Queda por saber que ocurrirá con los casi 400 abortos que se practican al año en España por malformaciones severas del feto. Es posible aventurar que las parejas que se encuentren con ese gravísimo problema y tengan dinero decidan ir a abortar al extranjero, las que no lo tengan aborten en precario, ilegalmente y con riesgo añadido, en España y otras mujeres acabarán dando a luz a criaturas de las que ya prácticamente no nacen en nuestro país, con lesiones graves e incurables. Criaturas que tendrán escasa esperanza de vida y muy baja calidad de vida, como sabemos por experiencia de los tiempos en los que en España el aborto era delito. Eso lo quiere ahora el Gobierno del PP.
La ciclogénesis, nada perfecta, que puede provocar la confluencia en el tiempo de una ley que recorta de un hachazo la libertad de la mujer para decidir por ella y sobre ella, y la supresión de hecho de la ley de Dependencia, tendrá consecuencias devastadoras.
Al PP esto le importa un rábano, no porque quiera hacer un guiño a los sectores más ultras, como se repite erróneamente y por contagio, es que ellos son los sectores más ultras. No deja de resultar significativo que el anuncio de que la ley iría al Consejo de ministros lo haya hecho el ministro del Interior y hace tiempo sabemos que Gallardón tiene de progresista lo que Le Pen de izquierdista. Le Pen es el primer político del resto de Europa que ha salido corriendo a defender la regresiva ley del aborto en España. Bien para la marca ídem.
Por si no tuviera otras virtudes para la derecha, la ley sirve para intentar distraer al personal y sacarle del registro de la sede del PP, la financiación ilegal, la contabilidad paralela, la corrupción sin cuento, las mentiras de Rajoy o la incompetencia manifiesta para decirles a los españoles qué pasa con el precio de la luz.
No pasará nada. Ya ha dicho el Gran Timonel que aunque jueguen mal, ganan. Ya dicen sus mariachis: critica, critica, la mayoría absoluta no se quita.