. Si en ningún momento es decente colocar el dolor por el terrorismo como trinchera propagandística, en este momento histórico sería una irresponsabilidad para el futuro de Madrid y de España, que tiene la oportunidad de mostrarse cohesionado y unido no sólo contra los crímenes terroristas sino contra todas aquellas violaciones graves de derechos humanos en contextos de violencia de motivación política que mantienen en nuestro país y singularmente en Madrid heridas abiertas que todavía no hemos sabido afrontar. La fortaleza de las instituciones democráticas no puede ser adecuadamente medida por su capacidad de silenciar o dejar de lado algunos temas, especialmente aquellos que se refieren a derechos fundamentales, sino por su capacidad de gestionarlos efectivamente, aunque sean complejos e incómodos.
Dos son los elementos que hacen pensar que ahora podríamos por fin abandonar la utilización política de las víctimas y del dolor, y construir una cultura de los derechos humanos en favor de la paz y la convivencia, además de ser útiles ante hipotéticos crímenes futuros
En primer lugar, afortunadamente hay episodios de nuestra Historia que podemos asegurar que no se van a repetir en un horizonte histórico razonable. El golpe de Estado de 1936, los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista forman parte de un pasado que colectivamente todavía no hemos sabido cerrar, como muestra que todavía haya asesinados sin enterrar o que Patrimonio Nacional ceda el Valle de los Caídos para hacer apología de la dictadura.
Sin embargo, la Asamblea de Madrid en 2016 aprobó una Proposición No de Ley (apoyada por Podemos, PSOE y Ciudadanos) que nos mandataba a los partidos y al Gobierno a legislar para que la Comunidad de Madrid afronte esa época tal y como nos viene recomendando el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas: cimentando nuestro país sobre los principios de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición. Incluso para el Partido Popular podría resultar una liberación catártica ponerse por fin a construir una memoria colectiva que no debe ser de parte: a nadie se le ocurriría en Alemania que un acto sobre el Holocausto es partidismo porque la sociedad alemana y todos sus partidos está unida en el recuerdo a las víctimas del nazismo y en contra del régimen de Hitler; nadie diría que la memoria reabre heridas porque todos son conscientes de que sólo la memoria permite cerrarlas.
Sobre otros crímenes como los de determinadas organizaciones ultraderechistas, la violencia durante la Transición, los crímenes de los GRAPO y otras organizaciones terroristas y fundamentalmente de ETA, podemos estar hoy en una situación análoga dado que tales organizaciones dejaron hace años de suponer la amenaza criminal que fueron. Obviamente, muchas (no todas) de las víctimas de estos últimos crímenes han tenido el reconocimiento que merecían pero tenemos la oportunidad de renunciar al partidismo con el que algunos intentaron desvirtuar su memoria para hacer del conjunto de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, en distintos contextos, un cimiento de una sociedad cohesionada en la denuncia de los crímenes que ha sufrido.
En segundo lugar porque, pese a ello, el terrorismo sigue siendo una cruel amenaza como hemos visto en Cataluña este verano. La legislación actual llama a las administraciones autonómicas a regular cómo actuar en caso de un atentado terrorista: necesitamos protocolos de respuesta y atención a las víctimas para que nunca más tengamos que felicitar a nuestros servicios públicos por su buena gestión ante una situación no programada o, por ejemplo, para que no haya disputa en cuanto al tipo de homenajes que merecen las víctimas porque esté acordado legalmente. Madrid tiene la desgraciada experiencia del 11M y, dado el tipo de ataques del terrorismo yihadista que estamos viviendo, cabe pensar que una región fundamentalmente metropolitana como Madrid necesita extremar la prevención para evitar nuevos ataques y, en caso de producirse, tener protocolos claros para minimizar el efecto y optimizar la ayuda a las víctimas.
Madrid tiene muchas razones para protagonizar el primer gran paso hacia la unidad en defensa de los derechos humanos y de la cultura democrática y de la paz. Fuimos la ciudad que resistió al fascismo para admiración de todo el mundo, una región a la que la dictadura castigó severamente por ello, en la que se dieron luchas democráticas sin las cuales hoy no tendríamos los derechos de los que gozamos y que nos sirven de exigencia para mayores avances democráticos. También somos una Comunidad cuya Presidencia se ubica en el edificio de la DGS franquista, donde se detenía y torturaba a la oposición democrática sin que aún hayamos hecho común el recuerdo a las víctimas.
Somos también la Comunidad que sufrió crueles atentados terroristas, que prácticamente no dejan un barrio de la ciudad sin la memoria de un coche bomba. En nuestros trenes se dio la mayor masacre terrorista que ha sufrido Europa, con los 192 asesinados el 11 de marzo de 2004. Y somos una comunidad cuyo pueblo ha dado múltiples muestras de defensa de la paz y la solidaridad y que no merece ni que se use como instrumento de propaganda el terrorismo para atacar a quien se opone tanto como el que más a esos crímenes ni que haya quien busque excusas para no reconocer a las víctimas de la dictadura y condenar los crímenes de ésta.
Estamos ante un momento histórico que no merece el politiqueo más bajo sino que nos exige construir sobre valores democráticos un país cohesionado en defensa de la paz, de la democracia, de los derechos humanos y que, lejos de arrojarse las víctimas a la cara con fines mezquinos, las ponga en el centro del futuro como pilar moral de una sociedad democrática en vanguardia de la defensa de los derechos humanos.
