En un país normal la exclusiva que hoy publica elDiario.es no pasaría de ocupar un pequeño espacio, poco destacado, en cualquier medio de comunicación. Sería así porque todo el mundo conocería ya la historia de negociaciones y cesiones a ETA que realizó el gobierno del Partido Popular en 1998 y 1999, apenas un año después del asesinato de Miguel Ángel Blanco y solo unos meses después de otros crímenes igual de execrables. Sería así porque ni los periodistas ni los ciudadanos ni los propios políticos habrían tolerado que se falsificara lo ocurrido durante un periodo tan importante de nuestra democracia. Sería así porque, en aquellos años, Aznar y el resto de dirigentes del PP ocultaron algunos hechos, pero no engañaron a nadie y fueron presumiendo públicamente de la excarcelación de etarras, del acercamiento de presos a cárceles próximas al País Vasco o de lo abiertos que estaban a negociar con ETA y con la izquierda abertzale de lo que hiciera falta, incluso el estatus político de Navarra. Sería así porque nadie habría olvidado a aquel PP que, en lugar de banda terrorista, llamaba a ETA “Movimiento Vasco de Liberación”; a aquel PP que repetía una y otra vez las palabras “generosidad” y “perdón”; a aquel PP que defendía la legitimidad, incluso, de luchar por la independencia de Euskadi mientras se hiciera desde las instituciones democráticas. Sería así porque a quienes participaron de aquella estrategia, como lo hicieron Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y otros dirigentes actuales de Vox y del PP, como el ventrílocuo de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, no se les habría pasado por la cabeza utilizar en esta campaña electoral, de forma retorcida y vergonzosa, la sombra de una ETA desarmada y disuelta hace más de diez años.
Este lugar en el que vivimos, sin embargo, no es ese país normal. Por eso hoy pueden acusar de “filoetarra” al gobierno progresista los mismos políticos que ordenaban o aplaudían la concesión de beneficios penitenciarios a presos de ETA, los mismos periodistas que jaleaban la “valentía” del gobierno del PP por negociar cara a cara con la banda y las mismas víctimas del terrorismo que guardaron silencio ante las cesiones al “Movimiento Vasco de liberación” cuando la tierra que cubría los ataúdes de sus seres queridos aún estaba fresca. Y esa es la razón por la que cobra especial importancia la publicación de esta acta.
Herri Batasuna pide y el gobierno del PP cumple
A pesar de tratarse de la primera reunión entre el gobierno y HB, el acta demuestra ya la voluntad que tenía el PP para satisfacer las exigencias de sus interlocutores. La pretensión inicial de los enviados de Aznar de “acreditar el fin de la violencia de ETA” quedó inmediatamente descartada ante las objeciones de sus interlocutores que les invitaron a hablar de ese tema, directamente, con representantes de la banda. En las apenas tres horas que duró el encuentro, el gobierno del PP aclaró que no estaba allí para “tomas de temperatura” sino para crear “espacios de comunicación leales y concretos” y reconoció el “nuevo espacio político” que se había abierto en Euskadi con la tregua de ETA y la firma del Pacto de Lizarra, suscrito por todas las fuerzas políticas, sindicales y sociales del nacionalismo vasco. Un nuevo espacio que a los representantes de Aznar les permitió comprometerse con Arnaldo Otegi y los otros portavoces de Herri Batasuna a abordar con ellos la situación política y las posibles claves de resolución del “conflicto” como paso previo a una “negociación política”.
Aún más llamativo es comprobar cómo el gobierno del PP se apresuró a cumplir las dos peticiones que Herri Batasuna le formuló durante la reunión: legitimar el papel que debía jugar HB en el proceso de paz y adoptar alguna medida penitenciaria que beneficiara a presos de ETA. Solo siete días después de la reunión, el mismísimo Aznar compareció ante los periodistas para anunciar que HB debía ser uno de los actores en el nuevo escenario: “El cese definitivo de la violencia no es un objetivo partidista, ni un dictado humillante, ni la contrapartida de un precio político. Es la piedra angular sobre la que asentar el proceso de normalización, que corresponde a las instituciones y A TODAS LAS FUERZAS POLÍTICAS VASCAS, SIN EXCEPCIÓN”. Paralelamente, el gobierno del PP aceleró el proceso de acercamiento de presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco. Un paso que filtró a medios de comunicación como El Mundo. El mismo diario también publicó, poco después, otro dato relevante que le trasladó el gobierno: Ningún etarra había sido detenido en los últimos siete meses. Finalmente, apenas 30 días después de la reunión, el 12 de enero de 1999, el líder del PP dio oficialidad al gesto que le había pedido Herri Batasuna; lo hizo en una rueda de prensa que ofreció en el Palacio de la Moncloa: “Ya no hay ni un solo preso de ETA fuera de la Península. Todos han sido trasladados, todos”.
