La negativa del gobierno de Rajoy a dialogar con el gobierno de Cataluña y negociar la posibilidad de que el pueblo catalán pueda expresarse sobre el futuro de Cataluña, ha tenido por respuesta de la Generalitat la convocatoria de una consulta unilateral, que pretenden sirva de base para proclamar en 48 horas la independencia de Cataluña. Esta decisión, lejos de encauzar los legítimos derechos del pueblo catalán, contribuye a potenciar —aún más— la confrontación interna y externa así como potenciar un nacionalismo español de nefasto recuerdo en nuestra historia.
En este sentido, si la intención del gobierno de Cataluña hubiera sido dar la posibilidad de que el pueblo catalán se expresara libre y democráticamente sobre su futuro, se hubiera planteado un proceso en el que se pudieran expresar, tanto en el debate como en la propia votación, todas las posiciones que existen en la actual sociedad catalana, desde la independentista, hasta el mantenimiento de la actual situación, pasando por la propuesta federal y/o la confederal. Pero el gobierno de la Generalitat no busca la libre y democrática expresión de la voluntad del pueblo catalán, sino realizar un plebiscito sobre su propuesta independentista y para ello plantea la cuestión, incluso en la papeleta de la consulta, como una confrontación entre mantener la actual situación o la independencia. Por tanto, la consideración consecuente es la de no participar en esta consulta, porque se esta excluyendo la posibilidad de que se exprese nuestra opción federalista, ya que votar NO en la consulta será respaldar la actual situación, y votar SÍ significaría apostar por una independencia que consideramos negativa para el pueblo catalán. Incluso la abstención no nos sirve, porque vendría a legitimar una consulta de la que ha sido excluida la propuesta federal que según todas las encuestas, tiene un alto respaldo en Cataluña.
Desde esta posición, considero que esta situación esta llevando no solo al pueblo catalán, sino al conjunto de pueblos que configuran el Estado, hacia un callejón sin salida, cuyas consecuencias sufrirán una vez más, la clase trabajadora y las capas populares tanto de Cataluña como del resto del Estado.
En unos momentos en los que se necesita unir esfuerzos para situar en la agenda política la cuestión social, para revertir las consecuencias de las políticas de reformas y recortes que han desarrollado los gobiernos de Rajoy y de Mas-Puigdemont, se puede encontrar con una crisis de Estado en torno a la cuestión de la identidad territorial que tape cualquier otra cuestión social y/o política.
En este sentido, no es casualidad que coincidan tanto el Gobierno central como el de la Generalitat en poner en primer plano la cuestión territorial por encima de la cuestión social, ya que así dividen a la clase obrera y tratan de hacer olvidar que solo las luchas sociales pueden cambiar el modelo económico y social que ha llevado al paro, la precariedad, los desahucios, la pérdida de derechos laborales, sociales y ciudadanos a millones de personas de todo el Estado.
Nada nuevo. Estamos hablando de la alianza de clase sobre la que se han sustentado los diferentes regímenes que han regido el Estado español durante los siglos XIX y XX y que entra en crisis en el siglo XXI, provocando una crisis de régimen, que en este momento todavía puede tener dos salidas: una en clave de ruptura del modelo territorial, en la que tras un momento de fuerte crisis de Estado, se recompongan las burguesías de cada territorio para llegar a un acuerdo de tipo confederal.
En este caso, la tensión independentista catalana es la mejor aliada de quienes quieren conseguir una salida antisocial y autoritaria de la crisis de régimen para consolidar un nuevo modelo institucional, con amplio apoyo social que esté basado en la ficticia salvación de la unidad de la patria, al estilo del consenso sobre el que se configuró la base social del régimen del 78 fue la fingida salvación de la democracia por el Jefe del Estado en un 23-F.
Por el contrario, plantear una salida en clave de que la mayoría social consiga la ruptura, no solamente de un modelo territorial en el que ya nadie cree, sino también del modelo económico, político y social, es la forma de conseguir que la crisis de régimen se resuelva a favor de la clase trabajadora y las capas populares, configurando un nuevo marco institucional más democrático, más igualitario y socialmente avanzado.
