Aunque algunos se empeñen en cambiar la realidad, la historia del sistema de bicicleta pública de Madrid, BiciMAD, desde que me convertí en responsable del Área de Medio Ambiente y Movilidad del actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, es la crónica del rescate necesario, ineludible y urgente. Ha sido la solución para un servicio de movilidad que se había revelado de máxima utilidad para la ciudadanía que, por arte de la pésima gestión del gobierno municipal del PP, se había convertido en una pesadilla para los madrileños, en un auténtico quebradero de cabeza para el Ayuntamiento y en un pozo sin fondo desde el punto de vista económico-financiero.
La historia del servicio de bicicleta pública de Madrid comienza en 2009, momento en que el Partido Popular gobernaba el Ayuntamiento, con Alberto Ruiz Gallardón de alcalde. En ese año, el Consistorio encarga a la Empresa Municipal de Transportes (EMT) la realización de un estudio de viabilidad para la implantación de un sistema de bicicleta pública en Madrid. El 30 de diciembre de ese año salió a licitación, bajo el nombre MyBici, un sistema esencialmente idéntico a biciMAD: 1.600 bicicletas con 120 estaciones. El contrato salió por 51,4 millones de euros e iba a tener una duración de 10 años. Lamentablemente, en mayo de 2010 el PP se dio cuenta de que no había hecho bien las cuentas y de que con la enorme deuda municipal que provocaron no había dinero para MyBici.
Cuatro años más tarde, en 2013, el mismo PP, ahora con Ana Botella a la cabeza, vuelve a licitar un sistema de bicicleta pública para Madrid: 1.580 bicicletas y 120 estaciones. Todo era similar a 2009 excepto un par de detalles: el precio y las condiciones del contrato. El PP lanza la licitación por 27,6 millones de euros, alarga la duración del contrato a 12 años e incluye un servicio adicional (la gestión de las vallas móviles de la ciudad). Es decir, el Partido Popular decide que el servicio de bicicleta pública puede costar tres veces menos al año que en 2009 y, todo esto, sin ningún estudio ni informe que lo respaldara.
Dado que el contrato nacía muy infradotado presupuestariamente, solo concurrieron al concurso dos empresas (ninguna de ellas conocida en este sector). En una pirueta administrativa, el Ayuntamiento del PP adjudica el contrato a Bonopark, una pequeña empresa navarra sin apenas experiencia, por apenas 20 millones de euros (un 28% menos que el precio de salida y un 65% menos del precio previsto en 2009), y, además, incluye una importante (¡y costosa!) novedad: bicicletas eléctricas mucho más caras que las convencionales.
Los problemas no tardan en aparecer; el PP había adjudicado una concesión financieramente insostenible desde el minuto cero. Bonopark empieza a sufrir problemas económicos que repercuten en una caída en picado de la calidad del servicio de BiciMAD; Ana Botella, lejos de recular, ante la cercanía de las elecciones de mayo, decide ampliar un 25% el sistema, este fue, sin duda, el tiro de gracia. El mal servicio deriva en cada vez menos viajes y en un aumento exponencial de quejas por parte de los usuarios y, por ende, cerrando el círculo vicioso, se ahonda el agujero de la concesionaria que decide, en 2015 exigir al Ayuntamiento (ya gobernado por Ahora Madrid) el reequilibrio de la concesión, es decir, que el Consistorio inyectara más dinero (casi 9 millones de euros) en el servicio.
Los estudios previos y el hecho de que el PP había blindado a Bonopark concediéndole en el contrato la patente exclusiva sobre el sistema de anclajes de las bicis, no permitieron al Ayuntamiento adoptar ninguna solución unilateral (como el secuestro o el recate de la concesión). Para el Gobierno de Ahora Madrid era esencial buscar una vía que no supusiera la interrupción del servicio durante meses y esta fue la cesión de contrato entre empresas (procedimiento, por otra parte, muy habitual en la administración pública), en este caso, entre Bonopark y EMT, porque creemos que dialogando es como se resuelven los problemas.
Los mismos irresponsables que llevaron a cabo tan desastrosa gestión son los que ahora se atreven a cuestionar política y judicialmente una decisión que ha salvado el servicio, que ha asegurado una gestión adecuada y que ha creado valor público. Gracias a esta solución, el servicio público de bicicletas de la Ciudad de Madrid está en condiciones de afrontar retos de futuro como la consolidación de la bicicleta como modo de movilidad sostenible y la ampliación a los distritos exteriores a la M-30.
No había solución de manual y estamos muy orgullosos de haber superado todas las dificultades, todas las pruebas internas y externas para llegar a un servicio que ha pasado a ser uno de los más valorados de este Ayuntamiento.
Hemos hecho de la dificultad una oportunidad para la ciudad y su movilidad y, sobre todo, lo hemos hecho demostrando que la capacidad de lo público está muy por encima de lo que a muchos les gustaría. El interés y el servicio público es lo que vamos a seguir defendiendo frente al “todo vale” de los malos políticos. Porque los madrileños y madrileñas se lo merecen.