Cuatro meses después, el mismo trío representante del gobierno del PP se reunió en Zúrich con los dirigentes de ETA Belén González Peñalva y Mikel Antza. De aquel encuentro también se levantó un acta que conocimos en su día y que puede resumirse en el mensaje que Javier Zarzalejos, jefe de gabinete de Aznar, dejó sobre la mesa: “No venimos a la derrota de ETA”.
El antes y el después
Aunque ya dediqué un amplio hilo de Twitter en el que se ve y se escucha a los propios líderes del PP explicando sus cesiones a ETA y un artículo en el que desglosé todos los hechos, no puedo terminar este texto sin recordar algunos de los acontecimientos más importantes que sirven para contextualizar los datos que nos aporta el acta.
– Inmediatamente después del asesinato de Miguel Ángel Blanco, 13 de julio de 1997, comienzan los rumores de que ETA podría declarar una tregua y el gobierno del PP empieza a hacer gestos y a lanzar mensajes a la banda.
– 28 de noviembre de 1997. Miguel Ángel Rodríguez, portavoz del Gobierno y hoy asesor principal de Ayuso, afirma que en el problema del terrorismo etarra “no debe haber ni vencedores ni vencidos”.
– Desde diciembre de 1997 hasta la declaración de tregua en septiembre de 1998, ETA asesina a siete personas (5 concejales, la esposa de uno de ellos y 1 guardia civil). Entre crimen y crimen el líder del PP afirma que está dispuesto a ser “generoso” y “comprensivo” con los miembros de la banda si deciden abandonar la violencia.
– Durante la tregua, desde septiembre de 1998 hasta noviembre de 1999 el gobierno del PP:
- Excarceló a decenas de terroristas, entre ellos a Iñaki Bilbao, que aprovechó su libertad para asesinar a un concejal socialista.
- Acercó a más de 120 presos de ETA a cárceles próximas a Euskadi y permitió el regreso de más de 300 miembros de la banda que permanecían huidos en el extranjero.
- Se mostró dispuesto a hablar del estatus político de Navarra y legitimó la lucha por la independencia de Euskadi siempre y cuando se hiciera sin violencia.
- Negoció cara a cara con Herri Batasuna y con una delegación de ETA.
– Desde la ruptura de la tregua hasta marzo de 2000 el gobierno del PP siguió dejando la puerta abierta a negociar con ETA. Y lo siguió haciendo, a través de declaraciones de Aznar y otros miembros de su partido, incluso después de que la banda cometiera nuevos asesinatos: “El Gobierno está dispuesto a dialogar en la medida que ETA no mate” (Jaime Mayor Oreja, ministro del Interior. 23 de enero de 2000, dos días después del asesinato del teniente coronel Blanco).
Quienes hoy le gritan al presidente del Gobierno “que te vote Txapote” son los mismos que participaron y/o aplaudieron aquel proceso de negociación con ETA que llevó aparejada un sinfín de cesiones y de gestos hacia la banda terrorista. Alberto Núñez Feijóo crecía políticamente en el PP gallego a la vez que ocupaba un cargo intermedio en el gobierno de José María Aznar. Santiago Abascal se presentó a las elecciones municipales de 1999 y accedió a su primer cargo público en plena tregua, en las listas de aquel PP que excarcelaba etarras y llamaba a la banda Movimiento Vasco de Liberación. Marimar Blanco y otras víctimas de ETA no solo guardaron silencio, sino que acabaron haciendo carrera políticas en las filas de aquel mismo Partido Popular.
En un país normal un artículo de opinión como este sería completamente innecesario. Un país normal, al menos en materia de lucha contra el terrorismo, fue aquella España en la que el gobierno del PP negoció con ETA para intentar acabar con la violencia y contó con el silencio comprensivo de las víctimas y el apoyo de la oposición y de todos los medios de comunicación. Fue aquella España que entre 1977 y 2004 luchó contra ETA, no la utilizó como arma política contra el adversario y no paró de pedirle a su entorno que repudiara la violencia y defendiera sus ideas en las instituciones democráticas. Aquella España dejó de ser normal cuando fue el PSOE de Zapatero el que intentó seguir, mucho más cautelosamente, los pasos de Aznar. Quienes más comprensivos y generosos fueron con ETA trataron de borrar su pasado y se dedicaron a torpedear el proceso de paz. Sabían que si aquel intento fracasaba volvería a haber asesinatos, coches bomba, dolor y sangre. Lo sabían y aún así siguieron con aquella estrategia porque pensaban, acertadamente, que les daba un buen puñado de votos; porque no soportaban la idea de no ser ellos los que pasaran a la Historia como el partido que acabó con ETA.
Hoy, doce años después de que ETA desapareciera, el PP y Vox necesitan resucitar a la banda terrorista para no tener que hablar de la situación económica o de lo que planean hacer con los servicios públicos y los derechos individuales de los españoles y las españolas. Necesitan a ETA porque, tal y como le confesó la líder del PP vasco a su compañero de partido, el exministro García Margallo: “Desde que no nos matan, no tenemos proyecto”.
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