La actitud correcta
Máxim Huerta se tenía que ir y se ha ido. Así ha cambiado el cuento. Llevábamos razón los que afirmábamos que no podía continuar lastrando el gobierno de Sánchez y la lleva él cuando dice que en la situación de confusión en la que estamos las explicaciones no tienen cabida o no importan. La realidad es poliédrica y sólo los simples piensan que no tiene sino una dimensión. La realidad es poliédrica pero existe y son los que nos han mostrado cómo aferrarse al poder sin importarles nada, los más empeñados en la ceremonia del totum revolutum.
Huerta tenía que irse porque no tenía ningún sentido que su figura sirviera para empañar todo un proyecto, él mismo lo ha dicho así, y también porque no podía convertirse en el flanco descubierto sobre el que se hiciera diana en todo ataque justo o injusto de la oposición. De manera que su dimisión rápida se convierte ahora en una fortaleza del gobierno socialista y no en una debilidad a explotar en cualquier debate parlamentario o televisivo.
De acuerdo. Esa es la actitud correcta.
Ahora bien, a mí no me gusta la brocha gorda. No me gusta el ruido. Así que entiendo que si justicia es dar a cada uno lo suyo es importante saber qué es lo de cada uno y en qué se parece y se diferencia de lo de los demás. En las escasas 24 horas que ha durado este mini escándalo he oído frases, he leído tuits y he visto rótulos en programas televisivos en los que se decía rotundamente que Huerta había sido condenado por fraude fiscal y, las cosas como son, no lo ha sido.
El ya ex ministro de Cultura se pasó de listo metiéndole gastos indebidos a una sociedad mercantil, algunos palmariamente escandalosos como la casa de vacaciones, y Hacienda le multó por ello. Como no estaba conforme con la multa fue él quien interpuso un recurso contencioso-administrativo contra Hacienda para argumentar a su favor y que se la quitaran. Lo perdió. No le dieron la razón. De eso van las sentencias contenciosas, que no condenan sino que desestiman las pretensiones del recurrente.
En el caso de Huerta, las cantidades que Hacienda consideró indebidamente desgravadas no alcanzaban los 120.000€ anuales, así que nunca hubo una acción penal. La infracción considerada leve, de índole administrativa, podía además discutirse y así lo hizo, supongo que por indicación de sus asesores legales. No se trata pues de que se inventara una sociedad instrumental, sin actividad o pantalla, para defraudar a Hacienda como hemos visto en múltiples casos de corrupción o robo de lo público últimamente.
Lleva razón también cuando dice que había diferencia de criterios. Hechos. Aquí va la prueba. El que sea quizá el más prestigioso abogado laboralista de este país, Sagardoy, hizo lo mismo con cantidades mucho más elevadas. En la sentencia 139/2015 del Juzgado de lo Penal 27 de Madrid, la magistrada afirma: “En las sociedades profesionales de prestación de servicios, la realización de una actividad eficiente y valiosa en el mercado no precisa de medios materiales o humanos cuantitativamente abundantes -ni la legislación mercantil ni fiscal lo exige- siendo la capacitación profesional de la persona que la integra lo verdaderamente relevante”. De manera que la Justicia también ha considerado que tales sociedades, sin empleados y sin oficinas, son perfectamente lícitas. De hecho existen y Hacienda las conoce, ya que como dice la misma sentencia: “los pagos a esas sociedades nunca fueron ocultados a la Hacienda Pública ya que fueron facturados, contabilizados y objeto de declaración fiscal a través del IVA, Impuesto de Sociedades y las declaraciones de terceros”. Sagardoy fue absuelto.
Así que sí, Huerta se pasó de listo metiéndole a su sociedad la casa de la playa y otra cosas no relacionadas con la actividad pero de ahí a embarrar el campo diciendo que ha sido condenado por fraude fiscal y que hizo mal en constituirla va un abismo. Cualquier comparación de esta infracción fiscal tan lejana en el tiempo y los casos de delito fiscal e ingeniería financiera que hemos visto en las tramas corruptas es pura broma. En derecho tributario existe la economía de opción, es decir, que de los medios legales existentes puedes elegir el que te resulte más favorable. Màxim Huerta metió la quinta y se pasó de velocidad en los gastos pero pagó y desistió de la actitud. Hasta ahí sólo puedo darle la razón y eso que era uno de mis ministros dudosos, como reflejé en la columna del otro día.
Acepto, no obstante, que el límite ético y moral se ponga muy alto. Altísimo. Eso sí que se ponga para todos. Sánchez ya ha dado ejemplo con su gobierno. Otros no han dimitido ni estando imputados y hasta procesados por delitos. Perfecto. Exigencia máxima. Lo entiendo. Incluso sigo insistiendo en que el ministro del Interior instruyó los seis procedimientos por los que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por no haber siquiera investigado los malos tratos y las torturas. El actual jefe de los policías hizo la vista gorda respecto a posibles delitos cometidos por éstos y no investigó las denuncias de los ciudadanos que tenía a su cargo como juez instructor. Eso también rechina en mi límite ético y moral pero dudo mucho que la derecha vaya a echarse sobre Sánchez por eso.
Huerta debería habérselo contado al presidente porque era una mancha evidente en su expediente. Como comunicador y periodista debería de haberse dado cuenta de que saldría a la luz y de que en la actual tesitura constituiría un grave problema. A cualquiera al que llamen para un puesto o para una lista electoral debería sincerarse. Cualquier tropiezo o incoherencia vital puede ser utilizado en la vida política como ariete. Espero que el próximo que reciba la llamada lo haga. A un político se le exige más que a un presentador de televisión o que a cualquier otro ciudadano y eso debe quedar claro.
Ahora a mantener alto el listón que, como queda dicho, se ha situado en la infracción administrativa leve cometida una década antes.
Así son las cosas ahora y eso que nos alegramos. Esa es la actitud correcta.