Esta es la cuestión que las burguesía nacionalista catalana y española intentan evitar: que la unidad de la mayoría social trabajadora del conjunto del Estado consiga acumular fuerzas en el sentido de una salida social, anticapitalista, democrática y feminista de la crisis. Por eso Esperanza Aguirre recoge en la Gran Vía firmas contra los malvados catalanes que quieren romper España y Puigdemont las recoge en la Plaza Sant Jaume contra los malvados españoles que roban a Cataluña
Querer tapar la realidad que sufren millones de personas en Cataluña, Andalucía, Madrid o cualquier otra zona del Estado con la confrontación entre el “España nos roba” y la llamada a la defensa de la “Unidad de la Patria” es una jugada de las burguesías de cada lugar en la que la izquierda no puede caer.
Romper esta trampa significa plantear una salida que sea nacional, en el sentido de que reconozca todos los derechos al pueblo catalán, empezando por el de poder celebrar un referéndum en el que defina su modelo territorial y, al mismo tiempo de clase, en el sentido que otorgue a la clase trabajadora derechos sociales, laborales y económicos que la burguesía catalana les niega.
La negativa a reconocer el derecho de autodeterminación del pueblo catalán, cuestión básica para superar las tensiones territoriales que se producen en un Estado que es plurinacional, multicultural y plurilingüístico, agrava la situación provocando cada vez más una sensación de agravio que viene a facilitar las campañas independentistas. Repetimos una vez más que en la práctica Rajoy y sus políticas autoritarias y recentralizadoras son el mejor aliado que pueden tener las fuerzas independentistas catalanas.
Por lo tanto, es urgente conseguir una mayoría social y política que permita rectificar la política de bloqueo y cerrazón centralizadora que permita abrir un proceso de negociación y diálogo para buscar la celebración de un referéndum en el que se pueda expresar libremente el pueblo catalán. En tal sentido planteamos la necesidad de que las fuerzas progresistas y de izquierdas de Cataluña, junto a las del resto del Estado, no contribuyamos ni por activa ni por pasiva a esta escalada de la tensión territorial que nos lleva a un callejón sin salida.
Desde la toma de posición y haciendo una reflexión sobre los debates que se están teniendo en torno a la consulta del 1 de octubre, es fundamental que pongamos en primer plano lo que considero fundamental, que no es otra cuestión que trabajar en el desarrollo de la propuesta que formulamos para el día 3 de octubre, cuando se cumplan las 48 horas que ha dado el gobierno de Cataluña para la aplicación del resultado de la consulta o para cuando intervenga el Gobierno Central provocando una crisis de Estado.
Por lo tanto, debemos emplear más tiempo en hablar del futuro que en discutir sobre si votamos o no votamos el día 1 de octubre, dedicar el tiempo a prepararnos para una situación de crisis institucional que, como decía, pueda ser aprovechada por las fuerzas del agotado régimen del 78, para cerrar la crisis que lleva años arrastrando y consolidar una nueva forma de expresión del bloque dominante, con formaciones políticas emergentes, nuevas caras y, sobre todo, que se legitime desde la salvación de la unidad de España, al igual que el 23 de Febrero legitimó al régimen del 78 en torno a la “salvación de la democracia”.
Para ello tenemos que trabajar sobre una propuesta que rompa el sándwich que nos atrapa, entre los nacionalismos catalán y españolista, donde referenciar a una amplia parte del pueblo de Cataluña que no se encuadra en ninguno de los dos bloques.
De esta manera, tanto si el gobierno central interviene antes del 1-O como si la intervención se produce después, tenemos que tener elaborada una propuesta para presentar al pueblo catalán, sobre la base de una puesta en común de las izquierdas de todo el Estado, que proponga los cambios legales necesarios para hacer posible que el pueblo catalán sea consultado en un marco de normalidad democrática, algo que es imposible con el gobierno de Rajoy.
Al mismo tiempo, nos ayudaría a solventar una cuestión fundamental ¿Qué hacemos hasta el día 1 de octubre?, en el sentido de empezar a defender la necesidad de reformas constitucionales que hagan posible el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado, aunque es evidente será muy difícil de hacer visible este debate antes del 1-O. Sí tendría posibilidad de aparecer con fuerza cuando se produzca la crisis de Estado, tanto si antes del 1 de octubre interviene el Gobierno central frenando la consulta, como si una vez producida esta se produce el choque entre Estado central y gobierno de la Generalitat.
Una propuesta que plantee la alianza de las fuerzas que defienden la necesidad de un nuevo marco jurídico que permita la celebración de una consulta al pueblo catalán, desde una interpretación inclusiva del actual marco jurídico, como en algún momento ha planteado la propia Generalitat, esta alianza de carácter Estatal podría tener mayoría en el Congreso e incluir a las fuerzas sociales y sindicales que tanto nos jugamos en los próximos meses.
Desde este análisis, lo que vengo a plantear es no estar callados, salirnos de la lógica que se nos puede pretender imponer y hacer campaña sobre la propuesta a desarrollar a partir del 3 de octubre para decirle a los pueblos del Estado que hay salidas, que no caigan en la trampa de la fractura social, todo ello sin centrarnos en la cuestión de la propia votación, sobre la que debemos manifestar nuestra posición sin hacer de ello el centro del debate.
Para ello, desde el reconocimiento de que España es una realidad plurinacional, multilingüística y pluricultural, es necesario que esa realidad se plasme en el marco institucional, mediante su reconocimiento constitucional, lo que solamente puede ser posible a través de un proceso constituyente en todo el Estado, en la forma que se quiera —que tampoco este tiene que ser el debate— un proceso que constitucionalice los derechos sociales, laborales y políticos, y que permita la expresión libre del pueblo catalán sobre la cuestión territorial.
Por todo ello, es necesario que quienes consideramos que esta es la mejor opción para el pueblo de Cataluña, seamos capaces de trabajar por abrir un espacio para la definición de una salida nacional y de clase para los problemas del pueblo catalán: desde la cooperación entre las clases populares de todo el Estado, problemas que no son sólo los territoriales sino fundamentalmente los sociales, laborales y económicos en los que el gobierno de la Generalitat no se ha diferenciado del Central y que necesitan una alternativa democrática y socialmente avanzada.
Desde esta posición es necesario que, tanto desde Cataluña como desde el resto del Estado, se haga un llamamiento a las fuerzas sociales y políticas que comparten esta propuesta y plantear formalmente la creación de un espacio plural en el que puedan coordinar esfuerzos quienes entendemos que es más fácil cambiar la Constitución del Estado español que alcanzar unilateralmente la independencia de Cataluña. Por muy difícil que sean ambas cuestiones, y por más que se pinte un mundo idílico, creer que a las 48 horas de celebrada la consulta el Estado español y la comunidad internacional van a reconocer a una Cataluña independiente, es más voluntarista que pensar en la posibilidad de que la acumulación de fuerzas pueda provocar abrir un debate del que salga una reforma de la Constitución del Estado Español que permita que el pueblo catalán sea consultado libre y democráticamente.
No mantenemos, por tanto, una posición equidistante en relación a las fuerzas políticas catalanas, sino que mostramos la posibilidad de un entendimiento con las fuerzas nacionalistas de izquierdas que se realice en torno a lo señalado en el Pacto por el Referéndum y que plantee al mismo nivel la cuestión nacional y la cuestión de clase, y que sitúe en primer plano la contradicción entre el capital y el trabajo.
Defender esta posición con antelación al 1 de octubre nos legitimará para ofrecer una puerta de salida a la situación de bloqueo que se produzca en las 48 horas siguientes a la consulta o una posición de defensa de la democracia, en el caso de que el gobierno de Rajoy trate de impedir por la fuerza la celebración de la consulta.